El ex presidente ha rechazado cualquier implicación en actividades ilícitas durante su declaración judicial.
José Luis Rodríguez Zapatero, ex presidente del Gobierno, ha negado en su interrogatorio ante la Audiencia Nacional haber influido en favor de la aerolínea Plus Ultra, ya sea ante algún integrante de la Sepi o ante cualquier funcionario público, según fuentes jurídicas citadas por EL MUNDO. No se ha pronunciado respecto a las joyas descubiertas en la caja fuerte de su despacho, indicando que podría ofrecer aclaraciones dentro de una semana o un poco más.
El ex líder del PSOE ha respondido a las preguntas formuladas por el magistrado José Luis Calama, encargado del caso de corrupción, así como a las de su abogado, el catedrático Víctor Moreno Catena. Se ha negado a contestar a las preguntas de la Fiscalía Anticorrupción, que había solicitado medidas preventivas que el juez finalmente rechazó.
La declaración tuvo lugar en la sexta planta del edificio principal de la Audiencia Nacional y se extendió por aproximadamente tres horas. Es la primera ocasión en la que un ex jefe del Ejecutivo declara como investigado ante un juez en España.
El juez Calama indagó a Zapatero acerca de una comida en el restaurante Portonovo, en la que, según la Udef, se pactó la creación de una sociedad pantalla en Dubái destinada a canalizar el cobro de comisiones por el rescate de Plus Ultra. El investigado afirmó no recordar esa comida y que revisaría su agenda. Añadió que nunca ha constituido una sociedad off shore. Asimismo, negó conocer en 2021 a los directivos de Plus Ultra, aunque admitió haber mantenido una comida en 2024 con el propietario, Julio Martínez Sola.
Durante la investigación se detectó un correo suyo dirigido a su supuesto testaferro, a quien otros investigados llamaban «lacayo» —el también investigado Julio Martínez Martínez— que contenía un archivo Excel con una lista de clientes de Análisis Relevante, empresa clave en la gestión de las comisiones. Zapatero afirmó que nunca elaboró ningún Excel ni suele usar el correo electrónico.
En relación con el contrato central en la causa, que establecía el cobro de un 1 % más IVA sobre el rescate de 53 millones, del que informó EL MUNDO, Zapatero declaró no tener conocimiento de dicho documento. Sobre los informes elaborados para Análisis Relevante, señaló que eran de carácter general, lo que llevó al juez a preguntarle cómo, siendo informes genéricos, se aplicaban a empresas específicas. El ex presidente llegó a afirmar que algunas tareas de consultoría y asesoría se realizaban verbalmente y no por escrito.
El ex líder del PSOE defendió que el empresario conocido como Julito, propietario de Análisis Relevante, le encargaba trabajos de asesoría que Zapatero llevaba a cabo junto con Sergio Sánchez, mientras que sus hijas, mediante su empresa Whathefav, se encargaban de la maquetación.
Según fuentes presentes en la declaración, el juez mostró escepticismo ante estas explicaciones relacionadas con los informes, recordando que en la Audiencia Nacional están habituados a informes semejantes que carecen de respaldo sólido para su credibilidad.
El instructor le consultó sobre sus negocios en China, cuestión que Zapatero negó, afirmando que solo ha visitado el país para impartir conferencias. Calama le exhibió un correo referido a una propuesta de negocio desde China, pero el ex presidente respondió que nunca respondió a ese mensaje.
Imputado por cuatro delitos
Zapatero está imputado en la pieza principal del caso Plus Ultra por los delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales, y en una pieza separada, abierta tras hallar joyas valoradas en 1,3 millones de euros, por un delito contra la Hacienda Pública y otro de contrabando.
Para Calama, Zapatero es el «vértice» de «una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias» cuyo objetivo es «la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante autoridades públicas en beneficio de terceros, principalmente Plus Ultra».
La instrucción judicial indica que los «directivos de Plus Ultra intentaron conseguir la ayuda de 53 millones de euros otorgada por la SEPI a través de vías no legítimas» y recurrieron para ello a la presunta organización criminal liderada por José Luis Rodríguez Zapatero. Según los investigadores, gracias al pago de una comisión al expresidente —canalizada presuntamente a través de su testaferro Julio Martínez Martínez—, la aerolínea logró «alcanzar los objetivos deseados» y recibir la millonaria ayuda pública por parte del Gobierno de Pedro Sánchez.
Zapatero llegó a la sede judicial diez minutos antes de la hora fijada por el juez, las nueve de la mañana. Lo hizo en un vehículo oficial y bajo estrictas medidas de seguridad. La presidencia de la Audiencia Nacional autorizó la petición del servicio de Seguridad de Presidencia del Gobierno para que accediera por la entrada reservada a jueces, fiscales y funcionarios. El ex presidente se volvió brevemente para saludar a los más de cien periodistas presentes y ascendió la escalinata mientras se escuchaban algunos gritos aislados de «sinvergüenza».
A las 9:10 horas, Zapatero comenzó su declaración ante el instructor Calama y cerca de las 13:00 horas abandonó la sede judicial tras una comparecencia que resultó más corta de lo previsto.