Esto ocurre tras la polémica ordenación de cuatro nuevos obispos realizada sin la aprobación papal.
El Vaticano ha declarado la excomunión automática de los principales líderes de la Sociedad Sacerdotal de San Pío X, los lefebvristas, luego de la controvertida ordenación de cuatro obispos sin el consentimiento del Papa.
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El decreto, emitido por el Dicasterio para la Doctrina de la Fe y firmado por el Prefecto Víctor M. Fernández, califica el acto como “de naturaleza cismática” y alude a las sanciones establecidas en el derecho canónico para el delito de cisma.
Según el decreto, el Obispo Alfonso de Galarreta, junto con los obispos recién ordenados Pascal Schreiber, Michael Goldade, Michel Poinsinet de Sivry y Marc Hanappier, están considerados excomulgados “latae sententiae”.
Además, se aplica una sanción adicional al Obispo Bernard Fellay, nombrado co-consagrante y por tanto involucrado directamente en lo que la Santa Sede considera un acto ilícito.
El decreto también advierte tanto al clero como a los fieles sobre los riesgos de alinearse con la posición de la Sociedad, indicando que incluso la mera participación en el cisma conllevará la misma pena canónica.
La consagración y la ruptura con Roma
Esta resolución se da tras la consagración episcopal celebrada en Écône, Suiza, presidida por de Galarreta, a pesar de una apelación directa del Papa para suspender la iniciativa.
Las ordenaciones se efectuaron sin mandato papal, lo que constituye, según el derecho canónico, una de las violaciones más graves dentro de la Iglesia.
Durante la ceremonia, el Superior General de la Sociedad, el Padre Davide Pagliarani, defendió la acción, argumentando que la comunidad no busca separarse de la Iglesia sino “servirla en la tradición,” reafirmando la validez de su postura doctrinal.
No obstante, la postura oficial de la Sociedad Sacerdotal de San Pío X permanece en clara contradicción con la del Vaticano, que considera la ordenación sin mandato papal un acto que rompe la comunión eclesial.
En los días previos a la consagración, el Papa realizó una petición directa a la Sociedad para detener la iniciativa, advirtiendo sobre el peligro de una fractura irreversible. En su comunicación, el Pontífice ratificó su disposición al diálogo, instando a los responsables a “rectificar” para evitar consecuencias canónicas y pastorales.
Según el Vaticano, una ruptura formal privaría a los fieles del acceso lícito a los sacramentos y abriría una nueva etapa de tensión eclesial.
Un conflicto de larga data
Este suceso se enmarca en una historia prolongada de relaciones complejas entre la Sociedad y Roma.
El movimiento tradicionalista, fundado por Marcel Lefebvre en 1970, surgió como oposición a distintas reformas del Concilio Vaticano II, especialmente la reforma litúrgica y el uso de las lenguas vernáculas en la Misa.
La fractura más grave ocurrió en 1988, cuando el propio Lefebvre consagró a cuatro obispos sin la aprobación papal, lo que llevó a una declaración de excomunión que posteriormente fue parcialmente reconsiderada.
Un intento de reconciliación fue impulsado por el Papa Benedicto XVI, marcando el pico de los esfuerzos de la Santa Sede para cerrar la brecha con la Sociedad Sacerdotal de San Pío X.
Entre 2007 y 2009, Joseph Ratzinger siguió una estrategia doble.
Por un lado, el motu proprio Summorum Pontificum del 7 de julio de 2007 liberalizó la celebración de la Misa según el rito anterior al Concilio, estableciendo la coexistencia de dos formas dentro del rito romano único: el Misal de Paulo VI como forma ordinaria y el Misal de Juan XXIII de 1962 como forma extraordinaria. Así mismo, aclaró que esta última nunca fue legalmente abolida y permitió a cualquier sacerdote de rito latino celebrarla sin requerir una autorización específica.
Por otro lado, el 21 de enero de 2009, se levantó la excomunión latae sententiae impuesta a los cuatro obispos ordenados en 1988 por Monseñor Lefebvre, un gesto de distensión destinado a fomentar el diálogo teológico y eliminar uno de los principales obstáculos canónicos. Sin embargo, esto no implicó la restauración automática de la comunión eclesial plena, ya que los obispos lefebvristas seguían careciendo de reconocimiento canónico efectivo a la espera de una adhesión completa a la autoridad magisterial del Concilio Vaticano II.
A pesar de estos avances, los intentos posteriores de diálogo no lograron la regularización institucional completa de la Sociedad, dificultada por continuas discrepancias doctrinales respecto a los textos conciliares. En años recientes, la situación se modificó aún más con un endurecimiento gradual en el ámbito litúrgico, culminando en las restricciones impuestas por el Papa Francisco sobre el uso del rito antiguo, invocando la salvaguardia de la unidad eclesial.
El Vaticano sostiene que el caso actual reabre una herida que nunca se curó del todo. Las autoridades eclesiásticas subrayan que el acto constituye una grave fractura de la unidad de la Iglesia Católica, mientras la Sociedad continúa describiendo sus acciones como un esfuerzo por “coser la tradición de nuevo” y no una ruptura con Roma.
Queda por ver si esta división derivará en una nueva etapa de aislamiento canónico o si se reabrirán los canales de mediación entre las partes, ante lo que se perfila como una de las crisis más delicadas para la Iglesia Católica en años recientes.