Las claves
Por primera vez en la historia de la UE, los familiares directos de dos presidentes españoles, Zapatero y Sánchez, están siendo imputados a la vez en investigaciones judiciales.
Las hijas de Zapatero, Alba y Laura, están bajo investigación por presuntos delitos de blanqueo de capitales y tráfico de influencias mediante la empresa Whathefav SL.
Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, junto a David Sánchez, hermano del presidente, también enfrentan imputaciones por delitos que incluyen corrupción y tráfico de influencias.
Las pesquisas indican la existencia de entramados organizados de corrupción dentro del entorno más cercano de ambos líderes socialistas.
El cúmulo de escándalos de corrupción que afectan al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y al actual jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, amenaza con convertir el reconocido Manual de Resistencia en la introducción a una serie interminable de procesos judiciales.
Esta trama parece salida de la imaginación de David Simon: «Por primera vez en la Unión Europea, familiares de dos presidentes socialistas de un país son simultáneamente señalados por la Justicia. José Luis, acusado de tráfico de influencias, blanqueo de capitales y contrabando de joyas de gran valor, ha sido sentenciado y junto a él, sus hijas Alba y Laura también se encuentran involucradas.»
En cuanto a Pedro, o P.S., sucesor moral e ideológico de José Luis, ha evitado ser investigado, aunque su círculo cercano, desde sus principales colaboradores, Ábalos y Santos, hasta su esposa Begoña y su hermano, el músico David, están implicados en diversas causas judiciales por presunto uso indebido de poder y tráfico de influencias para beneficiar intereses privados».
Sin embargo, ni la UCO, ni la UDEF, ni los magistrados han encontrado indicios de invención. De hecho, este miércoles el juez Calama decidió imputar a Alba y Laura Rodríguez en calidad de administradoras solidarias de la empresa Whathefav SL.
La investigación sugiere que esta sociedad funcionó como una herramienta instrumental para recibir y canalizar los fondos ilícitos relacionados con la trama hacia el círculo próximo a su padre, quien ostenta el título de primer presidente democrático de España en ser investigado.
Este caso se suma a las primeras veces que marca esta no ficción y, dado que el hermano de Pedro Sánchez y su esposa Begoña Gómez también están imputados, el entramado de presuntas corruptelas ligado al PSOE vuelve a colocar a España como el primer país de la Unión Europea en el que dos presidentes del mismo partido cuentan con una cantidad considerable de familiares investigados en procesos judiciales.
Un antecedente similar ocurrió en Rumania en 2015, cuando el primer ministro, Víctor Ponta, del socialdemócrata PSD, y su cuñado fueron imputados por evasión fiscal y blanqueo de dinero.
En años previos, 2012 y 2014, Adrian Nastase y su esposa Dana, también vinculados al PSD, fueron condenados, aunque nunca simultáneamente ni con un número tan amplio de familiares implicados.
El caso español destaca por esta particularidad: en el mapa de la corrupción se han identificado 15 casos que involucran a 97 imputados relacionados directa o indirectamente con el PSOE de Sánchez y Zapatero.
La red de Zapatero
En esta última hipótesis, parte de las pesquisas nacieron tras una denuncia de la Homeland Security Investigations (HSI) estadounidense, afectando directamente al expresidente y su círculo más próximo.
Se les atribuye ser parte de una supuesta organización criminal estructurada dedicada al tráfico de influencias y al blanqueo, que habría usado contactos en altos niveles y un entramado societario complejo para obtener beneficios ilícitos, incluyendo la concesión de ayudas públicas como el rescate a Plus Ultra, y favores en negocios internacionales.
En relación con Zapatero, esta semana también declaró ante Calama sobre el escándalo de las joyas valoradas en 1,3 millones que no declaró ante Patrimonio, contraviniendo además el Código de Buen Gobierno aprobado por su propio equipo.
La investigación revela que esta estructura se apoyaba en un núcleo de colaboradores de máxima confianza para el expresidente.
Destaca en este círculo la secretaria María Gertrudis Alcázar Jiménez, conocida como ‘Gertru’, considerada un «elemento clave operativo» que coordinaba, supuestamente desde la oficina de Zapatero en la calle Ferraz, la documentación que respaldaba los pagos ilegales y dictaba cómo elaborar facturas falsas para justificarlos.
Además, figuras como el amigo íntimo de Zapatero, Julio Martínez Martínez, o Julito, señalado como testaferro y contacto directo con clientes, y Cristóbal Cano, encargado de la administración financiera, cerraban un mecanismo perfectamente coordinado.
Este grupo reducido permitía a Zapatero mantener un liderazgo estratégico absoluto y controlar la red sin implicarse directamente en la ejecución de las acciones más delicadas.
El auto dictado por el juez Calama describe cómo esta organización manipuló, presuntamente, no solo decisiones estratégicas a nivel nacional, como la asignación de fondos públicos a Plus Ultra, sino que también creó una estructura financiera internacional destinada a evadir la supervisión de las autoridades.
Siguiendo las órdenes del expresidente, se habría ideado la creación de una empresa offshore en Dubái para gestionar y esconder el dinero obtenido a través de comisiones millonarias en el extranjero.
Asimismo, la red extendió su influencia ante autoridades de Venezuela para obtener permisos aeronáuticos y habría intervenido en grandes transacciones internacionales de compraventa de petróleo.
Esto configura, según las evidencias judiciales, un caso de uso sistemático de la influencia política a niveles altos con fines de enriquecimiento ilícito y blanqueo de capitales.
De la esposa al hermanísimo
En lo que respecta a Pedro Sánchez, existen dos procesos abiertos. El primero es el caso Begoña, bajo instrucción en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, dirigido por el juez Juan Carlos Peinado, que ha recomendado que el caso sea sometido a un jurado popular.
En este procedimiento figuran como imputados la esposa del presidente, Begoña Gómez, su asistente en La Moncloa, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés.
Los cuatro delitos que sostienen la acusación son presuntos corrupción en los negocios, tráfico de influencias, malversación de fondos públicos y apropiación indebida.
Las acusaciones populares, encabezadas por Hazte Oír, han pedido hasta 24 años de prisión para Gómez y han exigido medidas cautelares que incluyen la retirada del pasaporte, obligación de firma quincenal y prohibición de salida del país, alegando un hipotético “riesgo de fuga”.
En contraste, la Fiscalía ha solicitado en repetidas ocasiones el archivo del caso al considerar que no existen indicios penales.
Mientras la Audiencia Nacional avanza en el caso Zapatero y concluye las indagaciones sobre el caso Begoña, el primer juicio en España en que un familiar directo de un presidente en ejercicio se sienta en el banquillo acaba de quedar visto para sentencia en la Audiencia Provincial de Badajoz.
Durante siete sesiones, el tribunal examinó las presuntas irregularidades relacionadas con David Sánchez, para quien las acusaciones populares solicitan hasta seis años de prisión por supuestos delitos de tráfico de influencias y prevaricación.
La causa, vista para sentencia, se basa en tres hechos clave: su contratación supuestamente a medida en la Diputación de Badajoz, la posterior creación en 2022 de una Oficina de Artes Escénicas diseñada, según las acusaciones, a su beneficio personal, y la colocación de su amigo cercano, Luis Carrero, en el mismo organismo provincial.
Las evidencias y declaraciones aportadas durante el juicio refuerzan la hipótesis de un posible uso instrumental de los mecanismos estatales.
Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil señalaron en tribunal que el entonces presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo, fue el «impulsor» responsable de crear la plaza destinada al hermano del presidente.
Además, se detectó un seguimiento digital de la trama: correos internos de funcionarios de Badajoz enviados el día de la convocatoria de la plaza con el asunto explícito «El hermanísimo«, y mensajes del propio Carrero dirigiéndose a David como «hermanito» en 2022, jactándose de haber «destapado la liebre en Moncloa» poco antes de lograr su cargo público.