«Somos un respaldo para el Estado de Derecho, no una amenaza para él», afirman desde el SUP, que solicitó a Marlaska que se pronunciara, y en Jupol. Otras voces policiales reconocen que «esos cargos a veces se asignan a simpatizantes y así fue como Puigdemont escapó».
«No se puede aceptar que se cuestione la lealtad de los policías nacionales encargados de proteger a las autoridades. Son colegas que han superado procesos de selección sumamente rigurosos y que actúan siempre bajo el marco de la Constitución y la ley. Sugerir que podrían facilitar una fuga, ya sea por iniciativa propia o por mandato de un superior, es una hipótesis infundada que perjudica injustamente a miles de profesionales».
Indignación y rechazo, similares a los expresados anteriormente, son la respuesta de Carlos Prieto, portavoz del SUP, quien exigió que el Ministerio de Interior se manifestara para respaldar a los agentes. Los sindicatos policiales mayoritarios mostraron este sábado una reacción muy severa ante el argumento del juez Juan Carlos Peinado para retirar el pasaporte a Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, debido a la posibilidad de que los policías que la protegen pudieran ayudarla a escapar.
«La ley es el límite, no las personas bajo protección», explicó Prieto, del Sindicato Unificado de Policía. «Nuestros compañeros no actúan fuera del marco legal. No están obligados a cumplir instrucciones manifiestamente ilegales, algo que la legislación establece claramente. La sospecha generalizada planteada desde un juzgado daña a un colectivo completo. No existe ningún indicio ni conducta específica señalada. Es una sospecha que recae sobre miles de agentes que cumplen su labor con profesionalismo cada día».
De manera similar se pronunció un portavoz de Jupol, otra de las grandes centrales, al ser consultado por EL MUNDO: «Un policía jamás incumplirá la ley, ni por órdenes de sus superiores ni de la persona que protege. No comprendemos por qué el juez Peinado escribió algo así, pues implica que la Policía actúa bajo mandatos políticos, y aunque no negamos que eso pueda ocurrir en las cúpulas, que son nombradas políticamente, la función policial no responde a ideologías ni intereses partidistas; decir lo contrario es muy peligroso, desleal e injusto».
Ambas fuentes recordaron lo evidente: que en ocasiones las fuerzas policiales han sido y continúan siendo un instrumento utilizado con fines políticos, como se ha probado en la llamada Operación Kitchen vinculada al PP, o como está saliendo a la luz en el Caso Leire con la directora general de la Guardia Civil, pero «por eso es fundamental no dañar las instituciones desde dentro; afirmar lo que dice Peinado aporta combustible a quienes se oponen al sistema y a las instituciones», afirman en el SUP.
Ya entrada la tarde, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, respondió elevando una «más enérgica protesta» a la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, ante el «grave cuestionamiento a la profesionalidad de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado». Según el comunicado de Interior, la queja se presentó «para que, en su caso, se adopten las medidas oportunas en el ejercicio de sus competencias».
Desde el SUP insistieron: «Hemos condenado en numerosas ocasiones el uso instrumental que se ha dado, y consideramos muy injusto generalizar esa percepción a toda la Policía y hacerlo desde la Judicatura, cuya independencia, naturalmente, respetamos, en defensa del respeto institucional que también solicitamos para nuestra labor».
Desde Jupol aseguraron que «la tarea policial, al proteger cualquier institución, se realiza siempre de igual manera, sin importar la valoración individual que se tenga sobre a quién se protege. Decir lo contrario supone un ataque de una institución hacia otra, una ignorancia sobre la labor diaria policial y una desvalorización de la misma. Los policías hemos jurado defender la Constitución y estamos comprometidos con ello».
Este sindicato añadió a EL MUNDO: «La Policía Nacional representa una garantía para el Estado de Derecho y no constituye un riesgo para él. Su misión es asegurar la ejecución de las resoluciones judiciales y proteger los derechos ciudadanos con imparcialidad. Eso no es negociable».
Peinado escribió textualmente en su auto: «Se sostiene, por el letrado de la acusada, que debido a que es esposa del actual Presidente del Gobierno, siempre está custodiada por miembros de los Cuerpos de Seguridad del Estado, pero [de] lo que no cabe duda es que en algún momento esos agentes pueden, ya sea por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores, ser precisamente quienes colaboren en su fuga».
Por otro lado, fuentes policiales relativizan: «Es cierto que esos puestos de escolta suelen concederse a simpatizantes, y así, por ejemplo, Puigdemont huyó de España. Otra cosa es que lo diga un juez, y así», indicaron estas fuentes.