En 2025, el partido obtuvo 4,4 millones de euros provenientes de sus grupos institucionales, constituyendo una fuente significativa de ingresos para la organización.
Tras tres años consecutivos con pérdidas, Vox cerró el 2025 con un superávit de casi 1,76 millones de euros. Esta mejora no se debió a la interrupción de las aportaciones económicas a su fundación -que recibió otros dos millones de euros ese año- ni a un marcado crecimiento en afiliaciones, ya que esta entrada supuso apenas 40.000 euros adicionales.
El balance positivo de la formación presidida por Santiago Abascal se explicó por factores como la disponibilidad del millón de euros antes reservado para multas impuestas por el Tribunal de Cuentas, anuladas posteriormente por el Supremo. Además, la caja central de Vox aumentó los fondos provenientes de sus grupos institucionales territoriales, que abarcan desde el Congreso hasta parlamentos autonómicos y ayuntamientos.
Precisamente, los grupos territoriales de Vox, que reciben financiación pública, aportaron a las arcas nacionales del partido 4.460.253 euros en 2025, según reflejan las cuentas enviadas a sus afiliados el miércoles. En comparación con el ejercicio anterior, cuando la cifra fue de 3.504.703 euros, se observa un aumento en estas contribuciones del 27%, es decir, casi un millón de euros más.
Los grupos territoriales de Vox transfieren fondos a la caja central bajo el concepto de «compensaciones por los servicios prestados desde la sede nacional», como se detalla en su contabilidad. Estas compensaciones se regulan mediante «convenios de colaboración» firmados por la dirección nacional con sus delegaciones parlamentarias, que estipulan la cuantía que cada grupo autonómico o municipal debe aportar al partido a nivel nacional. Esta forma de financiación está contemplada por la legislación y también es empleada por otros partidos, aunque en el caso de Vox ha suscitado controversias.
En septiembre de 2025, la ex portavoz parlamentaria del partido en Baleares, Idoia Ribas, denunció haber sido presionada para «desviar grandes sumas de dinero» del grupo parlamentario hacia el partido. Añadió que una de las primeras medidas tomadas por su sucesora fue incrementar del 10% al 50% el porcentaje que el grupo de Vox en el parlamento balear destinaría a las arcas nacionales.
Tras esa polémica, Vox defendió este modelo de financiación pese a críticas internas, argumentando que la sede nacional proporciona «servicios esenciales a los grupos municipales y parlamentarios». Según detallaron, estos servicios incluyen «seguridad, posicionamiento y oficina técnica». En Vox mantienen la defensa de ser una formación de carácter «nacional», y por ello centralizan algunos servicios, como los relacionados con el posicionamiento ideológico.
Consultados, en el partido no explican en detalle la causa del aumento registrado en 2025 en esta partida, aunque se presume que podría deberse a una mayor prestación de servicios desde la sede nacional. Resulta notable que el importe recaudado por Vox de sus grupos institucionales en 2025 fue casi un millón de euros superior al año previo, a pesar de que su representación parlamentaria apenas experimentó cambios entre ambos ejercicios.
Durante 2024 solo se celebraron elecciones europeas -donde Vox incrementó sus diputados de cuatro a seis- y autonómicas en Cataluña, País Vasco y Galicia, con escaños estables para Vox (11, uno y ninguno, respectivamente). Sin embargo, en 2025 los grupos autonómicos aumentaron su aporte a las arcas nacionales en 716.862 euros (hasta 2.307.090), y los municipales sumaron 95.648 euros adicionales (totalizando 1.331.432). Los grupos en el Congreso y Senado también aportaron 50.000 euros más, alcanzando 290.000 euros.
La cantidad transferida varía significativamente entre grupos parlamentarios, y no todos incrementaron su colaboración en 2025: Madrid, Asturias, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha disminuyeron su apoyo financiero. En cambio, el grupo de Vox en Castilla y León elevó su contribución de 55.000 euros en 2024 a 260.000 euros en 2025, y Canarias pasó de 76.800 a 276.800 euros.
En cualquier caso, el dinero recaudado por el partido a través de sus delegaciones parlamentarias representa el 27% del total de ingresos ordinarios y el 37% si solo se considera la financiación pública.