Las claves
El PP propone que sea el CGPJ, en lugar del Gobierno, quien seleccione a los jueces españoles para el TJUE y el TEDH.
Esta iniciativa pretende eliminar la politización en la elección, siguiendo las recomendaciones del Consejo de Europa en materia de independencia y transparencia.
Actualmente, el proceso de selección está dominado mayoritariamente por cargos gubernamentales, lo que ha provocado impugnaciones ante los tribunales.
La reforma plantea modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial para que el CGPJ garantice un procedimiento basado en el mérito, la transparencia y la capacidad.
El Pleno del Congreso debatirá mañana la consideración de una proposición de ley del Partido Popular destinada a despolitizar la selección de juristas candidatos a jueces españoles en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), con el fin de que esta elección deje de depender del Gobierno.
Se trata de una propuesta inédita que se presentó el 8 de abril pasado, justo durante el proceso de selección de la terna de aspirantes a juez español en el TEDH, proceso que está cuestionado en tribunales debido a la amplia mayoría de miembros del Ejecutivo en la comisión encargada de elegir a los tres candidatos finalistas.
Tanto la selección de candidatos a jueces y abogados generales del TJUE como la de jueces en la Corte de Estrasburgo se realiza en España mediante comisiones bajo el control efectivo de representantes gubernamentales.
Para el PP, esta situación contraviene la tendencia del Consejo de Europa y la Unión Europea, «que han incrementado las exigencias de transparencia, publicidad e independencia en la designación de candidatos nacionales a estos tribunales, estableciendo estándares internacionales aplicables».
De hecho, el 21 de abril la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa aprobó una resolución que insta a los Estados miembros a seguir buenas prácticas en la elección de jueces para el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Entre estas recomendaciones, se señala que los comités que seleccionan candidatos no deben contar con una «composición politizada», ni estar dominados por representantes gubernamentales.
La proposición que mañana discutirá el Congreso señala que el sistema español actual «garantiza el control mayoritario de altos cargos del Gobierno en la toma de decisiones, incumple las directrices del Consejo de Europa (no existe una composición equilibrada entre diferentes ámbitos ni está libre de ‘influencias indebidas’), sigue una línea contraria a la adoptada por numerosos países y vulnera los estándares de independencia que exigen tanto el Consejo de Europa como la Unión Europea para estas designaciones».
El proyecto enfatiza la necesidad de que los órganos colegiados de selección «estén integrados por personas independientes de la estructura gubernamental«.
«Resulta imprescindible reformar el sistema de designación de los candidatos del Reino de España a estas instituciones, de manera que la selección no corresponda al Gobierno, sino que recaiga en el Poder Judicial a través del Consejo General (CGPJ), evitando así la interferencia del Ejecutivo en el Judicial y asegurando la total independencia tanto del órgano proponente como de los candidatos, que quedará así salvaguardada», argumenta.
La proposición incluye reformar un artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el 560.3, para otorgar al CGPJ la facultad de «designar las candidaturas a jueces y abogados generales del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal General de la Unión Europea, a juez titular y jueces ad hoc del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, así como representantes ante el Consejo Consultivo de Jueces Europeos y el Consejo Consultivo de Fiscales Europeos, además del Tribunal Penal Internacional, la Corte Internacional de Justicia y cualquier otro tribunal u órgano jurisdiccional o similar cuyas decisiones sean vinculantes en España».
Mediante una disposición adicional se establecerá la obligación para el Consejo General del Poder Judicial de aprobar en tres meses un procedimiento que garantice que estas designaciones «se realicen bajo criterios de transparencia, publicidad, mérito y capacidad».