El aumento masivo de nacionalizaciones genera preocupación entre los ‘populares’ ante las próximas elecciones, mientras el Gobierno sostiene que se trata de un derecho adquirido para los descendientes de españoles.
Una casa ocupa la parte superior del papel. Abajo, a cada lado, dos hombres. De sus pies emergen caminos que se convierten en laberintos. Solo uno alcanza La Moncloa. Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo aspiran a ser quienes marquen con éxito su recorrido. Durante este trayecto, se acusan mutuamente de utilizar atajos. «Al Gobierno se llega con votos, no con trampas», recrimina el socialista al popular, insinuando una posible complicidad con ciertos jueces y sindicatos cuestionables. Por su parte, el líder de la oposición acusa al presidente de emplear atajos electorales mediante la disposición octava de la Ley de Memoria Democrática, que autoriza conceder la nacionalidad a los descendientes de españoles víctimas de la Guerra Civil, conocida como la Ley de nietos.
Cuestiones como el censo electoral, el voto por correo o la falta de papeletas de alguna formación emergen cada vez que se aproximan las elecciones. La Ley de Memoria Democrática, aprobada en octubre de 2022, establece que los nacidos fuera de España con padre, madre, abuelo o abuela originalmente españoles, que perdieron o renunciaron a la nacionalidad española debido al exilio político, ideológico, religioso o por orientación e identidad sexual, pueden obtener la nacionalidad española.
Según datos oficiales del Gobierno a 31 de marzo, se han agendado 2,4 millones de citas para solicitar la nacionalidad; de estas, 1,2 millones ya se han tramitado en oficinas consulares; se han aprobado 544.722 expedientes y se han registrado 306.000 inscripciones. El plazo para solicitar cita terminó el 22 de octubre de 2025, aunque los números continúan en proceso debido a solicitudes presentadas a tiempo.
«Existe una estrategia electoral que busca aumentar en 2,5 millones el censo de votantes», expuso Feijóo ayer. Fuentes del PP mantienen dudas sobre si esta es una maniobra diseñada para favorecer a Pedro Sánchez: «No es un hecho aislado. Hay una sincronía temporal entre la intención de permitir el voto a residentes, e incluso a quienes no residen aquí. Podría llegar a España una población del tamaño de Galicia, 2,5 millones; en principio, podrían votar y generar presión sobre los servicios públicos», señalan, antes de reiterar su desconfianza: «En Andalucía le sacamos 20 puntos al PSOE y en el voto exterior ganó el PSOE».
En la rueda de prensa tras el Comité de Dirección del PP, Borja Sémper, portavoz nacional de los populares, intentó matizar aclarando que su crítica no «presupone» por quién votarán esos electores. «Si añadimos 2,5 millones más, intentaremos ganarlos». No obstante, Feijóo fue contundente: «Como con los votantes actuales no le salen los números, veamos si fabricando votantes le cuadran». Además, advirtió que el Gobierno «puede asignar una provincia» a quienes «no tengan claro» dónde inscribirse.
Desde La Moncloa creen que estas críticas no son fortuitas y coinciden con el cierre del proceso de regularización acelerada de más de un millón de migrantes. «Lo hacen ahora para confundir dos procesos que no están relacionados, pero buscan sembrar odio y miedo hacia los migrantes», critican fuentes gubernamentales.
Mientras el PP sospecha que Sánchez está en busca de votos, el PSOE contrapone que los populares, viendo que quizás Vox no les bastará, empiezan a inventar «excusas». «Están nerviosos». Asimismo, desde el Ejecutivo recuerdan que Feijóo, en su recurso contra la Ley de Memoria Democrática, no solicitó derogar la disposición adicional octava que establece esta nacionalización.
«Feijóo trivializa y manipula la Memoria Democrática y los derechos que ya tienen las víctimas, reduciendo a una cuestión electoral algo que es una cuestión de justicia», expresan con claro descontento en el Gobierno. «Hablar así es una irresponsabilidad profunda. No solo cuestiona a los funcionarios que realizan los trámites, sino que también se opone a los derechos adquiridos por los descendientes de españoles, quienes tienen igual derecho a ser españoles.»
En el PP persiste la desconfianza, tanto por la naturaleza del proceso como por su coyuntura. Feijóo pone especial atención en que en Cuba este procedimiento «se ha confiado a una empresa estatal. Se quiere verificar que no haya subcontrataciones».
En las elecciones generales de 2023, el conteo del voto proveniente del Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) modificó el resultado en un escaño: el PSOE lo perdió frente al PP en la Comunidad de Madrid. De los 2,3 millones de posibles electores, depositaron su voto 233.688 personas.