El informe anual de CEAR revela que 9 de las 10 nacionalidades con más solicitudes provienen de América Latina y África. Venezuela encabezó en 2025 con 85.413 peticiones

En 2025, un total de 117,8 millones de personas se vieron forzadas a dejar sus hogares por conflictos, persecuciones u otros actos violentos, lo que representa una caída del 4% en comparación con 2024, siendo este el primer descenso en la última década, según el informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). No obstante, esta reducción no refleja una mejora en sus condiciones de vida, sino que se debe al “aumento de las políticas restrictivas de externalización de fronteras y de retornos forzosos” a nivel mundial, tal y como señaló la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), que este lunes presentó su balance correspondiente al año 2025.
Según el reporte de CEAR, España recibió 144.396 solicitudes de protección internacional durante el año pasado, lo que supone un 13,7% menos respecto a 2024, interrumpiendo por primera vez la tendencia creciente. A pesar de ello, España ocupa el tercer lugar en Europa con más solicitudes, sólo detrás de Alemania y Francia.
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Esta disminución en las solicitudes se atribuye, por una parte, al impacto del Reglamento de Extranjería (RELOEX), vigente desde mayo de 2025, que no considera el tiempo de espera durante la resolución del asilo para los diferentes tipos de arraigo; y por otra, al endurecimiento progresivo de las políticas migratorias, particularmente en los acuerdos para el control y externalización de fronteras con países terceros como Marruecos, Mauritania y Senegal, según explica la organización.
América Latina y África continúan siendo las regiones predominantes de origen de 9 de las 10 nacionalidades con mayor número de solicitudes, destacando como novedades Somalia y Guinea, además de Palestina. Sin embargo, Venezuela es el país con más peticiones de asilo, alcanzando 85.413, seguido por Mali con 16.004 y Colombia con 14.524.
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Los datos evidencian que el índice de protección otorgado por España continuó descendiendo de forma significativa, situándose en uno de los niveles más bajos de la Unión Europea, con un 11,2% en 2025, lo que representa una caída del 7,3% en comparación con 2024, muy por debajo de la media europea, que supera el 35%.

Pacto migratorio europeo
Entre las políticas restrictivas de externalización de fronteras y deportaciones forzosas que han impactado en la reducción global de personas desplazadas, CEAR destaca el Pacto Europeo de Migración y Asilo, que entró en vigor el 12 de junio. Esta medida implica un fortalecimiento de las políticas migratorias en el bloque, incluyendo un mayor control fronterizo, la aceleración en los procedimientos y la implementación de un sistema de solidaridad obligatorio.
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La organización resalta especialmente la lista común de países considerados seguros, entre los cuales “figuran estados con graves deficiencias en materia de derechos humanos, como Turquía, Colombia, Egipto y Túnez”. Asimismo, advierte sobre el futuro Reglamento de Retorno, que implica importantes riesgos para los derechos humanos al prever la detención prolongada y expulsiones hacia centros de deportación en terceros países, sin que exista un vínculo previo entre la persona y el país receptor.
“España todavía cuenta con margen para que la implementación del Pacto garantice el respeto a los derechos. Por ello, es necesario que el Gobierno se comprometa a respetar el principio de no devolución, a facilitar el acceso a la asistencia jurídica y a asegurar el derecho a recibir información e interpretación de calidad”, señala Mónica López, directora de CEAR, quien también destaca la importancia de brindar atención específica a las personas en mayor vulnerabilidad, entre las que se encuentran numerosas niñas, niños y adolescentes.
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Disminuyen las llegadas de migrantes a Canarias
CEAR señala que las políticas de externalización de fronteras también han provocado una caída en las llegadas de migrantes a las costas españolas. Según datos del Ministerio del Interior, entre enero y mayo de 2026 arribaron 10.224 extranjeros por vía marítima y terrestre, lo que equivale a un descenso del 35% en comparación con los 15.769 que llegaron en el mismo período de 2025. En las costas canarias se observó una reducción significativa, con 3.184 migrantes, un 71% menos que el año anterior, aunque las llegadas a Baleares por vía marítima aumentaron un 13%, consolidando una ruta emergente procedente de Somalia.
El papa León XIV alertó sobre un “naufragio silencioso” que enfrentan los migrantes tras su llegada y calificó la indiferencia global frente a las muertes en el mar como “un fracaso para la familia humana” durante una visita histórica a un centro de acogida en las Islas Canarias.
Por este motivo, CEAR mantiene la necesidad de que España habilite vías legales y seguras para asegurar el acceso a la protección internacional y evitar más pérdidas de vidas en las rutas migratorias.
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Cabe destacar que, según el último informe de Caminando Fronteras, organización humanitaria que ha recopilado datos sobre víctimas en las rutas migratorias hacia España durante más de una década, el número de personas fallecidas intentando llegar al país entre enero y mayo de este año asciende a 1.317, de las cuales 142 eran mujeres y 129 menores de edad.
CEAR también denuncia en su informe anual que las vulneraciones de derechos no solo ocurren en las fronteras, países de tránsito u origen, sino que “persisten obstáculos en el acceso a derechos básicos en España, lo cual dificulta los procesos de inclusión y agrava las situaciones de vulnerabilidad de las personas migrantes y refugiadas”. Entre estos obstáculos se encuentran el reconocimiento del Ingreso Mínimo Vital, el acceso a una vivienda digna y el empadronamiento, además del “aumento del racismo y la xenofobia”. De hecho, concluyen que los delitos e incidentes de odio contra la población migrante aumentaron un 23,6% en 2025, la cifra más alta desde que el Ministerio del Interior tiene registros.
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