Las claves
Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, está citada para este lunes en el Juzgado de Instrucción 41 con motivo de la audiencia preliminar en su caso.
Las acusaciones populares reclaman la imposición de medidas cautelares, entre ellas la retirada del pasaporte, la prohibición de abandonar España y la obligación de comparecer ante el juzgado cada quince días, argumentando riesgo de fuga.
El magistrado Juan Carlos Peinado será quien determine si se aplican dichas medidas cautelares, mientras que tanto la Fiscalía como la defensa rechazan esa posibilidad, considerando inexistente el riesgo de evasión.
Begoña Gómez enfrenta cargos por corrupción en los negocios, tráfico de influencias, malversación y apropiación indebida, y podría ser sometida a juicio ante un jurado popular si prosperan las acusaciones.
Si las acusaciones populares implicadas en el caso Begoña obtenienen éxito, se viviría un hecho sin precedentes: la esposa del presidente del Gobierno no podría abandonar el territorio español.
Este lunes, a las seis de la tarde, Begoña Gómez deberá presentarse al Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid para la audiencia preliminar previa al juicio.
Dicha audiencia, que se celebra tras finalizar la instrucción, tiene como finalidad, entre otras cosas, definir el alcance del procedimiento penal previsto para ser juzgado por un jurado popular.
Además, este acto permite que el juez instructor escuche los argumentos tanto de la acusación como de la defensa y decida si existen motivos para llevar a cabo un juicio.
Salvo que la Audiencia Provincial de Madrid resuelva primero varios recursos pendientes, Gómez deberá afrontar este tipo de proceso, donde nueve ciudadanos sin formación jurídica determinarán su culpabilidad o inocencia.
No obstante, antes de llegar a ese punto, este lunes la esposa de Pedro Sánchez comparecerá ante el juez Juan Carlos Peinado, quien realizará no sólo la audiencia preliminar, sino también la vistilla para decidir sobre posibles medidas cautelares.
Es probable que las acusaciones populares en el caso Begoña, encabezadas por Hazte Oír, pidan que se prohíba a Gómez salir de España, que se le retire el pasaporte y se le exija comparecer cada quince días en el juzgado.
Este reclamo se fundamenta en la existencia de un «riesgo evidente y justificado de fuga«.
De hecho, estas peticiones ya fueron expresadas en una reciente ampliación de la acusación inicial, en la que se solicitaba que, de ser enjuiciada, Begoña Gómez recibiera una sentencia de 24 años de prisión.
El juez Peinado había fijado originalmente la audiencia preliminar para el 9 de junio.
El magistrado destacó la imperiosa necesidad de que Gómez y los demás investigados en esta causa —su asistente en Moncloa, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés— comparecieran de manera personal.
Peinado advirtió que, en caso de incomparecencia, podrían ser detenidos y llevados por la fuerza pública.
Sin embargo, el abogado de Gómez, el exministro y exfiscal Antonio Camacho, solicitó aplazar la fecha debido a un conflicto con otro acto judicial, motivo por el que el juez pospuso la audiencia a este lunes.
Poco antes, el 1 de junio, la acusación popular liderada por Hazte Oír presentó una ampliación de la acusación original en el caso Begoña.
En este nuevo documento, la asociación conservadora, junto con los partidos Iustitia Europa y Vox, además del sindicato Manos Limpias, solicitaron retirar el pasaporte a Gómez y prohibirle salir del país.
Además de afectar a sus negocios privados, esta medida, en caso de ser aceptada por Peinado, impactaría en la agenda internacional oficial del matrimonio Sánchez-Gómez.
Por ejemplo, ambos realizaron un viaje a China en abril; la decisión del juez de cerrar la instrucción y proponer su juicio se conoció durante esa visita oficial al país asiático.
La Fiscalía ha pedido en múltiples ocasiones el archivo del caso Begoña, descartando la existencia de delito alguno atribuible a la esposa de Sánchez.
Este lunes, por consiguiente, rechazará la realización de un juicio y se posicionará contra la imposición de medidas cautelares a Gómez.
En la misma línea, el abogado de Gómez argumentará que no existe riesgo de fuga, especialmente considerando que la esposa del presidente del Gobierno cuenta con protección permanente de escoltas.
Jurado popular
En abril, Peinado propuso que Begoña Gómez sea juzgada ante un jurado popular por cuatro presuntos delitos: corrupción en los negocios, tráfico de influencias, malversación de fondos públicos y apropiación indebida.
El juez planteó que el juicio se lleve a cabo ante un jurado popular, es decir, nueve ciudadanos sin conocimientos jurídicos que decidirán sobre la inocencia o culpabilidad de Gómez, su asesora y Barrabés.
No obstante, la Audiencia Provincial de Madrid debe aún resolver varios recursos y determinar si efectivamente el juicio se realizará.
Mientras tanto, este lunes tendrá lugar la audiencia preliminar; la defensa de Gómez impugnó la decisión de Peinado de adelantar este trámite sin esperar el pronunciamiento de la Audiencia madrileña.
Camacho acusó al juez de apresurar excesivamente la finalización de la investigación y de otorgar al proceso una «velocidad de crucero incompatible con las garantías procesales en un Estado democrático».