Las claves
Koldo García almacenó en su teléfono móvil una nota que indicaba la posibilidad de una imputación de Belén Gualda, presidenta de la SEPI, debido a su gestión en proyectos hidráulicos en Andalucía.
La anotación de Koldo, fechada en abril de 2021, sugería que Gualda podía ser investigada en el marco del ‘caso Acuamed’, aunque finalmente nunca fue imputada ni procesada en ese expediente.
El ‘caso Acuamed’ examinó supuestas irregularidades en las adjudicaciones de obras hidráulicas, pero Gualda mantuvo únicamente una vinculación institucional y no fue señalada penalmente.
Actualmente, Gualda está registrada como investigada en la Audiencia Nacional por hechos diferentes vinculados al rescate de Tubos Reunidos, dentro de la investigación del ‘caso Leire’.
Koldo García conservó en su teléfono una nota que alertaba sobre una posible imputación de Belén Gualda por su etapa al mando de diferentes organismos vinculados con el agua, las infraestructuras y el medioambiente en la Junta de Andalucía.
«A la nueva de la SEPI la van a meter por el tema de las desaladoras en Andalucía en dos meses«, redactó el exasesor de José Luis Ábalos.
La anotación, a la que ha tenido acceso en exclusiva EL ESPAÑOL, fue registrada el 28 de abril de 2021 a las 10:12 horas.
El término «la nueva de la SEPI» hacía referencia a María Belén Gualda.
El Consejo de Ministros la había designado presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) el 30 de marzo de ese año, apenas cuatro semanas antes de que Koldo anotara esa información.
La predicción no se materializó. Gualda nunca fue imputada ni procesada en el denominado caso Acuamed.
Tampoco figura como acusada en ninguna de las piezas conocidas de aquella macrocausa por las presuntas irregularidades en obras hidráulicas en la cuenca mediterránea, aunque su relación con el caso fue bastante cercana.
El apunte demuestra, no obstante, que Koldo disponía de la información de que la recién incorporada a la Sepi podía ser investigada en un plazo específico: «dos meses».
El texto no detalla quién le facilitó ese dato ni especifica qué acción atribuía a Gualda.
Tampoco aclara si desde el Gobierno o el PSOE, donde Ábalos era ministro de Transportes y secretario de Organización, se llevó a cabo alguna acción para evitar la imputación.
El momento en que se hizo la anotación aporta otro dato a la cronología. El día anterior, 27 de abril de 2021, Koldo y Ábalos cenaron con dos personas más en el Parador de Jaén, en el marco de una visita oficial del entonces ministro de Transportes a esta provincia.
PSOE de Andalucía
La referencia a Gualda estaba incluida en una anotación más amplia sobre dos procesos judiciales que afectaban al entorno político del PSOE en Andalucía.
El texto comenzaba con: «Caso Ifopoton en Andalucía van a por planas y María Jesús hacienda [sic]».
Koldo se refería al caso Isofotón, que investigó durante años las ayudas públicas otorgadas por la Junta de Andalucía a la empresa fotovoltaica malagueña.
Posteriormente incluyó la alerta sobre «la nueva de la SEPI» y «el tema de las desaladoras».
La sucesión de estas dos referencias indica que el exasesor agrupó en una misma nota información sobre causas relacionadas con exresponsables de la Administración andaluza.
En abril de 2021, Gualda acababa de dejar la presidencia de Navantia para asumir la dirección del principal grupo empresarial público estatal. Su nombramiento había puesto fin a un prolongado periodo de interinidad en la Sepi.
La ingeniera granadina, además, contaba con una larga trayectoria en la Junta de Andalucía. Una parte importante de su carrera se desarrolló en departamentos vinculados con la gestión del agua, medio ambiente y obra pública.
‘Caso Acuamed’
El caso Acuamed se centró en la empresa pública Aguas de Cuencas Mediterráneas (Acuamed) y las supuestas irregularidades en la adjudicación y ejecución de alrededor de veinte proyectos hidráulicos y ambientales en la zona mediterránea hace más de una década.
Se sospecha que se inflaron los costes en las adjudicaciones de obras públicas relevantes, como desaladoras y canalizaciones, mediante la falsificación de informes técnicos, con la implicación de grandes constructoras.
El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, procesó a 42 personas. Sin embargo, la presidenta de la Sepi, Belén Gualda, no estaba entre los acusados y nunca fue señalada judicialmente.
Lo cierto es que ella era la máxima responsable del área de agua en la Junta de Andalucía cuando la causa estaba en fase de instrucción, en 2016.
El caso estalló en abril de 2014, cuando varios ingenieros denunciaron internamente las supuestas irregularidades en las adjudicaciones a ciertas empresas.
La investigación destacó que el entonces director de Ingeniería y Construcción de la empresa pública, Francisco Valiente, y su gerente regional, Gracia Ballesteros, presentaron escritos ante distintas instancias del Ministerio de Agricultura y Medioambiente y Acuamed informando de esas «graves irregularidades».
Esas denuncias fueron ignoradas y ambos fueron destituidos de sus cargos. Posteriormente plantearon denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción.
Dos años después, la UCO, coordinada con el Juzgado Central de Instrucción nº6 de la Audiencia Nacional, cuyo primer titular fue el magistrado Eloy Velasco, realizó registros y detenciones en la cúpula de Acuamed.
Se detuvo a 13 personas, entre ellas el director general de la entidad, Arcadio Mateo, por sospechas de recibir regalos a cambio de adjudicaciones.
En ese momento, Gualda ejercía como secretaria general de Medio Ambiente y Cambio Climático en la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, cargo que ocupó desde julio de 2015 hasta octubre de 2017.
Acuamed empleó 500 millones de euros públicos en operaciones bancarias especulativas. La conexión entre el caso Acuamed y Belén Gualda está en la desaladora de Almería.
La infraestructura Bajo Almanzora I, ubicada en el término municipal de Cuevas de Almanzora (Almería), sufrió una inundación en 2012, apenas un año después de su inauguración, y permaneció años como una infraestructura inoperativa en una de las zonas españolas con mayor déficit hídrico.
Esta situación convirtió al Bajo Almanzora en el símbolo más visible del caso, aunque la investigación judicial abarcaba muchos más contratos.
El vínculo de Gualda
La relación de Belén Gualda con este asunto fue institucional y temporal, mas no penal.
Entre enero de 2011 y julio de 2015 desempeñó la Dirección General de Infraestructuras y Explotación del Agua en la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.
Por lo tanto, ejercía en ese puesto cuando la desaladora del Bajo Almanzora empezó a funcionar y cuando la inundación la dejó fuera de servicio.
Luego fue secretaria general de Medio Ambiente y Cambio Climático entre julio de 2015 y octubre de 2017, coincidiendo con el estallido judicial y político del caso Acuamed.
De octubre de 2017 a febrero de 2019 dirigió la Agencia de Obra Pública de Andalucía. Antes, también trabajó en la División de Infraestructuras Ambientales y Gestión del Agua de Egmasa.
Estos cargos la situaron durante años en el ámbito administrativo del agua y las infraestructuras en Andalucía. No consta que los investigadores le atribuyeran decisiones sobre los contratos investigados.
Tampoco fue convocada como investigada por la desaladora del Bajo Almanzora ni por otras obras incluídas en el procedimiento.
La verdadera imputación
Cinco años más tarde, Belén Gualda figura como investigada en la Audiencia Nacional, aunque por hechos distintos y sin relación con Acuamed.
El juez Santiago Pedraz la incluyó este lunes en el denominado caso Leire, también conocido en una de sus ramas como caso Sepi. La imputación se extiende a otras 24 personas, a solicitud de la Fiscalía Anticorrupción.
La investigación se enfoca en presuntas maniobras del Grupo Hirurok, conformado por Leire Díez, el expresidente de la Sepi Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso.
Este grupo supuestamente utilizó contactos políticos y administrativos para interferir en operaciones empresariales a cambio de comisiones.
En el caso de Gualda, las pesquisas examinan el rescate de la empresa Tubos Reunidos. La siderúrgica vasca recibió en 2021 una ayuda pública de 112,8 millones de euros del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas.
La Fiscalía sostiene que responsables del grupo investigado accedieron a información confidencial y realizaron gestiones para facilitar la operación.
Anticorrupción también estudia una decisión posterior en 2025: la Sepi autorizó a Tubos Reunidos a usar cerca de 10 millones obtenidos por la venta de un inmueble en Sestao en lugar de consignar esos fondos ante la sociedad estatal.
Según el informe de la Fiscalía, Tubos Reunidos acordó pagar 40.000 euros, sin IVA, a Vicente Fernández por las gestiones realizadas. Actualmente, la empresa se encuentra en concurso de acreedores.
La pista de Isofotón
La primera parte del apunte de Koldo hacía referencia al caso Isofotón, aunque el exasesor escribió «Ifopoton».
Isofotón fue una compañía andaluza dedicada a fabricar paneles solares, que durante años recibió ayudas, préstamos y avales públicos de la Junta de Andalucía mientras su situación financiera empeoraba.
La investigación trató de establecer si esas operaciones se aprobaron a pesar de que los responsables conocían la inviabilidad económica de la empresa.
Las diligencias afectaron a decenas de altos cargos exfuncionarios y pusieron en el foco político a Luis Planas, María Jesús Montero y Teresa Ribera por su participación en órganos del Gobierno andaluz que estudiaron algunas ayudas.
El procedimiento fue archivado por una cuestión procesal: se practicaron las principales diligencias después de que se agotara el plazo legal de instrucción, invalidando así las pruebas.
Este archivo impidió que hubiera una sentencia sobre la esencia de las presuntas irregularidades.
Años más tarde, Leire Díez también mostró interés por Isofotón. Las agendas y mensajes incluidos en el sumario del caso Leire reflejan movimientos para obtener documentación vinculada a ese expediente y al caso Aznalcóllar.
En abril de 2021, el entorno de Díez trató de posicionarla como jefa de Gabinete de la recién nombrada presidenta de la Sepi.
En uno de los mensajes analizados por la UCO, Santos Cerdán habría defendido la necesidad de tener cerca de Gualda a alguien que protegiera «a los nuestros», tomando como ejemplo el caso Isofotón.
Así, las dos partes de la nota de Koldo se relacionan con procedimientos que generaban preocupación en el entorno socialista en la primavera de 2021. Una aludía a Isofotón, señalando a Planas y Montero. La otra anticipaba una imputación para Gualda por las desaladoras.