Concepción Ordiz, presidenta del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, habría colaborado según la UCO en la manipulación de un contrato público en Avilés a cambio de 575.000 euros para una de las empresas pantalla de la red.
La actual presidenta del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, María de la Concepción Ordiz Fuertes, designada en 2021 por María Jesús Montero debido a que este órgano depende del Ministerio de Hacienda, ayudó a la red de Leire Díez y el ex presidente de SEPI Vicente Fernández a obtener un contrato millonario en Asturias para la empresa Erri Berri, según ha revelado la Guardia Civil, que ha aportado esta información al juez Santiago Pedraz.
«Conchita ha cumplido», escribía Fernández a Leire Díez y a Antxon Alonso, socio de Cerdán en Servinabar, el 21 de enero de 2022. Ordiz, presuntamente en contacto con Fernández, ayudó para que la empresa vasca Erri Berri lograra un contrato público de 2,8 millones para la demolición de baterías de coque en Avilés (Asturias).
Como contraprestación por facilitar la adjudicación, la red de Leire Díez, actualmente bajo investigación en la Audiencia Nacional, habría recibido 575.800 euros mediante una de sus sociedades pantalla, Mediaciones Martínez SL.
El rol de Ordiz habría sido fundamental, detalla la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, para que Erri Berri se adjudicase el contrato. Otra constructora, Lezama, había presentado un recurso, y Vicente Fernández le indicaba a Leire el 10 de enero de 2022: «La presidenta [refiriéndose a Ordiz] ha dicho que el jueves 20 próximo habrá resuelto el recurso de Lezama, rechazándolo y notificándolo el viernes 21». Así ocurrió, lo que permitió a Fernández afirmar, según intercepciones policiales: «Conchita ha cumplido».
Previamente, Fernández comentaba a Antxon y Leire en relación al recurso: «Estoy influyendo para que sea inadmitido por estar fuera de plazo y porque el contrato estaba ya formalizado». Ordiz era una conocida para Fernández: fue directora jurídica de la SEPI, Sociedad Española de Participaciones Industriales, que agrupa a las empresas públicas españolas y sus satélites, y donde el grupo liderado por Cerdán intentó, presuntamente para amañar contratos y cobrar comisiones, introducir a Leire Díez.
El 29 de diciembre de 2021, el ex presidente de SEPI respondía a las solicitudes de Antxon Alonso y Leire Díez con esta frase, que la UCO interpreta como evidencia de las maniobras del grupo: «No debo presionar más de lo que hago; sería contraproducente. Pero que Félix [dueño de Erri Berri] esté tranquilo».
La investigación de la UCO sobre el supuesto amaño del contrato de Avilés revela, a partir de las comunicaciones del grupo por la aplicación Threema, el modus operandi de la organización criminal liderada por Leire y Santos Cerdán durante un «año de trabajo» para alcanzar su objetivo, tal como Fernández señaló en el chat.
El contrato consistía en la demolición de baterías de coque en Avilés para la construcción de un parque empresarial en las afueras de la localidad asturiana, proyecto gestionado por Sepides, la entidad operativa de SEPI. Inicialmente, el contrato se había adjudicado en abril de 2021 a una unión entre las empresas Lezama y Los Álamos.
Apenas diez días después, es Leire quien propone en ‘Hirurok’, que significa ‘Nosotros tres’ en euskera: «Deberíamos decirle a Félix [Azcona, administrador de Erri Berri] cómo anular el concurso. Que al menos eso nos deba, aunque sea imposible cuantificarlo». El método para anularlo consistía en explicarle a Azcona que, «como posible motivo para impugnar la licitación», podían alegar «la firma del informe de valoración de las ofertas y la adjudicación del contrato por la misma persona».
El 19 de mayo, Erri Berri ya había impugnado usando ese argumento. La Administración dio la razón a la empresa el 19 de agosto: «¡Bien! Así aumenta nuestra credibilidad. Y nos deberán algo», afirmó Leire. Pocos días después se publicó una nueva licitación. Al principio, Erri Berri presentó la oferta peor valorada, pero de repente redujo su propuesta económica hasta incurrir en una baja temeraria, lo que habría impedido la adjudicación.
Nada que Vicente Fernández no pueda resolver. El 26 de octubre, el ex presidente de SEPI le dice a Antxon Alonso que «se ha logrado que se admita, aun con temeridad». Esto lo afirmaba cuando, según la Guardia Civil, la oferta aún no había sido siquiera aceptada formalmente.
Cuando surgieron varias solicitudes de recalificación, Erri Berri pidió apoyo al grupo, y Vicente Fernández apuntaba: «Si es necesario, que lo contrasten también con nosotros. Todos nos jugamos mucho».
Posteriormente, Lezama, otra de las empresas licitadoras, interpuso un recurso. De nuevo acudió Fernández en ayuda, el 17 de diciembre de 2021: «He quedado con la Presidenta del Tribunal de Contratos [ordiz en ese momento] para que esté alineada con nosotros cuando se presente el recurso de Lezama».
Fernández mantuvo incluso conversaciones con el sucesor de Ordiz en la dirección jurídica de Sepides y presidente de la mesa de adjudicación, Albert Aragón, quien le aseguró que el recurso sería rechazado, con expresiones como «otra causa de inadmisión que me voy a montar» y «los vamos a derrotar». Finalmente, el 20 de enero de 2022, Erri Berri obtuvo la adjudicación del contrato.