El 79,6% de los solicitantes optó por la vía del arraigo, cifra que también supera las expectativas del Ejecutivo, que calculaba que alrededor de la mitad de los beneficiarios elegirían este camino.
El total de solicitudes recibidas para el proceso extraordinario de regularización de inmigrantes alcanzó finalmente 1.174.978, y la mayoría (79,6%) corresponde a la vía del arraigo, conforme al conteo difundido por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, liderado por Elma Saiz, dos días después de haberse cerrado el periodo para su presentación. Este volumen duplica las proyecciones que el Gobierno había compartido desde que el Consejo de Ministros aprobó la medida el 14 de abril, que inicialmente estimaban en medio millón; hoy, la cifra supera el doble.
Si se analiza el origen de los solicitantes, el 67% de las peticiones proviene de personas de América Central y América del Sur. En particular, Colombia representa el 26% de los expedientes; Marruecos, el 13,4%; Venezuela, el 11,7%, y Perú, un 8,8%.
Sólo Cataluña, Madrid y la Comunidad Valenciana concentran el 54,8% de las solicitudes, con cifras de 257.000, 220.000 y 167.000 respectivamente. Por otro lado, Andalucía ha registrado 161.000 solicitudes.
Perfil del solicitante: hombres menores de 45 años
La mayoría de los solicitantes en este proceso de regularización extraordinaria son hombres, representando el 57%, frente al 43% de mujeres. En conjunto, el 81% de los solicitantes tiene menos de 45 años: el 21,6% está entre 35 y 44 años; el 31,3%, entre 25 y 34; el 17%, entre 16 y 24, y el 11,1%, entre 0 y 15 años.
En el colectivo de solicitantes de protección internacional, la distribución por sexos es más equilibrada que en los casos de arraigo extraordinario. Además, para los menores de edad y el grupo de 45 a 54 años, la distribución es equitativa, sin diferencias según el tipo de autorización.
Resoluciones y tipo de vía
Hasta la fecha, el Gobierno ha concluido definitivamente 11.000 expedientes, aunque no ha especificado cuántos han sido aprobados y cuántos denegados. Por otro lado, casi el 52% de estos expedientes, es decir, 608.000, se encuentran en proceso de tramitación. La mera admisión a trámite implica que los solicitantes obtienen un permiso temporal de residencia y trabajo.
Inicialmente, las previsiones del Gobierno apuntaban a medio millón de beneficiarios: 250.000 a través de la protección internacional y otros 250.000 por la vía del arraigo, las dos modalidades contempladas en el Real Decreto. Sin embargo, de los casi 1,2 millones presentados, el 79,6% se acogió a la vía del arraigo, mientras que una minoría, el 20,4%, optó por la protección internacional, lo que de nuevo desajusta las estimaciones del Ejecutivo.
El Ministerio destacó la movilización de recursos para gestionar este proceso. Mientras que el 83% de las solicitudes se gestionó de forma telemática, aproximadamente 197.102 peticiones (16,8%) se entregaron de manera presencial en oficinas de Correos, Seguridad Social y Extranjería habilitadas para tal fin.
En esta línea, la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, indicó que estas oficinas permanecen abiertas para recibir los requerimientos que la Administración pueda enviar a los solicitantes. Aquellos que hayan presentado documentación incompleta aún disponen de un plazo adicional de 15 días para subsanar las carencias en su solicitud.
Hasta ahora, el Gobierno no había anunciado la cifra de solicitudes, esperando el cierre del plazo para presentar estas y realizar una depuración que eliminara duplicados o errores.
Este proceso no ha estado exento de controversias. La más reciente surgió tras una providencia del Tribunal Supremo donde los magistrados expresan «dudas» respecto a la compatibilidad de este procedimiento con la normativa europea. Ante la posibilidad de que el Alto Tribunal suspenda el proceso si decide elevar la cuestión al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), el Gobierno planea «agilizar» la admisión a trámite de solicitudes para evitar que ningún solicitante vea interrumpido su procedimiento en espera de la decisión judicial. El Ejecutivo confía en que el TS no paralice la medida, incluso si eleva una cuestión prejudicial al TJUE.
Estos son los primeros datos oficiales disponibles sobre este histórico proceso, que comenzó el pasado 16 de abril, fecha en que se abrió el plazo para presentar solicitudes. El departamento de Elma Saiz insistió en que la información debía obtenerse por canales oficiales, aunque dejó de actualizar los datos sobre la evolución del proceso apenas dos días después de su inicio.