Las claves
La irregular activación de la Zona ORA en Matalascañas ha generado controversia al cobrarse tickets sin la aprobación legal del pleno municipal.
El contrato de 30 años, firmado entre el Ayuntamiento de Almonte y la empresa Dornier por 8 millones de euros, está en riesgo debido a la ausencia de una ordenanza reguladora.
El alcalde de Almonte, que gobierna en minoría parlamentaria, intentó poner en marcha la zona ORA sin contar con el respaldo del pleno, lo cual generó críticas y estrategias políticas para frenar la medida.
Esta disputa ha dejado a vecinos y comerciantes en una situación incierta, con la suspensión de la zona ORA y la retirada temporal de los parquímetros.
En las últimas semanas, la controversia ha afectado al núcleo costero de Matalascañas, perteneciente al municipio de Almonte en la provincia de Huelva, debido a la activación irregular de la zona ORA durante varias horas.
El 27 de mayo pasado, la Junta de Andalucía anuló el decreto que ponía en marcha esta zona de estacionamiento regulado, al no haberse cumplido el procedimiento administrativo formal. Es decir, faltó la aprobación definitiva por parte del pleno del Ayuntamiento de Almonte.
El principal obstáculo radica en que el actual alcalde de Almonte, Francisco Bella, gobierna con una minoría parlamentaria.
Bella, antiguo militante del PSOE —partido que lideró la localidad durante dos décadas—, actualmente gobierna bajo las siglas de Ilusiona, una formación local que carece de mayoría absoluta debido a la deserción de un concejal al grupo de no adscritos.
Frente a esta realidad, el edil firmó el decreto de la zona ORA sin contar con la aprobación del pleno del Ayuntamiento, lo que llevó a la oposición a calificar su gestión como «una verdadera chapuza«.
Paco Bella cuenta con diez concejales en el equipo de gobierno, mientras que los once concejales restantes están en la oposición, dificultando considerablemente la aprobación de sus propuestas.
Un concejal regresó de urgencia de un crucero
Desde un inicio, la intención del Ejecutivo municipal fue crear una zona de aparcamiento que, durante los meses de mayor afluencia, cubriría casi todo el núcleo costero con zonas de pago.
Para comprender mejor lo ocurrido en el núcleo costero, EL ESPAÑOL se contactó con la Asociación de Propietarios de Matalascañas, que expresó su «satisfacción» por la suspensión de la norma, la cual consideran un «abuso» desde su planteamiento.
Originalmente, la medida estaba prevista entre el 15 de mayo y el 30 de septiembre, con tarifas más elevadas en julio y agosto.
La situación llegó a tal extremo que un concejal opositor, José Miguel Espina, del PSOE, tuvo que volver de urgencia de unas vacaciones familiares en crucero, viajando desde Nápoles hasta Almonte.
Lo hizo realizando dos vuelos de alto coste para llegar a tiempo antes del pleno. Espina se encontró con esta acción del alcalde, que intentaba aprobar la medida aprovechando la ausencia de un edil opositor.
Según ha comentado la vicepresidenta de la asociación, Rosa Arias, se espera que el alcalde siga intentando aprobar la norma durante el verano, aprovechando ausencias puntuales de concejales.
Un acuerdo millonario
El mayor obstáculo para el alcalde no es solo que la ordenanza no sea aprobada, dado el rechazo constante desde la oposición.
El verdadero nudo del problema es que en septiembre de 2025, el Ayuntamiento de Almonte firmó una concesión de 30 años con la empresa Dornier para la gestión del aparcamiento regulado en Matalascañas.
El pacto económico firmado contempla dos partes. Primero, un pago anticipado de 2,1 millones de euros aportados por Dornier al consistorio —lo que corresponde a 70.000 euros anuales durante tres décadas desembolsados al inicio— y una inversión directa de seis millones asumiendo la empresa para obras de asfaltado y señalización en la urbanización.
El alcalde calificó este contrato como un «hito histórico«, señalando además que se trataba de un acuerdo «pionero en la Península Ibérica«.
No obstante, el contrato fue firmado sin una ordenanza reguladora aprobada en el pleno, una condición legal indispensable para habilitar el cobro por estacionamiento, lo que podría llevar a la nulidad del acuerdo.
Por ello, el municipio podría quedar atrapado en una compleja situación jurídica y financiera sin fácil solución, y las experiencias en otros puntos de España no anticipan un desenlace favorable para el gobierno local.
Este escenario expone al Ayuntamiento a una deuda que las arcas municipales no podrán asumir, pues el dinero entregado por Dornier ya fue invertido «casi por completo» en los trabajos de mejora del paseo y calles.
Ya existen casos en Andalucía de situaciones similares, el más reciente en Zahara de los Atunes, pedanía de Barbate (Cádiz), donde su Ayuntamiento adjudicó la gestión de aparcamientos a una empresa privada sin tramitar ni aprobar la propuesta en pleno.
El desenlace concluyó con una querella criminal contra el alcalde por prevaricación. La comparación con lo ocurrido en Almonte es clara: un contrato otorgado, rechazado por el pleno y una ordenanza sin existencia.
Por esto, el alcalde ha anunciado que llevará al pleno esta ordenanza «las veces que sean necesarias», buscando su aprobación ya sea por acuerdo con algún miembro de la oposición o por ausencia de concejales.
Activada ilegalmente varias horas
Este conflicto aumentó cuando la Zona ORA fue activada ilegalmente el pasado 15 de mayo durante varias horas, lo que obligó a la Junta de Andalucía a intervenir, comunicando al Ayuntamiento de Almonte que no puede aplicar la medida sin la aprobación municipal.
La presunta ilegalidad, confirmada por la Junta vía la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública, se basa en que el alcalde, ante la minoría en el pleno, decidió aprobar esta medida unilateralmente, en lugar de formalizarla mediante una ordenanza sometida a debate municipal.
Como consecuencia de esta anulación, el estacionamiento en la zona regulada actualmente es gratuito hasta que se resuelva el conflicto administrativo, una norma que los responsables municipales han calificado para este medio como una «verdadera chapuza», y que hasta ahora ha sido presentada en pleno doce veces.
Parquímetros retirados y un ticket pagado
Aunque desde el Ayuntamiento de Almonte eran conscientes de que el procedimiento no se había cumplido correctamente, la zona de estacionamiento regulado se llegó a activar durante varias horas, lo que llevó a que algunos usuarios pagaran en los parquímetros.
Desde la Asociación de Propietarios de Matalascañas se presentó a este medio como denuncia social uno de los múltiples tiques cobrados a usuarios que emplearon los aparcamientos de pago.
Por su parte, los comerciantes de la zona viven «una situación de incertidumbre», según ha declarado a este medio el presidente de la Asociación de Empresarios de Almonte, Pedro Roldán Cabrera.
Aunque las opiniones varían, en general los comerciantes apoyan la tarificación de la Zona ORA porque genera mayor rotación de vehículos y regulación, aunque desean conocer la situación más en detalle.
Asimismo, la Junta de Chiringuitos de Matalascañas convocará una reunión habitual con motivo del inicio de la temporada estival, donde también se tratará este asunto.
Por ahora, Dornier ha decidido retirar los parquímetros para protegerlos de posibles actos vandálicos, a la espera de nuevas novedades.