Las claves

El PSOE acusa de una presunta conspiración judicial que busca precipitar la caída del Gobierno antes del verano, señalando un calendario con citaciones decisivas en junio.

Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, está convocada ante el juez el lunes y podría ser llevada por la fuerza pública si no se presenta; Zapatero también deberá declarar esta semana por el caso Plus Ultra.

El PP ha organizado diversas comparecencias en el Senado relativas a casos de corrupción vinculados al PSOE, que afectan a altos cargos y personas cercanas al Ejecutivo.

Dirigentes socialistas han acusado a jueces y a la UDEF de parcialidad, calificando las investigaciones como parte de un plan «golpista» contra el Gobierno.

Varios líderes socialistas renovaron este sábado la teoría de la conspiración judicial que, en esta ocasión, expresan como una urgente necesidad de que el Gobierno caiga antes del verano.

La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, lanzó dicha acusación. Apenas minutos más tarde, el ministro Óscar Puente denunció una operación “golpista” encaminada a derrocar al Gobierno.

Con ello, el PSOE atribuye a una conspiración de jueces el conjunto de citaciones y declaraciones previstas para el cierre de junio, vinculadas a asuntos sensibles para el Ejecutivo: el caso Begoña, el caso Zapatero y el caso fontanera.

La primera audiencia será el lunes próximo: Begoña Gómez está convocada a una vista inicial ante el juez Juan Carlos Peinado, quien le notificará la decisión de enviarla a juicio con jurado popular (integrado por nueve ciudadanos seleccionados al azar).

En caso de no acudir, la esposa del presidente «será llevada por la fuerza pública«, según advierte Peinado en su auto.

También están llamados a declarar los otros dos imputados: la asistente de Begoña Gómez en Moncloa, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés.

Por otro lado, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero debe declarar miércoles y jueves como investigado ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que instruye la causa Plus Ultra.

Zapatero deberá explicar, en primer lugar, la procedencia de las joyas con rubíes, diamantes y esmeraldas, valoradas en 1,3 millones de euros, encontradas por la UDEF en la caja fuerte de su despacho en la calle Ferraz.

Además, tendrá que responder a las evidencias que lo señalan por un posible delito de tráfico de influencias, que supuestamente le permitió percibir comisiones millonarias vinculadas al rescate de Plus Ultra y a negocios relacionados con el comercio de oro y petróleo de Venezuela.

Su abogado, Víctor Moreno Catena, experto en Derecho Procesal, está trabajando para anular la principal prueba que dio origen a la investigación.

Dicha prueba es la copia del teléfono móvil de Rodolfo Reyes (principal accionista de Plus Ultra), realizada en 2021 por la agencia estadounidense HSI (Homeland Security Investigations), cuyo contenido fue entregado a la Audiencia Nacional en marzo pasado.

De forma paralela, el PP ha programado en el Senado para este mes de junio una serie de comparecencias de altos cargos vinculados al escándalo de la fontanera Leire Díez.

El martes, la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, deberá presentarse ante la comisión de Interior del Senado para esclarecer sus reuniones con la fontanera de Ferraz.

El ministro Fernando Grande-Marlaska negó inicialmente estos encuentros, hasta que González tuvo que admitirlos al comprobarse que la UCO los había geolocalizado y documentado en sus informes.

Según el sumario que dirige el juez Pedraz, Leire Díez buscaba en dichas reuniones que la dirección de la Guardia Civil iniciara expedientes disciplinarios (como efectivamente ocurrió en algunos casos) contra agentes de la UCO encargados de investigar la corrupción en el PSOE.

Marlaska deberá declarar el 30 de junio ante el Senado para detallar cómo Leire Díez logró acceder a la cúpula de la Guardia Civil con el propósito de obstaculizar las pesquisas de la UCO.

Antes de esa fecha, el viernes 19 de junio, el PP ha solicitado la comparecencia de la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ante la comisión de Justicia del Senado.

La fontanera Leire también consiguió al menos dos reuniones con el teniente fiscal Diego Villafañe, mano derecha del entonces fiscal general Álvaro García Ortiz.

Como en el caso de Mercedes González, la Fiscalía General solo reconoció estos encuentros (no registrados oficialmente) tras revelar la UCO que los había monitorizado y geolocalizado.

Este mes de junio reserva más citas comprometedoras para el Gobierno, además de una amenaza inminente, ya que se espera la sentencia del Tribunal Supremo contra José Luis Ábalos y Koldo García por el caso mascarillas.

La Fiscalía Anticorrupción (que no ha cedido pese a las maniobras de Leire Díez) solicita 24 años de prisión para el exministro y 19 años y medio para su asesor.

Después llegará la sentencia contra el músico David Sánchez (hermano del presidente del Gobierno) y el exsecretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, cuya vista oral concluyó esta semana en la Audiencia Provincial de Badajoz, aunque su resolución demorará más tiempo.

Así, los líderes del PSOE han reavivado durante el fin de semana la teoría sobre la conspiración “golpista” de los jueces, que supuestamente quieren derribar al Gobierno cuanto antes.

El «golpe de Estado»

En una entrevista con RNE, la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, denunció este sábado que «se está estableciendo un calendario judicial apresurado para que el Gobierno caiga antes del verano».

Consideró muy sospechosa la celeridad con la que el juez Calama citó a Zapatero, mientras que la causa que involucra al exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, imputado desde hace más de un año en un juzgado de Tarragona, continúa sin avances

Mínguez reiteró la «confianza absoluta» del partido en el expresidente Zapatero, actualmente imputado por cuatro presuntos delitos en el caso Plus Ultra: tráfico de influencias, blanqueo, delito fiscal y contrabando.

Pocos minutos después, el ministro Óscar Puente atribuyó la difícil situación del Gobierno a una trama «golpista».

“Hay quienes voluntaria o involuntariamente caen en la trampa de los golpistas. Ni yo, ni el Gobierno, ni el PSOE lo hacemos”, escribió Puente.

Este mensaje está dirigido a los socios que piden explicaciones al Gobierno sobre los casos de corrupción.

Sin embargo, según el ministro de Transportes, no existe nada que justificar, pues todo sería producto de un complot de los «golpistas» para derribar al Gobierno.

En el Consell Nacional del PSC celebrado en Terrasa, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, aludió indirectamente a esta misma conspiración.

“No somos ingenuos, quiero ser muy claro, vemos lo que sucede”, alertó, “quiero decirlo con claridad: a los socialistas ni nos doblegan ni nos silencian”.

En los días recientes, el portavoz parlamentario Patxi López y el ministro Óscar López han denunciado un doble estándar judicial en la distinta rapidez con que se avanzan causas que afectan al PSOE y al PP.

El apretado calendario del mes de junio incluye otra cita para el presidente Pedro Sánchez.

El 24 de junio deberá presentarse en el Congreso para responder acerca de los casos de corrupción que afectan al Gobierno.

Esta comparecencia fue anunciada tras la imputación de Zapatero, pero Sánchez optó por aplazarla un mes para reducir la tensión mediática.

Probablemente, esta cita cause menos preocupación.

Juega con cartas a su favor, ya que podrá hablar sin límite de tiempo para responder al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo.

Sin duda, Moncloa habrá preparado argumentarios que incluirán referencias a la Gürtel, Kitchen y otros escándalos de corrupción del PP de las últimas tres décadas.

Además, como en ocasiones anteriores, Sánchez empleará su intervención para relativizar las acusaciones opositoras, incluyendo explicaciones sobre su papel en la última reunión del Consejo Europeo.

Finalmente, Sánchez entiende que sus aliados intensificarán las críticas, pero bajo ningún concepto provocarán la caída del Gobierno.

Gertru en el Senado

En cambio, buscarán obtener nuevas concesiones del Ejecutivo para mantener a Sánchez en la Moncloa hasta 2027.

El PP también ha convocado para la última semana de junio varias comparecencias en el Senado relacionadas con la oleada de casos de corrupción que rodean al PSOE.

Para el 29 de junio se ha citado a la secretaria de Zapatero, Gertrudis Alcázar, y al excomisario del aeropuerto de Barajas, Jesús María Gómez.

Este último fue testigo de la llegada de Delcy Rodríguez a Barajas, donde fue recibida por Ábalos, y posteriormente fue premiado por Marlaska con un nuevo destino.

Al día siguiente, 30 de junio, está convocado en el Senado el ex vicesecretario general del PSN Ramón Alzórriz, cuya pareja estuvo empleada por Servinar, la constructora en la que era accionista Santos Cerdán, que recibió contratos millonarios del Ministerio de Transportes y del Gobierno de Navarra.

La ofensiva del PSOE contra los jueces para ocultar sus casos de corrupción no es una novedad.

El ministro de Transformación Digital, Óscar López, fue tajante el jueves al declarar que «hay jueces que prevarican. Y si no son ellos, es alguien de su entorno, para que se entienda».

Estas palabras fueron pronunciadas durante la entrega de un premio del diario Público al exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, sancionado con dos años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos.

Hace solo una semana, el ministro Óscar López acusó a los jueces de fabricar relatos al instruir las causas: «He visto cómo se redactan sumarios que podrían aspirar al Premio Planeta como obra literaria», ironizó en un acto de las Juventudes Socialistas.

Por su parte, el ministro de Transportes, Óscar Puente, dedicó un video de diez minutos a desacreditar la labor de la UDEF, la unidad que investiga casos de corrupción económica como Policía Judicial.

Puente acusó a la UDEF de “falta de rigor”, de “mancharlo todo” y de incluir «falacias» y «especulaciones absurdas y ridículas» en sus informes.

Todo esto con el propósito de desacreditar los informes de la UDEF que han llevado al juez Calama a imputar a Zapatero por cuatro presuntos delitos.