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- Título del autor, Corresponsal de BBC News Mundo en Colombia
- Fecha de publicación 15 junio 2026
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Gustavo Petro no competirá en la segunda vuelta del próximo 21 de junio, fecha en la que millones de votantes escogerán a su sucesor entre el filósofo progresista Iván Cepeda y el abogado conservador Abelardo de la Espriella.
La Constitución colombiana prohíbe la reelección, pero para el actual presidente está en juego mucho esa jornada.
En Colombia se percibe que el primer mandatario progresista de la época moderna está siendo evaluado por los ciudadanos a través de estos comicios.
Durante su gobierno, impulsó una ambiciosa agenda de reformas que abarcó salud, trabajo, educación, economía, agricultura, medio ambiente, y seguridad y paz.
Tras casi cuatro años en el cargo, varias promesas quedaron pendientes: unas frenadas por la resistencia en el Congreso, otras por limitaciones de tiempo y algunas quizá superadas por las propias expectativas generadas.
Incluso entre los más críticos, se reconoce que Colombia experimentó modificaciones substanciales durante este período. Si esos cambios fueron positivos o negativos, corresponderá decidirlo a los votantes en las urnas.
Iván Cepeda, representante del partido Pacto Histórico de Petro, se compromete a continuar con esa línea de transformación.
En contraste, Abelardo de la Espriella, gran opositor del presidente, propone casi eliminar ese proyecto de reformas.
Así, el historial del denominado «presidente del cambio» está siendo puesto a prueba.
¿De qué manera modificó el país desde su acceso al poder en 2022?
Colombia desde dentro
Petro asumió la presidencia poco más de un año tras el estallido social considerado el más importante en la historia reciente del país.
Las protestas iniciales, con decenas de miles de manifestantes, surgieron en rechazo a una controvertida reforma tributaria del Gobierno de Iván Duque, pero pronto se ampliaron a demandas por mayor justicia social, igualdad y transformación del modelo económico.
La violencia durante las marchas y la respuesta estatal fueron protagonistas desde 2019 y alcanzaron su punto crítico a comienzos de 2021.
Esa represión incluyó homicidios, lesiones oculares, arrestos arbitrarios, agresiones con base en género y raza, desapariciones denunciadas y ataques a la prensa.
Estos hechos, aunque sobrecogen, han sido comunes en episodios anteriores de violencia política y civil en Colombia.
Según el filósofo colombiano Óscar Guardiola-Rivera, uno de los mayores avances de Petro se reflejó en «la desacoplamiento entre los intereses del Estado y los tipos de violencia formales e informales ejercidas sobre sus ciudadanos».
El mandatario modificó el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) para crear una Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden que, en palabras de la policía, «sustituye un enfoque reactivo por uno preventivo, basado en el respeto a los derechos humanos y en comunicaciones asertivas para aliviar tensiones».
Este no fue el único cambio a nivel nacional.
Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Pares, destaca que, desde la llegada de Petro, “solo ciertos sectores elitistas y predominantemente blancos habían dominado cargos públicos”.
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“Por primera vez, sectores tradicionalmente invisibilizados, como la población negra, tuvieron representación en el Estado, con ejemplos en el Ministerio del Interior. Esto genera un vínculo de reconocimiento, particularmente entre comunidades populares. Considero que es la transformación cultural y simbólica más significativa de este gobierno”, añade la especialista.
Asimismo, el diálogo público en el país cambió notablemente.
Se dejó atrás la preeminencia de temas de seguridad y lucha contra las drogas para dar paso a debates sobre derechos laborales, sistema sanitario, pensiones y protección ambiental.
Esto se refleja en que, pese a ciertos desgastes por cuatro años de gobierno, Cepeda consiguió más del 40% de los votos en primera vuelta apoyando una agenda que continúa impulsando el cambio social.
En contraposición, De la Espriella llega a esta segunda ronda como favorito con un 43%, apostando por un discurso radical enfocado en seguridad.
Durante esta administración, la tendencia a la reducción de la pobreza monetaria persistió, situándose en 28% de población en 2026, junto con un desempleo del 8%, cifras más bajas en veinte años.
Colombia hacia fuera
La experta en relaciones internacionales Sandra Borda, de la Universidad de los Andes, señala que otro cambio crucial bajo Petro fue la política exterior.
Describe que el presidente abandonó la tradicional cercanía con Israel y Estados Unidos para asumir una postura crítica, que incluyó la ruptura diplomática con Israel por la guerra en Gaza y tensiones con EE.UU. tras la llegada de Donald Trump.
Además, destaca el foco ambiental: “es el primer gobierno que ha invertido tanto en esta cuestión”.
Esto, a su juicio, ha proyectado una política exterior más constructiva.
En contraste con épocas anteriores, en las que Colombia era vista a nivel internacional como “epicentro de múltiples problemas”, es positivo que el tema ambiental se haya integrado en los consensos globales, explica Borda.
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Petro impulsó la autonomía frente a economías basadas en recursos extractivos en Colombia y buscó erigirse como referente global en este ámbito.
Borda se cuestiona si estos logros se mantendrán o terminarán siendo revertidos, dependientes del «personalismo» del presidente y su trayectoria tras dejar el cargo.
El adversario político De la Espriella anunció que intentará fortalecer la cooperación con Israel y EE.UU., y que promoverá el desarrollo de la minería y la energía en Colombia.
No descartó recurrir a técnicas como el fracking, que ecologistas cuestionan por su impacto ambiental.
Los debes de Petro
Petro concluye su administración con tres reformas aprobadas: tributaria, pensional y laboral.
Estas leyes se impulsaron en uno de los países con mayor desigualdad global, con un 55% de informalidad y una economía entre las menos productivas según la OCDE.
La reforma laboral incrementó pagos adicionales por horas extraordinarias y descansos, limitó la contratación indefinida prolongada y formalizó empleos para miles de madres comunitarias y trabajadoras en hogares infantiles.
En cuanto a pensiones, la reforma amplió la cobertura de millones de jubilados y redistribuyó recursos, transfiriendo la mayor parte a un fondo público y reduciendo el peso de los fondos privados.
Sin embargo, ambas fueron objeto de críticas: la laboral apenas enfrentó la informalidad, y la pensional generó incertidumbre sobre su viabilidad financiera en una población que envejece rápidamente. La Corte Suprema, en efecto, mantiene la reforma parcialmente suspendida.
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No obstante, la principal dificultad para Petro fue la reforma sanitaria.
Esta no solo fue rechazada en el Congreso, sino que, sumado a decretos y acciones tomadas por el presidente con entidades privadas, un sistema que ya enfrentaba desafíos registró demoras en consultas, falta de medicamentos, problemas financieros y un incremento en las quejas de usuarios.
Por otro lado, el gobierno avanzó en el área agraria, un pendiente histórico del país.
La distribución de tierras en Colombia es una de las más inequitativas del mundo. Según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, solo el 1% de propietarios posee casi la mitad del área rural privada.
Durante este gobierno se gestionaron alrededor de dos millones y medio de hectáreas para entregarlas a familias campesinas, formalizarlas y expandir territorios para grupos tradicionalmente marginados como indígenas y afrocolombianos.
Esta reforma ha mejorado la vida de miles de familias, aunque la desigualdad en la tenencia de la tierra sigue siendo un problema no resuelto.
Finalmente, el gobierno de Petro enfrentó cuestionamientos por casos de corrupción que afectaron su imagen.
Entre ellos se destaca la investigación contra su hijo, Nicolás Petro, por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos, así como el escándalo en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.
En este último caso, exfuncionarios son objeto de investigación por supuestamente participar en un esquema que desviaba fondos públicos para sobornar a congresistas y obtener apoyo para las reformas del gobierno.
Ambos procesos están en curso, pero han contrastado con el discurso anticorrupción que Petro mantuvo durante su carrera parlamentaria y su posterior campaña presidencial.
La paz total, la gran frustración
Pocas propuestas de Petro generaron tanta expectativa como la denominada «paz total».
Su objetivo fue entablar un diálogo simultáneo con diversos grupos armados para alcanzar una paz esquiva durante más de seis décadas desde la formación de las primeras guerrillas, y casi una década después del acuerdo para la desmovilización de la guerrilla de las Farc.
A falta de poco para concluir su mandato, esta política no cumplió las expectativas planteadas.
El país ha atravesado repetidas crisis de seguridad en regiones relacionadas con el narcotráfico, como Catatumbo y Cauca, y el asesinato en 2025 del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay reactivó recuerdos de las peores épocas de violencia política en Colombia.
La mayoría de grupos armados continuaron fortaleciéndose en una tendencia iniciada en 2018, y las negociaciones con actores clave como el ELN y disidencias de las Farc, tales como EMC y Segunda Marquetalia, permanecen suspendidas.
Analistas coinciden en ciertas lecciones aprendidas.
“Faltaron estrategias globales para cada mesa de negociación, hubo conflictos entre las políticas de paz y seguridad, las víctimas tuvieron rol limitado y la entrega de armas no quedó bien definida”, ejemplifica Conflict Responses (CORE), una fundación dedicada a investigar y combatir la desinformación en conflictos armados y procesos de paz.
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No obstante, la situación no es completamente negativa.
CORE considera que los ceses al fuego logrados al principio de la legislatura debilitaron a ciertos grupos y que hubo reducciones de violencia en algunos casos.
Añaden que se avanzó en acuerdos para reformas territoriales, titulación de tierras, destrucción de armamento, búsqueda de desaparecidos y sustitución de cultivos ilícitos por otros legales.
Aunque expertos defienden que los retrocesos en seguridad no se deben principalmente a la «paz total», esta insatisfacción, junto con otras asignaturas pendientes y transformaciones emprendidas durante el petrismo, influirán en la decisión del electorado.
Millones de colombianos elegirán entre otorgar otro mandato al cambio impulsado por Petro y Cepeda o dar un viraje radical hacia la visión conservadora y de mano dura que plantea De la Espriella, con la intención de revertir varias de las políticas actuales.