Para el magistrado, la naturaleza de los hechos objeto de la investigación «denota un perjuicio patrimonial vinculado directamente con ingresos de titularidad estatal cuya administración corresponde a la AEAT»
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha planteado a Hacienda, mediante la Abogacía del Estado, la posibilidad de personarse en la pieza separada en la que se indagan las joyas encontradas en la oficina del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, valoradas en 1,3 millones de euros.
En un auto al que ha tenido acceso Efe, el juez propone a la Agencia Tributaria tener el carácter de «potencial perjudicada» por los hechos investigados, relacionados con un posible delito contra la Hacienda Pública y contrabando.
El magistrado sostiene que la naturaleza de los hechos «revela un perjuicio económico directamente vinculado a ingresos estatales cuya gestión corresponde a la AEAT», hecho que, a su juicio, legitima a la agencia para «ejercer las acciones penales y civiles que correspondan».
Durante su declaración ante el juez la semana pasada, Zapatero se negó a ofrecer explicaciones sobre las cerca de 80 joyas que la Policía Nacional halló en una caja fuerte durante el registro en su oficina de la calle Ferraz, en Madrid, señalando que lo hará en una próxima declaración que pedirá dentro de una semana o diez días.
Con anterioridad, el abogado del ex presidente intentó sin éxito aplazar esta parte de la declaración, alegando que contaba con poco tiempo para prepararla desde que la histórica joyería Ansorena tasara las joyas la semana anterior en 1,3 millones de euros.
Esta solicitud fue rechazada contundentemente por el juez José Luis Calama, quien estimó que el descubrimiento de las joyas tuvo lugar el 19 de mayo y que el ex presidente había dispuesto de tiempo suficiente para preparar su defensa.
Tras recibir el informe de tasación, el juez imputó a Zapatero un delito fiscal y otro por contrabando ante la falta de justificación sobre el origen de las joyas.
«Difusión de datos personales»
Por otra parte, la defensa de Zapatero ha solicitado al juez que ordene a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) restringir su investigación estrictamente a los hechos específicos señalados en el auto del 18 de mayo, argumentando que su vida privada «no puede estar sometida a la revisión y conveniencia» de la unidad policial.
En un escrito, el abogado del ex presidente pide al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama que implemente medidas para «evitar la difusión indiscriminada de datos personales» tras el último informe policial, fechado el 22 de junio, que incluye las agendas completas y conversaciones de WhatsApp de Rodríguez Zapatero.
Según la defensa, «el hecho de ser investigado no anula los derechos de un ciudadano, ni autoriza a las autoridades públicas, que deben proteger a las personas, a invadir sin límite su intimidad y vida privada, vulnerar el secreto de las comunicaciones o ignorar su derecho a la protección de datos personales».
«Eso es exactamente lo que ha ocurrido con Rodríguez Zapatero», sostiene el letrado, quien destaca que los medios tienen acceso no solo al último informe de la Udef, sino también a todos sus anexos, es decir, a la totalidad de las agendas y comunicaciones personales (vía WhatsApp) que contienen datos, mensajes y actividades totalmente personales y ajenas al objeto de la causa.
Por ello, se solicita al juez que ordene a la policía judicial restringir su investigación exclusivamente a los hechos concretos delimitados en el auto del 18 de mayo, «prohibiendo expresamente el uso masivo de información obtenida» sobre su representado o terceros para indagar en actividades personales o profesionales del expresidente del Gobierno.
«La vida de Rodríguez Zapatero —continúa— no puede ser objeto de escrutinio por parte de la unidad policial, a su antojo y sin justificación, sin autorización judicial emanada de una resolución motivada que establezca indicios de criminalidad sobre hechos concretos».
En particular, se demanda la devolución al Udef del último informe que sostiene la participación de Rodríguez Zapatero en una «dinámica de intermediación e influencias» con autoridades de Bolivia, «orientada a favorecer los intereses» del grupo empresarial peruano Gloria, «a cambio de una contraprestación económica de 200.000 euros» entre 2024 y 2025.
La defensa solicita la devolución del informe porque se trata de «hechos no relacionados con la investigación actual y que fueron analizados derivado de una investigación prospectiva sin autorización».