Las claves
Alberto Núñez Feijóo propone una reforma electoral que otorgue un extra de escaños al partido que reciba más votos en las elecciones generales, tomando como referencia los sistemas de Grecia, Malta e Italia.
El propósito de esta propuesta es asegurar la estabilidad del Estado y el sistema democrático, como respuesta a lo que Feijóo denomina «ingeniería electoral» por parte del Gobierno de Pedro Sánchez.
Feijóo también sugiere endurecer los requisitos para obtener la nacionalidad y aprobar nuevas leyes orgánicas para prevenir futuras crisis políticas.
El máximo responsable del PP busca alcanzar un consenso para esta reforma, aunque admite obstáculos con el actual PSOE, y relaciona la medida con antecedentes de iniciativas similares en 2011 y 2015.
Alberto Núñez Feijóo quiere contrarrestar lo que llama la «ingeniería electoral» de Pedro Sánchez mediante una reforma de la ley electoral que otorgue un «plus de diputados» al partido que obtenga más votos en las elecciones generales.
Su meta es «proporcionar estabilidad al Estado y a la democracia» frente a las maniobras «interesadas» del Gobierno, que estaría «creando nuevos votantes» a través de 1,3 millones de nacionalizaciones de residentes y los 2,6 millones de potenciales españoles derivados de la denominada ley de nietos.
El líder del PP enmarca esta iniciativa dentro del conjunto de medidas que, promete, aprobará «nada más llegar a la Moncloa». Entre ellas se incluye esta reforma de la LOREG que, según su propuesta, otorgue ese premio de mayoría como sucede en las elecciones generales de Grecia y Malta, e incluso en Italia para las votaciones regionales y locales.
En Grecia, el Parlamento (300 escaños) se selecciona mediante un sistema de proporcionalidad reforzada, aplicando un bonus para el partido que obtiene más votos.
La regla actual establece que el partido más votado a nivel nacional recibe 20 escaños adicionales cuando supera el 25% del voto. Si supera la barrera del 40%, se le concede un «plus de diputados» que puede alcanzar hasta 50.
En Malta, el sistema para elecciones generales es el conocido como Voto Único Transferible (STV, por sus siglas en inglés), que permite al votante ordenar sus preferencias entre candidatos y partidos, repartiendo escaños conforme a las preferencias de los electores.
Sin embargo, la Constitución contempla una corrección: si el partido con más votos nacionales no logra mayoría de escaños tras el reparto, se le asignan representantes adicionales hasta asegurar esa mayoría parlamentaria.
En Italia, el «sistema de bonus a la mayoría» se aplica en ámbitos locales y regionales, aunque no en todas las circunscripciones: la coalición o lista ganadora recibe un bloque de escaños extra para que el alcalde o presidente regional disponga de una mayoría estable.
La primera ministra, Giorgia Meloni, intentó aplicar esta medida a nivel nacional, aunque aún sin éxito.
«Urgencia democrática»
En su intervención, Feijóo describe una «crisis total, una urgencia democrática, ética y moral» que demanda algo más que una simple alternancia ideológica. «No se trata de votar izquierda o derecha, sino de restablecer la decencia en el Gobierno y las instituciones», concluye.
Feijóo asegura que el PP está «actualizando y ampliando» su Plan de Calidad Institucional, presentado en 2023, porque «se ha quedado desfasado» ante los abusos del sanchismo.
Este plan ya contemplaba límites al nepotismo y protecciones para organismos independientes, pero ahora el líder del PP desea plasmarlo en leyes orgánicas que establezcan un «cinturón democrático» para evitar que se repitan situaciones como las de Sánchez.
En esta misma línea, posiciona la reforma electoral con premio a la lista más votada. Feijóo considera que necesitará «un Gobierno muy sólido en la próxima legislatura y movilizar a la población» para respaldar un sistema que garantice mayorías claras.
Las encuestas, que otorgan unas 200 diputaciones a las derechas (PP y Vox), le permitirían proponer esta reforma con legitimidad, aunque el líder del PP prefiere hacerlo mediante consenso, «aunque con el actual PSOE es imposible», admite.
El precedente de 2011
El presidente del PP vincula su propuesta estatal con dos antecedentes previos. «Estamos trabajando en algo que ya presentamos en 2011: una reforma electoral para las entidades locales con un premio de mayoría a la lista más votada para que el alcalde sea siempre el más votado… aunque finalmente se implementó de otra forma», recuerda.
En aquella ocasión, se modificó la LOREG mediante una proposición de ley conjunta en el Congreso, acordada en los últimos meses del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y aprobada por consenso.
La reforma recibió impulso de PSOE, PP, IU, ERC, CiU y el Grupo Mixto. Sin embargo, los grupos rechazaron la propuesta popular de un premio automático de mayoría. El pacto estableció que el número uno de la lista más votada fuera investido alcalde si no se alcanzaban pactos alternativos con mayoría suficiente.
Es decir, se fortaleció la posición del ganador sin instaurar una prima de escaños generalizada para la lista más votada en todos los municipios.
2015: blindar la gobernabilidad
En 2015, con Mariano Rajoy ya en La Moncloa y el sistema de partidos en plena transformación con la inminente aparición de Podemos y Ciudadanos, el PP reabrió el debate sobre la «prima de mayoría», esta vez a nivel estatal.
Durante una convención política en verano, los populares analizaron una reforma que contemplaba un extra de diputados, «de hasta 50 escaños adicionales» para la lista más votada en las generales, inspirada en modelos como el griego.
«Se planteó como respuesta a las propuestas de la llamada ‘nueva política’, como Ciudadanos y Podemos«, explica una fuente del PP de entonces. Según esta fuente, esos grupos proponían variantes al sistema d’Hondt que «buscaban favorecer a los partidos de tamaño medio», y el PP reaccionó con esta idea para proteger la gobernabilidad.
El diseño fue impulsado por el actual vicepresidente segundo del Congreso, José Antonio Bermúdez de Castro. El diputado Rafael Hernando registró la iniciativa en los últimos meses de legislatura, consciente de que no habría tiempo para aprobarla, con el objetivo de «generar debate» y lograr que «todos los partidos se posicionaran».
Pedro Sánchez, entonces líder del PSOE en su primera etapa, rechazó la reforma tajantemente: «El no es para hoy y para siempre», le dijo a Rajoy, según relatan quienes participaron en esas conversaciones.
A pesar de las diferencias, tanto populares como socialistas compartían una preocupación común. El bipartidismo había desaparecido: al PSOE le surgió Podemos desde la izquierda y al PP le aparecieron Ciudadanos hacia el centro, tal como se evidenció en las elecciones bloqueadas de 2015 y su repetición en 2016.
Y la inestabilidad política se manifestó. Tanto que Sánchez terminó saliendo de la Secretaría General del PSOE tras negarse a respaldar la abstención que facilitara la investidura de Rajoy.
Leyes orgánicas
Esa experiencia sigue muy presente hoy en Génova, mientras Feijóo retoma la propuesta de un plus de escaños al partido más votado para prevenir nuevos bloqueos.
El líder del PP no sólo apunta a la estabilidad parlamentaria. También relaciona su reforma electoral con una ofensiva contra «todo lo que hace Sánchez, que es siempre aquello que no beneficia a España ni a los españoles«.
Feijóo anuncia la necesidad de «cambiar la ley de nacionalidad» y advierte sobre posibles conflictos con el Pacto de Migración y Asilo y el Reglamento de Retornos de la UE, tema que ya ha llegado al Tribunal Supremo, según reporta este martes EL ESPAÑOL.
«Nos preocupa porque la nacionalidad representa el mayor vínculo de una persona con su nación», asegura.
Ante esta situación, la respuesta que propone se apoya en tres pilares: nuevas leyes orgánicas para cerrar las grietas «de lo no previsto por la Constitución», una reforma electoral que conceda un extra de escaños al ganador y un endurecimiento de los requisitos para acceder a la nacionalidad.
«Se trata de recuperar el valor de la palabra, de la decencia«, concluye el líder del PP, seguro de que su partido desempeñará «un papel histórico» en la próxima legislatura.