Las claves
La demolición del hotel El Algarrobico se vuelve a retrasar tras la decisión de cinco concejales del PSOE y un edil no adscrito de posponer el pleno para anular la licencia.
El PSOE ha comunicado la apertura de un expediente disciplinario para los concejales que respaldaron el aplazamiento, lo que ha provocado tensión interna en el partido.
La suspensión responde a la preocupación por las eventuales indemnizaciones millonarias a la promotora Azata del Sol, que exige 44,5 millones de euros.
La Junta de Andalucía solicitará al TSJA la revocación de la licencia, mientras El Algarrobico permanece en pie tras más de dos décadas y 40 sentencias judiciales.
El 10 de febrero de 2025, María Jesús Montero se desplazó al extremo oriental de Andalucía para posar frente a una construcción imponente, símbolo de la construcción desmedida en la costa. Se trataba, por supuesto, de El Algarrobico.
Montero había sido nombrada secretaria general del PSOE andaluz apenas 22 días antes y viajó a Carboneras con la intención de hacer una promesa impactante inicial: derribar definitivamente una estructura que lleva más de 20 años en ese lugar.
Además, aseguró que se haría «en cinco meses», tras una expropiación por parte del Gobierno de España, al que todavía pertenecía entonces.
Han transcurrido un año y cuatro meses desde aquel fracaso de la candidata socialista a la Junta. El Algarrobico continúa allí, vacío y cubierto de vegetación, en el sitio donde se erigió en 2003. Las obras del hotel se detuvieron en 2006 y desde entonces no ha sido posible su demolición.
Todo parecía listo para que en 2026 se ejecutara el derribo, después de que el Consejo Consultivo de Andalucía declarara «nula de pleno derecho» la licencia de obra, en sintonía con las sentencias previas del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y del Supremo.
Solo faltaba que el Ayuntamiento de Carboneras, que en su momento concedió la licencia y cuyos gobiernos locales han retrasado el proceso a lo largo de los años —hasta el punto de que la Junta le acusó de «prácticas dilatorias»—, diera luz verde. El alcalde, Salvador Hernández (Ciudadanos), mostraba finalmente disposición.
No obstante, en un inesperado giro que parece sacado de un sainete, el último obstáculo para el derribo ‘maldito’ ha surgido desde el propio PSOE de María Jesús Montero.
Cinco concejales socialistas junto con un edil no adscrito respaldaron este miércoles la propuesta de Felipe Cayuela, exalcalde del PP y actualmente concejal no adscrito, de aplazar el pleno hasta conocer el coste que enfrentaría la corporación municipal por la revocación de la licencia.
La noticia generó un fuerte conflicto dentro del PSOE de Almería, donde se ha anunciado que abrirán expediente a los cinco disidentes. Incluso el Gobierno de España, a través de su delegado en Andalucía, Pedro Fernández, tuvo que reafirmar públicamente su compromiso con la demolición.
La indemnización en juego
Desde la administración andaluza expresan incredulidad. «No comprenden esta traición dentro del PSOE. En tiempos anteriores, fueron los principales responsables de este atropello ambiental. No solo generaron el problema, sino que ahora intentan impedir su solución», afirmó la portavoz Carolina España.
Cayuela y los seis concejales que votaron a favor de una iniciativa que vuelve a prolongar un proceso interminable basan su postura en argumentos económicos, señalando que el Ayuntamiento podría enfrentar «reclamaciones patrimoniales» por parte de la promotora Azata del Sol, que reclama una indemnización de 44,5 millones de euros.
El alcalde Salvador Hernández discrepa: «Lo correcto hoy (ayer) era anular la licencia siguiendo el dictamen obligatorio del Consejo Consultivo y no avanzar más allá«. La cuantía y quien debe pagar se determinarán después; lo esencial es acatar el dictamen del Consultivo y la resolución del TSJA.
A 14 metros del mar
Mientras tanto, la Junta de Andalucía ya ha anunciado que solicitará al TSJA que actúe «supletoriamente» para anular la licencia de obra que el Ayuntamiento de Carboneras se niega a revocar.
Para los ecologistas, el hotel representa «el símbolo de la destrucción de la costa española». Con 21 plantas y 411 habitaciones, situado a solo 14 metros del mar, nunca fue habitado.
Sin embargo, sigue en pie, 23 años y 40 sentencias judiciales después, a pesar de que existe consenso para que finalmente se proceda a su demolición.