Un hombre cumplió 15 años en prisión por delitos de violación, de los cuales fue finalmente absuelto tras detectarse un error judicial en su condena.
El Tribunal Supremo ha dictaminado que el Estado debe indemnizar con 2,5 millones de euros a Ahmed Tommouhi, quien estuvo 15 años encarcelado por delitos de violación de los cuales fue declarado inocente tras identificarse un fallo judicial en su sentencia.
Así lo resolvió la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo en una sentencia que revoca la decisión de la Audiencia Nacional, la cual había ratificado el fallo del Ministerio de Justicia que rechazaba indemnizar al hombre, argumentando que no existía «error judicial en los términos de error craso o evidente».
Sin embargo, la Sala determina ahora que «se evidencia de forma directa, clara y categórica la presencia de una equivocación calificada» manifestada por «la omisión de una prueba pericial objetiva«, su incompatibilidad con la acusación, su posible influencia decisiva en la sentencia y la consecuente ruptura del proceso lógico para formar la convicción judicial».
Bajo estas circunstancias, considera que el requisito de una declaración previa de error judicial «debe entenderse cumplido, ya que dicha declaración se infiere claramente del contenido mismo de la sentencia de revisión».
Los hechos ocurrieron en la noche del 9 al 10 de noviembre de 1991 en los municipios tarraconenses de La Secuita y La Bisbal, en la «misma época» en la que, según la defensa, «se dieron varios incidentes similares en la zona». Las otras dos condenas correspondían a sucesos en Olesa el 5 de noviembre de 1991 y en Cornellá el 7 de noviembre del mismo año.
En 1997, la Sala Segunda del TS anuló la sentencia por los acontecimientos ocurridos en Olesa, que le había impuesto 51 años de prisión por violación, robo y secuestro.
Hubo que esperar hasta 2023 para que el tribunal superior revocara también la condena relativa a lo sucedido en Cornellá, que le había condenado a 24 años y 22 días de prisión por dos delitos de violación y dos faltas de lesiones.
Tras la anulación de la segunda condena por el Supremo en 2023, Tommouhi solicitó al Ministerio de Justicia una compensación económica de 3,6 millones de euros, incluyendo intereses legales, que fue denegada. Posteriormente, acudió a la vía judicial, donde la Audiencia Nacional (AN) también desestimó su solicitud.
La Audiencia Nacional argumentó que para conceder una indemnización deben darse dos condiciones: que se haya producido una prisión provisional indebida y que exista un error judicial. Sobre la primera, señaló que ya se había liquidado correctamente al calcularse conforme a los años de condena, mientras que respecto a la segunda la descartó porque —según afirmó— la Audiencia de Barcelona «no ignoró el informe pericial mencionado».
«Considerando las circunstancias concurrentes, rechazó de forma justificada su relevancia, una motivación no compartida por la sentencia de revisión que, basándose en dicha prueba, aplicó el principio ‘pro reo’ para absolver al interesado», expuso la Audiencia Nacional.