Afirman que las reuniones trataron asuntos con posible implicación penal y demandan nuevas acciones para esclarecer lo sucedido
La acusación popular unificada, liderada por el PP, ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que convoque como testigos al ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, junto a los fiscales que mantuvieron encuentros con la exmilitante socialista Leire Díez entre marzo y abril de 2025.
La petición incluye al teniente fiscal Diego Villafañe, a la fiscal adscrita Beatriz López, a la fiscal Ana Isabel García León y al jefe de seguridad de la sede de la Fiscalía General del Estado, ubicada en la calle Fortuny.
Las diligencias requeridas están vinculadas a los encuentros realizados en marzo y abril de 2025 entre Leire Díez, el abogado Jacobo Teijelo —defensor del exdirigente socialista Santos Cerdán— y Diego Villafañe, en ese momento mano derecha del ex fiscal general. Según la acusación, en dichas reuniones se trataron hechos que podrían tener relevancia penal.
Estas declaraciones se solicitan dentro de la investigación sobre una supuesta trama orientada a intervenir en actuaciones policiales y judiciales vinculadas al PSOE o al Gobierno.
Tras analizar el informe remitido por la Fiscalía General y la declaración de Teijelo —quien se acogió al secreto profesional y evitó revelar detalles del contenido de las reuniones—, la acusación considera imprescindible profundizar en la investigación. Se argumenta que existen encuentros reconocidos, pero sin registro formal de accesos, además de una carencia de claridad acerca del propósito y contenido de dichas reuniones.
En lo que respecta a García Ortiz, la acusación plantea que su declaración podría aclarar si tuvo conocimiento, directo o indirecto, de lo tratado en los encuentros; cuándo y por qué medio recibió esa información; si ofreció instrucciones o emitió valoraciones al respecto; por qué no se impulsaron acciones procesales a pesar de la posible relevancia penal; y por qué estos contactos no quedaron reflejados en ningún registro oficial.
Respecto a Diego Villafañe, se considera que su testimonio es esencial para dilucidar la información que le fue transmitida, evaluar su posible trascendencia penal y conocer la secuencia de decisiones adoptadas posteriormente.
Así mismo, se solicita la comparecencia de Beatriz López al tratarse de una testigo directa, cuya declaración permitiría contrastar y verificar los hechos. También se pide citar al jefe de seguridad de la Fiscalía General, bajo el argumento de que la ausencia de un registro oficial de visitas genera una laguna probatoria significativa. Finalmente, se reclama la declaración de Ana Isabel García León con el fin de obtener una perspectiva completa de lo ocurrido y evitar una reconstrucción parcial de los hechos.