La convocatoria forma parte del plan de contratación de Renfe para 2026, con el que la compañía pretende incorporar a más de 2.000 nuevos trabajadores en distintas categorías profesionales
El proceso para seleccionar a los 600 nuevos operadores comerciales de Renfe está detenido y a la espera de un dictamen de la Abogacía del Estado, que debe definir cómo proseguir una de las convocatorias de empleo público más destacadas del año. Esta medida se tomó tras las denuncias de varios aspirantes por posibles irregularidades en el examen realizado el 6 de junio.
Esta convocatoria integra el plan de contratación de Renfe para 2026, mediante el cual la empresa planea sumar más de 2.000 empleados en diversas especialidades profesionales. Dentro de estas se encuentran las 600 plazas de operador comercial, responsables de la atención al cliente en estaciones y servicios ferroviarios.
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Un total de 9.033 candidatos participaron en las pruebas que se llevaron a cabo simultáneamente en Madrid, Barcelona, León y Sevilla. No obstante, según informó El Confidencial, varios aspirantes presentaron quejas sobre irregularidades, lo que ha provocado la suspensión del proceso. En este momento, el área jurídica del Estado revisa la documentación entregada por el tribunal organizador y emitirá un informe sobre la validez del proceso y las posibles medidas a seguir.
La Abogacía del Estado analizará el proceso
La entidad pública ha decidido solicitar asesoramiento legal antes de adoptar una resolución definitiva. Esta acción busca determinar si las incidencias reportadas afectan la equidad entre los candidatos y si el procedimiento puede continuar sin comprometer los principios que regulan el acceso al empleo público.
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Según el resultado del informe, Renfe podría reactivar la convocatoria y avanzar en la publicación de resultados, ordenar la repetición únicamente de la parte del examen cuestionada, o, en el peor de los casos, anular esa fase y eventualmente convocar otra prueba si se confirma una irregularidad que haya impedido la equidad en el proceso.
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Por el momento, la asignación de las plazas sigue bloqueada, aunque esta suspensión no implica la eliminación de la oferta de empleo.
Las denuncias se centran en la prueba psicotécnica
Varios candidatos sostienen que una gran proporción de las preguntas eran prácticamente idénticas al material de estudio previamente utilizado por estudiantes de una academia especializada. Algunas denuncias aseguran que 35 de las 36 preguntas de esta sección coincidían con ejercicios previamente difundidos, situación que, de comprobarse, podría haber favorecido a quienes estudiaron con esos recursos.
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Asimismo, reclaman que no se han publicado las respuestas oficiales, los criterios de corrección ni los baremos empleados para la prueba psicotécnica, datos que consideran esenciales para revisar sus resultados y presentar reclamaciones con garantías absolutas.
“Cientos de aspirantes continúan viendo condicionado su futuro profesional
El sindicato CCOO sostiene que la decisión del tribunal de remitir toda la documentación a la Abogacía del Estado evidencia la complejidad del caso. En un comunicado emitido este martes, señalan que “no se trata de retrasar el proceso sino de asegurar que cualquier resolución se tome respaldada por el máximo soporte legal, con garantías y pleno respeto a los principios de igualdad, mérito, capacidad y seguridad jurídica que deben regir el acceso a empleos públicos, particularmente en una empresa como Renfe”.
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Sin embargo, la organización indica que los aspirantes ya se han visto afectados. Según expresan, “cientos de candidatos continúan viendo condicionado su futuro profesional por incidencias que no deberían haberse producido y que han causado un impacto evidente en la confianza hacia el proceso de selección y en la imagen de Renfe”.
Por ello, CCOO enfatiza que los opositores no deberían asumir las consecuencias de los problemas surgidos durante la convocatoria y que “los participantes confiaban en que las pruebas se desarrollarían con todas las garantías necesarias”.
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El sindicato asegura haber comunicado a Renfe las irregularidades detectadas antes de la publicación del listado provisional de resultados y que, desde entonces, ha defendido que cualquier resolución se tome tras estudiar toda la información disponible con el mayor rigor jurídico.