Las claves
Las solicitudes para la regularización de migrantes en España han superado los 1,2 millones, más del doble frente a los 500.000 que el Gobierno había previsto inicialmente.
El informe de Extranjería alertaba sobre posibles consecuencias negativas, como la saturación de los servicios públicos, tensiones sociales y problemas de seguridad.
El Sindicato Unificado de Policía sostiene que sus estimaciones fueron más acertadas y advierte que la gestión administrativa de las solicitudes será ahora el principal reto.
Se ha presentado en el Congreso una propuesta para extender el plazo de regularización, apoyada por partidos como Podemos, Sumar, EH Bildu, ERC y BNG.
La Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional ha demostrado estar en lo correcto. Las cifras que el Gobierno manejó durante meses para justificar la regularización extraordinaria de inmigrantes serán ampliamente superadas.
A falta de que este martes concluyan las inscripciones en las oficinas de Extranjería a nivel nacional, el proceso ya acumula entre 1,2 y 1,3 millones de solicitudes, más del doble de las «casi 500.000» personas beneficiarias que el Ejecutivo estimó en un inicio.
El 21 de febrero pasado, EL ESPAÑOL publicó que la Policía calculaba aproximadamente en 1.250.000 el número de extranjeros que se acogerían a esta iniciativa.
El informe, que causó controversia y fue firmado por el comisario jefe central de Operaciones de Extranjería, Alfredo García Miravete, señalaba también que tal volumen de expedientes podría ocasionar «efectos negativos significativos».
Entre ellos se mencionaba un posible «efecto llamada para futuros flujos irregulares», «tensiones sociales», «problemas de seguridad ciudadana, orden público o incluso de seguridad nacional». También subrayaba que el proceso podría generar una «desconfianza social respecto a la gestión de las fronteras».
Asimismo, se advertía del riesgo de saturar los servicios públicos. El informe indicaba que la sanidad, la educación y los servicios sociales «podrían no disponer de la capacidad necesaria para absorber» un volumen tan elevado en tan corto plazo.
Cuatro meses después, las cifras ofrecidas por el Gobierno de Sánchez, que este martes presidirá un acto relacionado con el proceso de regularización, coinciden con el escenario previsto por dicho informe policial.
La disparidad con las estimaciones iniciales resulta notable, si se considera que cuando el Consejo de Ministros aprobó el real decreto que autorizaba el proceso, el 14 de abril, el Ejecutivo reiteró en numerosas ocasiones que la medida regularizaría la situación de medio millón de inmigrantes ya residentes en España.
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, afirmó entonces que el procedimiento estaba «dimensionado para atender a todos los solicitantes que cumplieran con los requisitos». Además, garantizó que la tramitación sería «rápida, eficaz y sin obstáculos».
En esa línea, Pedro Sánchez describió la regularización como «un acto de normalización» porque reconocía «la realidad de casi medio millón de personas que ya forman parte de nuestra vida diaria», además de considerarla como «un acto de justicia con nuestra propia historia».
Este paralelismo fue reivindicado el lunes por el Sindicato Unificado de Policía (SUP). En un comunicado, la organización recuerda que las previsiones de los especialistas en Extranjería situaban el procedimiento en torno a 1.250.000 solicitudes.
«Desde el Sindicato Unificado de Policía queremos recordar que, desde el inicio de la tramitación de esta medida, advertimos que las estimaciones realizadas por los profesionales especializados en extranjería reflejaban un escenario muy superior al que se reconoció públicamente«, indica el SUP.
«Los hechos han confirmado que las previsiones de quienes trabajan a diario en el terreno estaban mucho más alineadas con la realidad», concluye el sindicato.
Los agentes también señalan que el verdadero desafío para la Policía comienza ahora, tras el cierre del plazo para presentar solicitudes.
De acuerdo con el sindicato, la segunda fase del proceso podría resultar aún más complicada debido a «la emisión de las Tarjetas de Identidad de Extranjero (TIE), la toma de huellas, la gestión de incidencias documentales y otras tareas administrativas que deberán afrontar las unidades de documentación de la Policía Nacional».
En cualquier caso, el Gobierno mantiene abierta la posibilidad de ampliar las regularizaciones.
De hecho, ante el temor de que algunas personas queden fuera por falta de tiempo para entregar la documentación, el movimiento ‘Regularización Ya’ presentó en el Congreso el 10 de junio una proposición no de ley para extender el plazo del proceso.
Dicha propuesta contó con el respaldo de Podemos, Sumar, EH Bildu, ERC y BNG. «Nadie, lo dijimos desde un inicio, debería quedarse fuera del plazo para presentar la documentación», declaró Verónica Martínez Barbero, portavoz de Sumar en el Congreso, durante una rueda de prensa.
Por ahora, Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ha asegurado que «habrá oportunidad» para hacer un balance. «No es un punto final», afirmó la semana pasada en la sesión de control al Gobierno, calificando la operación como un «éxito de país».