La Fiscalía calificó el proyecto FV Tagus, ubicado en Cáceres, como «claramente contrario a la normativa», y dentro del mismo procedimiento se investiga a un alto cargo de Transición Ecológica detenido por supuestos sobornos vinculados a Forestalia.
Olga García García, quien fue consejera de Transición Ecológica en el Ejecutivo extremeño de Guillermo Fernández Vara (PSOE) y actualmente preside la empresa pública Enresa, dependiente de la SEPI (Sociedad Española de Participaciones Industriales), ha sido citada a declarar como imputada el próximo 7 de octubre en un juzgado de Madrid. La causa investiga un presunto trato preferencial público a Iberdrola para la instalación de un parque fotovoltaico en Alcántara (Cáceres) en 2024, que recibió un financiamiento de 22 millones de euros procedentes de fondos europeos Feder.
Dentro de este mismo procedimiento ya han prestado declaración como imputados la actual directora de Evaluación de Calidad Ambiental del Ministerio de Transición Ecológica, Marta Gómez Palenque, junto a su subordinado jubilado, Eugenio Domínguez, quien fue detenido el pasado 3 de marzo por supuestamente recibir cinco millones de euros en sobornos a cambio de aprobar proyectos medioambientales de Forestalia.
García, al frente de Enresa, ha sido imputada ahora junto a varios ex subordinados debido a su participación en la tramitación del megaproyecto conocido como FV Tagus, denunciado por la asociación protectora del territorio Fondenex, representada legalmente por la abogada Dorinda Aventín.
La Fiscalía calificó la aprobación ambiental del proyecto, elaborada por Domínguez y suscrita por Gómez Palenque, como una «resolución manifiestamente contraria a la normativa nacional y europea de protección ambiental», indicando que esta decisión se apartó de manera grave de los objetivos de conservación de hábitats y espacios protegidos, favoreciendo arbitrariamente los intereses del promotor.
La instalación se levantó en una zona resguardada por la Red Natura 2000, habitada por especies como el buitre negro, el águila imperial y el lince ibérico, tal y como confirmó la Fiscalía de Medio Ambiente de Madrid. Sin embargo, en las declaraciones de Palenque y Domínguez, ningún representante fiscal asistió al juzgado de Instrucción 41 de Madrid, donde el juez Juan Carlos Peinado, reconocido por haber investigado a Begoña Gómez, dirige la causa.
En un principio, la Fiscalía aseguró con firmeza la existencia de irregularidades evidentes, aunque ahora sostiene que los plazos para la investigación podrían estar prescritos. No obstante, el juez Peinado mantiene una postura contraria, por lo que será la Audiencia Provincial de Madrid quien decida en breve la continuidad del proceso.
Los hechos se remontan al 23 de enero de 2023, cuando Domínguez aprobó el informe favorable de la Declaración de Impacto Ambiental para la planta proyectada en Alcántara (Cáceres), que cuenta con una capacidad de 380 megavatios y es promovida por Iberdrola. Durante la construcción, responsables de la Consejería correspondiente, incluida García, visitaron y respaldaron las obras.
Además de Olga García, prestarán declaración como investigados Jesús Moreno Pérez, director general de Sostenibilidad de la Junta de Extremadura en el gobierno de Vara, y Ángel Sánchez García, coordinador de Desarrollo Sostenible y Cambio Climático en la Dirección General de Sostenibilidad de la Junta.
Domínguez fue detenido pocos días después de testificar ante Peinado por la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente de la Guardia Civil (UCOMA), acusado de supuestamente haber permitido a cambio de cinco millones de euros otro gran proyecto de energías renovables: el denominado Clúster del Maestrazgo, iniciativa en la que la empresa aragonesa Forestalia pretende instalar cerca de 200 aerogeneradores de más de 150 metros en una zona protegida por la Red Natura 2000 en Teruel.
El proyecto resultaba altamente perjudicial para el medio ambiente según diferentes indicadores, motivo por el que Teruel Existe y la ONG Paisajes de Teruel presentaron denuncias. El juez de Instrucción 1 de la ciudad encomendó a UCOMA la investigación, durante la cual se descubrió que varias sociedades de Forestalia habían pagado cuantiosas sumas a otras entidades sin valor aparente y vinculadas a Domínguez, con la colaboración de un notario madrileño que autorizó estas operaciones societarias y las mantuvo ocultas en una caja fuerte.
Las pesquisas de UCOMA y de la propia UCO, que vinculan a Forestalia con el entorno presuntamente corrupto del ex número dos del PSOE, Santos Cerdán, a través del empresario Antxon Alonso y del ex presidente de SEPI Vicente Fernández, arrojan una sombra densa sobre los proyectos de Forestalia en Aragón. Actualmente, surgen nuevas incógnitas en Extremadura, región que, al igual que Aragón, experimentó una fuerte expansión de parques eólicos y fotovoltaicos desde la llegada del Gobierno del PSOE.