El gobierno municipal encabezado por el actual secretario autonómico, que está siendo investigado por delitos como organización criminal, blanqueo de capitales y tráfico de influencias, entre otros, se encuentra en el punto de mira.
Tráfico de influencias, prevaricación administrativa, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, falsificación de documentos, blanqueo de capitales y organización criminal constituyen el extenso listado de delitos que la Guardia Civil atribuye a seis arrestados en la operación realizada este martes en el Ayuntamiento de Soria, afectando al exalcalde de la ciudad durante casi dos décadas y actual secretario general del PSOECyL, Carlos Martínez Mínguez.
La intervención estuvo coordinada por la Comandancia de Soria con respaldo técnico de la Unidad Central Operativa (UCO) y derivó en la detención de la concejala de Turismo y Medio Ambiente, Yolanda Santos, en el cargo desde 2019 y cercana al círculo del exalcalde soriano y principal referente del PSOE en la región. El registro en las dependencias municipales sorianas, que se prolongó por más de 11 horas, comenzó alrededor de las nueve de la mañana, con agentes de Policía Judicial que entraron acompañados por la propia Santos, según confirmaron fuentes vinculadas a la investigación a este medio.
La concejala, que disfruta de una liberación del 75% en el Ayuntamiento de Soria, donde percibe un salario bruto anual de 40.942 euros, estuvo presente mientras se realizaba la extracción de datos de los ordenadores. Esta inspección judicial se enmarca en unas diligencias iniciadas por la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 3 de Soria y la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Soria.
Durante el desarrollo de la operación, se llevaron a cabo cuatro detenciones en la capital soriana, entre ellas la del esposo de la concejala, y dos más en Madrid. La Guardia Civil realizó tres entradas y registros con autorización judicial: uno en el Ayuntamiento de Soria y dos en residencias particulares relacionadas con la investigación.
Los guardias civiles estaban vestidos de civil y sus vehículos no portaban distintivos oficiales. La indagación se centra en los contratos realizados con la empresa Biosfera Soria S.L., vinculada a la concejala, quien fue administradora de la misma, así como al resto de detenidos. Todos ellos han sido administradores, administradores solidarios o únicos, o mantienen algún vínculo con esta sociedad limitada dedicada a servicios relacionados con el turismo y el medio ambiente.
La pesquisa habría comenzado tras una denuncia presentada ante la Fiscalía por un empresario del sector, según ha sabido este periódico.
Los agentes solicitaron al departamento municipal información específica referida exclusivamente a la empresa soriana, que se dedica a consultoría en educación ambiental y turismo activo. En los últimos años, esta firma ha acumulado cinco contratos públicos, principalmente de servicios, adjudicados por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Soria.
Todo esto ocurrió mientras en el Consistorio capitalino se preparaban las celebraciones de San Juan, que comienzan este miércoles por la noche. Los pregoneros ensayaban en el salón de plenos, ajenos a las actividades paralelas en curso. Las declaraciones de la jurada pregonera parecieron anticipar la tensión: «Hay muchos nervios. Espero poder leer el Pregón y no llorar», comentó sin estar al tanto de lo que sucedía en despachos cercanos.
Por su parte, el Ayuntamiento de Soria emitió un comunicado en el que asegura estar ofreciendo la máxima colaboración tanto a la autoridad judicial como a los agentes encargados del proceso. El consistorio, liderado actualmente por el socialista Javier Antón, indicó que está proporcionando toda la documentación e información solicitada.
La institución municipal explicó que, debido a que las actuaciones están bajo dirección judicial y sujetas a secreto de sumario, no dispone de detalles suficientes sobre el contenido y alcance de las diligencias, por lo cual considera necesario esperar al avance del proceso y a las comunicaciones oficiales que puedan surgir.
Asimismo, el Ayuntamiento hizo un llamado a la prudencia y al respeto por los procedimientos judiciales, solicitando evitar especulaciones hasta que se conozcan con exactitud los hechos investigados. En su comunicado, reafirmó su dedicación a la transparencia, la legalidad y la cooperación con la Administración de Justicia.
El consistorio estuvo liderado hasta el pasado abril por Carlos Martínez, secretario general del PSOE de Castilla y León, quien dejó la Alcaldía tras 19 años para incorporarse a las Cortes autonómicas como procurador.
Después de hacerse pública la actuación judicial, el Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla y León ha exigido explicaciones inmediatas a Carlos Martínez y ha manifestado su preocupación ante los hechos que se están investigando.