Las claves
El Ayuntamiento de Carboneras ha declarado nula la licencia de obras del hotel El Algarrobico, lo que abre la puerta a su posible demolición tras más de veinte años de disputas legales.
Esta decisión se tomó en un pleno extraordinario, cumpliendo así la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
Se prevé que la promotora Azata del Sol presente un recurso contra esta resolución, lo que podría prolongar el litigio judicial durante varios años adicionales.
Ubicado dentro del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, el hotel se ha transformado en un emblema del urbanismo ilegal en España.
El Ayuntamiento de Carboneras (Almería) ha aprobado recientemente en sesión extraordinaria la anulación de la licencia de obras del hotel El Algarrobico, abriendo así la opción de que finalmente sea demolido, tras un complejo entramado político y judicial que se extiende por más de veinte años.
Esta es la segunda vez que el pleno se reúne para deliberar sobre la revisión del permiso concedido en enero de 2003 a la promotora Azata del Sol, en pleno Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, lo que llevará a la revocación del permiso municipal.
Se considera seguro que la promotora apelará esta resolución del pleno ante la justicia, iniciando el proceso en el juzgado de lo Contencioso-Administrativo y, posteriormente, siendo revisado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
El alcalde de Carboneras, Salvador Hernández, ha defendido que el Ayuntamiento está cumpliendo el mandato del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que originó la convocatoria del pleno municipal relacionado con el caso del hotel El Algarrobico.
La sesión, que duró aproximadamente una hora, aprobó la resolución con ocho votos a favor emitidos por el alcalde, del partido Ciudadanos, cuatro concejales del PP que forman parte del equipo de gobierno local, dos concejales sancionados del PSOE y otro concejal no adscrito, también vinculado a los socialistas.
En contraste, se ausentaron del Pleno el edil no adscrito Felipe Cayuela, el anterior portavoz del PSOE, José Luis Amérigo, los concejales socialistas sancionados Francisco Capel y Vanesa Fuentes, así como la exedil del PP Ángeles Carrillo.
Expectativas ilegales
Durante el pleno, Hernández afirmó que con esta resolución el Consistorio actúa conforme a la ley, señalando además al PSOE y a la familia del portavoz municipal como los responsables de haber otorgado la licencia urbanística en 2003.
Asimismo, indicó que el principal afectado por este extenso proceso ha sido este pequeño municipio almeriense, con poco más de 8,000 habitantes, donde, según sus palabras, se crearon «unas expectativas ilegales» que condicionaron el desarrollo local durante más de veinte años.
El pleno extraordinario y exclusivo tuvo lugar tras la orden del TSJA de concluir este procedimiento, luego de que el 17 de junio la mayoría del cuerpo municipal, con dos concejales no adscritos y cinco del PSOE, decidiera posponer la toma de decisiones hasta obtener informes adicionales sobre las consecuencias económicas y patrimoniales de la medida.
Cuatro de ellos se opusieron firmemente y abandonaron la sesión para evitar votar el punto que estaba programado en el orden del día.
En su discurso, el primer edil lanzó un mensaje tranquilizador respecto a posibles responsabilidades patrimoniales, destacando que el Tribunal Supremo ya resolvió que no existía obligación de indemnización, aunque advirtió que la mercantil continúa realizando reclamaciones económicas tanto contra la Junta como contra el Ayuntamiento de Carboneras.
«En ningún momento hemos intentado frenar o entorpecer las decisiones judiciales. Carboneras siempre ha respetado las resoluciones de los tribunales», declaró con emoción visible el alcalde.
El proceso puede extenderse cinco años más
A pesar de que Carboneras ha decidido anular la licencia para la construcción del hotel, el proceso judicial continúa, sin conocerse todavía su desenlace.
José Ignacio Domínguez, abogado de Ecologistas en Acción, Greenpeace y Salvemos Mojácar, aseguró hace pocos días que el procedimiento puede prolongarse cinco años adicionales, explicando que lo más ágil hubiera sido que el TSJA revocara la licencia, dejando a la promotora únicamente la posibilidad de recurrir ante el Tribunal Supremo, recurso que difícilmente habría sido admitido.
Han transcurrido más de 23 años desde que el Ayuntamiento otorgó la licencia de obras para este hotel, ubicado a solo 14 metros de la playa, y casi dos décadas desde que un juzgado ordenó detener unas obras que ya estaban ejecutadas en un 95%.
A pesar de ello, este imponente edificio de 21 plantas y 411 habitaciones permanece en pie, consolidándose como uno de los símbolos más notorios del urbanismo ilegal en España.