Las claves
El Tribunal Supremo ha requerido al ministro Félix Bolaños informar al Consejo de Europa sobre la impugnación de la selección de candidatos al TEDH.
Dos juristas, Leonardo Cervera y Carlos Hugo Preciado, han presentado un recurso contra el proceso, cuestionando la independencia del comité de selección.
El comité responsable de elegir la terna está formado mayoritariamente por altos cargos gubernamentales y una vocal del CGPJ.
Aunque no se ha suspendido el procedimiento, el Supremo obliga a notificar la existencia de recursos antes de que el Consejo de Europa nombre al juez español.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha ordenado al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, que informe al Consejo de Europa «con la mayor rapidez» acerca de que se están tramitando dos recursos que impugnan el proceso de selección de candidatos para juez español en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
El Supremo ha aceptado a trámite los recursos presentados por dos juristas participantes en ese proceso: Leonardo Cervera, secretario general en el Supervisor Europeo de Protección de Datos, y el magistrado Carlos Hugo Preciado, actual vocal del Consejo General del Poder Judicial.
Ambos cuestionan, entre otros aspectos, la conformación del comité que entrevistó a los aspirantes y finalmente eligió a Luis Jimena, Ana Salinas y Daniel Sarmiento.
La terna ya ha sido remitida por el Gobierno a la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, órgano encargado de designar al nuevo juez en el TEDH que reemplazará a María Elósegui.
La configuración del comité fue fijada mediante una Orden del ministro Bolaños publicada en el BOE el pasado 12 de enero.
De sus cinco integrantes, tres son altos cargos del Gobierno: el secretario de Estado de Asuntos Exteriores y Globales, Diego Martínez Belío; el secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo; y el subsecretario de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Alberto Herrera.
El cuarto miembro es Paz de Andrés, integrante permanente del Consejo de Estado, posición para la cual fue nombrada por el Gobierno. La quinta integrante es la magistrada y vocal del CGPJ, Gema Espinosa.
Según los recurrentes, un comité con esta composición no cumple los estándares europeos de independencia y ausencia de politización necesarios para elegir a un jurista encargado de ejercer jurisdicción en el Tribunal de Estrasburgo.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo no ha aprobado la medida cautelar de suspender el acuerdo del Consejo de Ministros que, el pasado 26 de mayo, ratificó la terna elegida por el comité.
La decisión no fue unánime, dado que tres de los ocho miembros de la Sala apoyaron la suspensión alegando que «la continuación del procedimiento ante el Consejo de Europa podría frustrar el propósito legítimo» de los recursos.
No obstante, la mayoría consideró que, aunque el acuerdo del Consejo de Ministros impugnado es el último paso sujeto a control judicial por parte del Supremo, «el nombramiento del juez en el TEDH no es inmediato».
«Queda un extenso procedimiento (incluye revisión por un panel consultivo de expertos y la aprobación en la Asamblea del Consejo de Europa) antes del nombramiento definitivo y durante este proceso se evaluará a los candidatos en cuanto a su idoneidad, independencia e imparcialidad según los criterios bajo los cuales fueron seleccionados», añade.
«No solo esta Sala tiene facultad, mediante recurso contencioso-administrativo, para controlar la legalidad del acuerdo impugnado y de la terna elegida por el Gobierno español», señala.
Además, el Consejo de Europa «cuenta con diversos mecanismos de supervisión» para evaluar a los candidatos antes de designar al juez español.
Sin embargo, la Sala sí ha aceptado otra medida cautelar propuesta por los recurrentes para que el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes informe «sin demora» al Consejo de Europa sobre la existencia de estos recursos, que continúan pendientes de resolución.