Las imputaciones se producen después de que en los informes se acumulen indicios contra la directora de la Guardia Civil y su mano derecha, los cuales fueron ratificados por testigos ante el juez Pedraz.
La imputación de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, junto a su mano derecha en el cuerpo, el director adjunto operativo (DAO) Manuel Llamas, surge tras acumularse evidencias que los relacionan con las maniobras de la fontanera Leire Díez para obstaculizar las investigaciones que afectaban negativamente al PSOE y al presidente del Gobierno.
LAS REUNIONES. La directora tuvo que reconocer finalmente que sostuvo al menos dos encuentros con Leire Díez, además de intercambios telefónicos. Esto ocurrió solo después de que el material incautado por los investigadores dejara claro estos contactos. En un inicio, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, había asegurado públicamente que no existieron reuniones entre ambos.
Posteriormente, mediante un comunicado, González señaló que tras asumir el cargo se reunió en las inmediaciones de la Dirección General con Leire Díez en por lo menos dos ocasiones. Reconoció no recordar una tercera reunión, aunque se considera acreditada. Manifestó que no abordaron temas vinculados a las investigaciones en curso, limitándose a una charla «sobre su situación familiar». En esas fechas, según sus agendas, Leire Díez centraba su actividad específicamente en esas pesquisas. Durante el segundo encuentro, la fontanera intervino en favor de un guardia civil imputado en el caso Koldo, lo que llevó a la directora, según su testimonio, a finalizar la reunión.
En el escrito en que se solicitan las imputaciones, la Fiscalía menciona que los informes policiales dejan «constancia de la relación personal» entre ambas y de «la utilización» por parte de Díez de ese vínculo «para cumplir con los fines de la organización criminal».
LOS EXPEDIENTES. Una de las estrategias de la fontanera para alcanzar su propósito consistía en presionar a los investigadores de la UCO con acusaciones de filtración de información. Se abrieron tres investigaciones internas en esa línea por indicación de la directora y el DAO. La Fiscalía destaca que en una de las agendas de Leire Díez se leía: «Investigación interna G.C. para filtraciones».
Anticorrupción entiende que existen indicios de que no hubo fundamento para iniciar esos expedientes, lo que apuntaría a un delito de prevaricación. Igualmente, concluye que la finalidad era intimidar a los miembros de la UCO, agregando así el delito de obstrucción a la Justicia.
«La repetida apertura de informaciones reservadas exclusivamente contra aquellos funcionarios que realizaban investigaciones de especial relevancia, coincidiendo temporalmente con procedimientos procesales particularmente delicados y sin una verdadera justificación disciplinaria, puede constituir un indicio especialmente destacado de que el objetivo real no era la depuración de posibles responsabilidades administrativas, sino crear un efecto intimidatorio destinado a condicionar el desarrollo de las investigaciones».
LAS PRESIONES. Mandos de la Guardia Civil reportaron a los investigadores dos reuniones en julio de 2024 en las que se intentó detener el caso contra el hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Así lo declararon quien estaba al frente de la UCO entonces y su antecesor, también presente. Durante la primera reunión, el director de la Guardia Civil en ese momento, Leonardo Marcos, reprendió a la UCO por sus diligencias en el caso y ordenó la inmediata finalización de sus tareas dejando «todo en nada». Días después, el DAO actualmente imputado acudió a la sede de la UCO y urgió a sus integrantes a mantenerse «de perfil» en investigaciones como la relativa al hermano del presidente.
LA OCULTACIÓN. La directora de la Guardia Civil compareció hace poco en el Senado para justificar sus actuaciones. Desestimó como inverosímil la versión de los dos antiguos mandos de la UCO. Asimismo, aseguró que, tras la difusión pública de las maniobras de la fontanera, los convocó en su despacho y les informó sobre los contactos con Leire Díez. Ante el juez Pedraz, ambos mandos negaron haber recibido tal información.
Además, a la UCO se le «ocultó» que el Servicio de Información preparó una nota interna exponiendo las maniobras de Díez contra esa unidad. Solo cuando la propia UCO presentó al DAO un informe con esos datos, supo que la Dirección de la Guardia Civil ya estaba al corriente.