La vicepresidenta inicialmente se negó a proporcionar apoyo financiero a Tubos Reunidos en junio de 2021, aunque revocó esta postura tres semanas más tarde.
La actual vicepresidenta tercera del Gobierno, Sara Aagesen, primero rechazó y luego autorizó, tras tres semanas, el rescate de 112,8 millones de euros solicitado por la red vinculada a Santos Cerdán y el PNV. Esta cronología está detallada en el informe elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, al que ha accedido EL MUNDO, sobre la trama organizada en torno a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) y compuesta por su expresidente, Vicente Fernández, Leire Díez y el socio de Cerdán, Antxon Alonso.
De acuerdo con el informe, Aagesen se oponía en un momento crítico para Tubos Reunidos, empresa que atravesaba una crisis financiera próxima a una declaración de insolvencia. Así lo reveló el 16 de junio de 2021 el entonces directivo de Sepi, Miguel Ángel Figueroa, a su exjefe Vicente Fernández, brindándole información confidencial del Consejo Gestor del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) que se había celebrado el día anterior. En ese contexto, Aagesen, quien entonces ejercía como secretaria de Estado de Energía bajo la supervisión de Teresa Ribera, manifestó, según Figueroa, su negativa a socorrer a Tubos Reunidos “por motivos ecológicos”. “La SE Energía [secretaria de Estado] dice que no aprobará TR [Tubos Reunidos]”, informó a Fernández.
Fernández, que trabajaba para el grupo vasco, mostró gran preocupación. “Es decir, se cierra el Fondo”. Aagesen se alineaba así con el secretario de Estado de Economía, Gonzalo García de Andrés, quien, según publicó este medio el 11 de junio, también expresó reservas bajo las directrices de Nadia Calviño. Sin embargo, en dicha reunión, su objeción principal recaía sobre el rescate de empresas hoteleras, argumentando que no eran esenciales porque surgirían otras alternativas.
El 16 de junio, Vicente Fernández contactó con el socio del entonces alto dirigente del PSOE, Santos Cerdán, Antxon Alonso, quien mantenía buenas relaciones con el PNV. La estrategia de la red consistía en movilizar al PNV y otros contactos gubernamentales para asegurar el rescate de su cliente, Tubos Reunidos.
Fernández explicó a Alonso que le consultaba sobre sus vínculos con el PNV porque “la empresa tendría dificultades para obtener financiamiento de la Sepi si no contaba con ayuda desde niveles superiores”.
El auxilio fue logrado tras una rápida movilización, después de la cual Aagesen finalmente aceptó el rescate de Tubos Reunidos. Según la secuencia de eventos, ese mismo 16 de junio, Fernández almorzó con el presidente de Tubos Reunidos y le comunicó la mala noticia. “Le he dado el almuerzo a este hombre”, admitió Fernández a Leire, refiriéndose al rechazo de “VP4”, la vicepresidencia cuarta que entonces ocupaba Teresa Ribera. Irazusta se comprometió a llamar a la consejera de Industria del Gobierno vasco, Arantxa Tapia, quien a su vez telefoneó a la entonces ministra de Hacienda, María Jesús Montero. La Sepi depende de este Ministerio y fue su subsecretaria, Pilar Paneque, quien relató en el Consejo Gestor que Aagesen, ausente ese día, se oponía a la ayuda solicitada por Tubos Reunidos.
La táctica de la red consistía en aguardar esa gestión por parte del PNV y, en caso contrario, “procederían mediante Antxon y Santos”.
Al día siguiente, Irazusta informó que Tapia había llamado a Montero y que su viceconsejero, Javier Zarraonandía, había hablado también con Aagesen. La impresión era que no existía oposición a Tubos Reunidos, pero el 22 de junio, durante una nueva reunión del Consejo Gestor, la directora de Sepi, Martínez Manzanedo, comunicó a Fernández que la operación permanecía bloqueada y que Tubos Reunidos podía enfrentarse a un “concurso de acreedores”.
Irazusta mantuvo una reunión con la presidenta de Sepi, Belén Gualda, quien le manifestó que necesitaba más tiempo.
El 3 de julio, Fernández propuso involucrar no solo al Gobierno vasco, sino directamente al PNV, liderado por Andoni Ortuzar. Además, transmitió a la red la expectativa de obtener algún beneficio tras facilitar el rescate estatal: “Si contribuimos a que la operación se concrete y no fracase, lo justo es que recibamos alguna recompensa por nuestra actuación”.
El 9 de julio, el conflicto parecía encaminarse hacia una solución gracias a la intervención del PNV –socio clave para la investidura de Pedro Sánchez– y de la propia Moncloa. “Vicente informó a Antxon que Belén Gualda había sido convocada en Moncloa. Aunque desconocía el motivo exacto de la convocatoria, Vicente expresó que podría estar vinculado a supuestos contactos entre Antxon y directivos del PNV”, indica la UCO en su informe. Cuatro días más tarde, el bloqueo se desbloqueó. El Consejo Gestor aprobó la ayuda de 112,8 millones. Aagesen delegó en el actual subsecretario del Ministerio de Transición Ecológica, Miguel González Suela, quien emitió un dictamen favorable desde su Departamento. Fuentes oficiales del ministerio no aportaron detalles sobre la evolución de la posición de Aagesen respecto a Tubos Reunidos, pero puntualizaron que, como en cualquier proceso de rescate, “hubo una fase informativa y otra decisoria en el Consejo Gestor”.