Las claves
El PSOE continúa respaldando a decenas de funcionarios involucrados en 15 procesos judiciales relacionados con corrupción, con un total de 94 personas investigadas y 19 modalidades de delitos.
La SEPI se encuentra en el epicentro de varias pesquisas vinculadas a rescates millonarios para empresas como Air Europa y Plus Ultra, con altos cargos señalados pero que no han sido removidos.
Entre los procesos abiertos destacan imputaciones contra personas cercanas a Pedro Sánchez, su familia y expresidentes como Zapatero, quien enfrenta cargos por tráfico de influencias y blanqueo de capitales.
A pesar de las condenas e investigaciones, el PSOE mantiene unidad y acusa a la justicia de actuar apresuradamente para precipitar la caída del Gobierno antes del verano.
Las cifras correspondientes, posiblemente, a la mayor red de corrupción que ha afectado a un Gobierno en la historia reciente de España, aumentan semana tras semana.
Hay 15 procesos judiciales, 94 investigados y 19 tipos de delitos, que van desde la organización criminal y el blanqueo de capitales hasta el tráfico de influencias, la malversación y la corrupción empresarial.
Y, más allá de los ocho imputados, procesados o acusados que Pedro Sánchez no ha removido, los autos y expedientes trazan una red de decenas de implicados a quienes el PSOE mantiene su apoyo.
La estructura afectada comprende al Ejecutivo, al partido, a la familia del presidente y hasta al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.
Ya existe un condenado —el exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz—; actualmente hay 17 procesados y 76 personas investigadas en las distintas causas en instrucción.
Según las acusaciones presentadas por el PP como parte acusadora este domingo, las penas acumuladas podrían alcanzar los 1.817 años de prisión.
Frente a esta ola imparable, la reacción del PSOE ha sido mantenerse unido. La portavoz de la Ejecutiva, Montse Mínguez, afirmó el sábado en RNE que se está estableciendo «un calendario judicial con mucha premura para que el Gobierno caiga antes del verano«.
Por su parte, Salvador Illa alertó que «ni nos doblegan ni nos silencian» y destacó que los socialistas han ganado «una reputación de credibilidad». El ministro de Transportes, Óscar Puente, cerró la ofensiva del fin de semana denunciando abiertamente una ofensiva político-judicial contra Sánchez.
La SEPI como epicentro
La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) aparece involucrada en al menos tres de las 15 causas abiertas: el rescate de Plus Ultra, el de la aerolínea Air Europa y la trama de contratos vinculada a Santos Cerdán.
No es casualidad: la SEPI administra el conjunto de empresas públicas estratégicas del Estado y controla el flujo de contratos, designaciones y rescates millonarios.
El último episodio tuvo lugar el 8 de junio. El Juzgado de Instrucción nº 49 de Madrid citó como investigado a Bartolomé Lora, vicepresidente activo de la SEPI, por un presunto delito de prevaricación administrativa.
La causa: Lora presidía de manera interina la entidad cuando se aprobó el rescate de 475 millones de euros a Air Europa en noviembre de 2020. Declarará el 3 de julio. Aunque está imputado, el ministro de Hacienda, Arcadi España, no lo ha destituido.
La trayectoria de Lora en SEPI es además más extensa de lo que aparenta.
Cuando Vicente Fernández —persona de confianza de la vicepresidenta María Jesús Montero— tuvo que dimitir en octubre de 2019 por su imputación en el caso Aznalcóllar, Lora asumió la presidencia interina por año y medio.
El verdadero objetivo, según revelaciones de EL ESPAÑOL, no era buscar un candidato definitivo, sino esperar a que Fernández fuera desimputado para reinstalarlo. Leire Díez, la intermediaria de Cerdán, movió influencias activamente para lograrlo.
Vicente Fernández terminó siendo detenido en diciembre de 2025 en relación con el caso Leire. Se enfrenta a 19 años de prisión.
En torno a la SEPI también aparecen otros implicados no imputados que el PSOE sigue respaldando.
Desde altos cargos económicos que respaldaron los rescates hasta Mariano Moreno, exgerente del PSOE con José Luis Ábalos, actualmente reubicado en Enusa, señalados en informes internos por gestionar pagos en efectivo y tener vínculos con el empresario Juan Carlos Barrabés.
La secretaria de Organización socialista actual, Rebeca Torró, no ha anunciado su destitución ni ha ordenado una auditoría específica sobre estas decisiones.
94 investigados
Las 15 causas comparten una característica señalada en múltiples autos judiciales: un denominador común que alcanza el núcleo del poder socialista.
Los procedimientos afectan al Ejecutivo, a la cúpula del PSOE, al círculo familiar de Sánchez y a personas que actualmente o anteriormente ocuparon cargos de control en la economía pública.
Existen al menos ocho imputados que continúan en sus cargos, además de diputados, presidentes de empresas públicas, ministros y altos funcionarios señalados en las agendas de la «fontanera» Leire Díez, notas de la UCO y autos judiciales, quienes cuentan con el apoyo del partido.
Cuca Gamarra, vicesecretaria de Regeneración Democrática del PP, planteó al vicepresidente primero Carlos Cuerpo en el Congreso el pasado miércoles: «El dinero estaba en su área, la económica: y ese era el objetivo«. Cuerpo respondió desviando la atención hacia la reforma laboral.
Los delitos bajo investigación van desde la organización criminal y el cohecho hasta la falsedad documental, la estafa e incluso el contrabando.
- CASO AIR EUROPA. Bartolomé Lora, vicepresidente de la SEPI, es hasta ahora el único funcionario del Gobierno con estatus formal de investigado por el rescate de la aerolínea.
En este caso ya han surgido nombres de altos cargos gubernamentales, de Moncloa e incluso de la esposa del presidente del Gobierno.
La imputación de Lora y la citación de Manuel de la Rocha, director de la Oficina Económica de Moncloa, centran la atención del rescate de Air Europa en Sánchez y Begoña Gómez.
Lora no es un gestor sin relevancia. Cuenta con 36 años en la SEPI —desde la época de Felipe González cuando era el Instituto Nacional de Industria (INI)— y ha sido conocido como el «zar de los rescates», según fuentes internas que confirmaron a EL ESPAÑOL que «todas las gestiones y decisiones pasaban por él».
Supervisó personalmente los expedientes de Air Europa, Plus Ultra, Duro Felguera y Tubos Reunidos como presidente interino, presidente del Consejo Gestor y enlace con Moncloa.
Tres de esas cuatro ayudas están bajo la lupa judicial actualmente, y Duro Felguera, en proceso de disolución, a pesar de los 121 millones inyectados por la SEPI.
- CASO LEIRE / TRAMA FERRAZ. La gerente del PSOE, Ana María Fuentes Pacheco, ocupa el puesto desde 2021, luego de la salida de José Luis Ábalos como secretario de Organización.
El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, la imputó el 26 de mayo, pero ella continúa en un puesto de máxima confianza para la actual número tres del partido, Rebeca Torró.
Según la UCO, Fuentes aprobó pagos a Leire Díez con facturas falsas para financiar las actividades de la llamada fontanera del partido: una conspiración que, según el auto judicial, operó desde Ferraz para desacreditar a jueces e interferir en procesos legales.
A su alrededor figuran otros nombres clave en las agendas de Leire.
Por ejemplo, la diputada Isaura Leal, que según las anotaciones de la «fontanera» intentó contactar con la fiscal general Dolores Delgado para auxiliar a Vicente Fernández en el caso Aznalcóllar.
También, el exjefe de Gabinete de Sánchez y ex presidente de Correos, Juanma Serrano, actualmente en el sector privado.
Y la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, citada en la causa a la espera de concretar su estatus procesal. Ninguno está imputado, pero cuentan con la confianza del líder, no han recibido reproches y conservan sus responsabilidades orgánicas o institucionales.
En este proceso también se indaga en la relación entre la cloaca socialista, la Guardia Civil y la Fiscalía.
La directora del Instituto Armado, Mercedes González, reconoció tres reuniones con Leire durante la actividad de la UCO, mientras que la fiscal general, Teresa Peramato, fue convocada al Senado este martes para explicar la participación de la fontanera en contactos con el Ministerio Público.
Sánchez mantiene su confianza en ambas y ellas permanecen en sus cargos.
- CASO BEGOÑA GÓMEZ. La asesora contratada por la Presidencia del Gobierno para asistir a la esposa del presidente, Cristina Álvarez, fue procesada en abril de 2026 por cuatro delitos: tráfico de influencias, corrupción en actividades comerciales, apropiación indebida y malversación.
Las acusaciones populares piden 22 años de prisión. Sin embargo, sigue en Moncloa, asignada a la Secretaría General de la Presidencia.
Paralelamente, hay otro imputado en esta causa que mantiene su puesto.
Es Luis Prieto Cuerdo, director de Economía Digital de Red.es —empresa pública bajo el ministerio de Óscar López—, investigado por la Fiscalía Europea junto al empresario Juan Carlos Barrabés por presunta adjudicación irregular de contratos financiados con fondos europeos.
- CASO DAVID SÁNCHEZ. El juicio por la contratación del hermano del presidente en la Diputación de Badajoz quedó visto para sentencia el 10 de junio, con 11 acusados sentados en el banquillo.
Cuatro de ellos continúan en sus cargos: por un lado, Ricardo Cabezas, diputado delegado de Cultura de la Diputación de Badajoz; Manuel Candalija, director del Área de Cultura, Deportes y Juventud.
Y por otro lado, Francisco Martos, alcalde de Castuera; y Félix González, jefe del Servicio de Apoyo Jurídico de la Diputación, nombrado para ese cargo en comisión de servicios en marzo de 2025, mientras la causa ya estaba abierta.
- CASO ZAPATERO. José Luis Rodríguez Zapatero está imputado en el caso Plus Ultra por tráfico de influencias y blanqueo de capitales en relación con el rescate de la aerolínea.
Además, el juez José Luis Calama le ha abierto recientemente una pieza separada por delitos fiscales y contrabando relacionados con joyas valoradas en 1,3 millones encontradas en su despacho de Ferraz.
A pesar de la contundencia del auto y de que la Audiencia Nacional le sitúa en el centro de la supuesta red, Pedro Sánchez ha reafirmado su «apoyo total» al expresidente, al menos hasta su declaración, prevista para este miércoles en el juzgado.
- CASO FINANCIACIÓN ILEGAL. La Audiencia Nacional tramita una pieza separada sobre el manejo de pagos en efectivo dentro del PSOE, una supuesta ‘caja B’ socialista; esta investigación, surgida del caso Koldo, llevó al juez Ismael Moreno a declarar secreta la investigación por la gravedad de los hechos.
En este contexto se sitúa la figura de Mariano Moreno, exgerente nacional del PSOE con Ábalos, señalado como responsable de sobresueldos en efectivo, por supuestamente inflar su currículum con cursos vinculados a Juan Carlos Barrabés y ser recolocado después en Enusa, empresa de la SEPI, con un salario garantizado.
- CASO TITO BERNI / MEDIADOR. La jueza describió una red de comisiones ilegales en Canarias relacionada con direcciones generales del Gobierno autonómico durante la presidencia de Ángel Víctor Torres, quien hoy es ministro del Gobierno central.
Mientras tanto, los sumarios detallan gestiones ligadas al Ministerio de Agricultura que han afectado a la estructura de Luis Planas. Ninguno de los dos ha sido cuestionado desde Moncloa, a pesar de los rumores sobre un posible informe patrimonial de la UCO contra Torres.
- CASO MASCARILLAS. En la rama relacionada con las mascarillas, además de Ábalos, Koldo, Víctor de Aldama y otros investigados, los sumarios y los informes de la UCO han ampliado el alcance hacia gobiernos autonómicos que contrataron con Soluciones de Gestión.
Así hicieron los gobiernos de Francina Armengol en Baleares y de Ángel Víctor Torres en Canarias. Ambos fueron promovidos posteriormente por Sánchez: ella como presidenta del Congreso; él, como ministro.
El PSOE ha evitado cualquier depuración más allá de Ábalos, a quien inició un expediente y expulsó del grupo incluso antes de que fuera investigado, y presenta sus corruptelas como «conductas aisladas».
- CASO TRANSPORTES. En la otra ramificación del caso Koldo, relacionada con la adjudicación de obras en el Ministerio de Transportes, el nombre de Raquel Sánchez aparece cada vez con mayor frecuencia, aunque ella sostiene que «todo se ajustó a la legalidad» durante sus más de dos años en el Gobierno.
Un informe enviado al Tribunal Supremo detalla hasta 39 contratos de obra pública vinculados a compañías señaladas por Aldama, con 11 de ellos sufriendo modificaciones significativas durante su etapa como ministra, y la UCO ha confirmado que un alto cargo de su equipo filtró información a Koldo sobre contratos sospechosos.
Sánchez la ha recompensado con la presidencia de Paradores, y ella asegura estar «muy tranquila» respecto a su gestión.
- CASO FISCAL GENERAL. La condena firme en el Tribunal Supremo a Álvaro García Ortiz por revelación de secretos no impide que el Gobierno y el PSOE sostengan que fue «condenado sin pruebas» y promuevan un indulto parcial.
Mientras tanto, el Ministerio de Justicia, bajo Félix Bolaños, ordenó a la Abogacía del Estado recurrir su caso ante el Tribunal Constitucional. El mensaje es claro: incluso con sentencia, la prioridad es proteger a quien Sánchez colocó en la cúpula de la Fiscalía.
¿Y cuatro más?
Pero hay adicionales. El juez de Instrucción Número 49 de Madrid, José María Escribano, ha identificado en sus autos, con nombres propios, a otros cuatro altos cargos que participaron con «voz y voto» en el Consejo Gestor que aprobó el rescate de Air Europa.
Se trata de la actual vicepresidenta tercera, Sara Aagesen; la presidenta de Patrimonio Nacional, Ana de la Cueva; el director de la Oficina Económica de Moncloa, Manuel de la Rocha; y el presidente actual de Correos, Pedro Saura —en ese momento secretario de Estado de Transportes—.
Tras la declaración de Bartolomé Lora el 3 de julio, el juez decidirá si los convoca como testigos o como imputados.
Sus nombres aún no figuran entre los investigados, pero ya están señalados en los autos y forman parte del círculo de máxima confianza de Sánchez. La imputación eventual de cualquiera de ellos implicaría una nueva crisis política en Moncloa y Ferraz.