Las nuevas normas migratorias del bloque entran en vigor el viernes tras meses de disputas políticas. Estas son las modificaciones que ahora están activas.
Una reforma significativa de las reglas migratorias europeas, dirigida a reforzar los controles fronterizos y a renovar el procedimiento de asilo, comienza a aplicarse este viernes.
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«Por primera vez existe un sistema europeo integral,» declaró Magnus Brunner, el responsable de migración de la Unión Europea, señalando que la reforma proporcionará a los países miembros un mayor control sobre sus fronteras.
Estos son los elementos principales de la nueva iniciativa:
Controles fronterizos reforzados
Los migrantes que entren irregularmente en la Unión Europea serán sometidos a verificaciones de identidad y seguridad en un proceso que podrá durar hasta siete días.
Se recopilarán documentos de identidad y datos biométricos, como el rostro y las huellas digitales, que se almacenarán en una base de datos.
El objetivo del examen es determinar quiénes serán elegibles para un trámite de asilo acelerado o el procedimiento estándar, y quiénes deberán ser devueltos a su país de origen o de tránsito.
Rechazo rápido
Uno de los principales problemas en el sistema migratorio de la UE para algunos estados miembros ha sido la escasa autonomía en la toma de decisiones sobre la tramitación de migrantes y la duración de estos procesos.
El nuevo sistema pretende acelerar los procedimientos, especialmente en casos de denegación.
Los solicitantes de asilo considerados riesgosos para la seguridad o con probabilidades bajas de obtener el estatus de refugiado —por ejemplo, nacionales de países como Marruecos y Bangladesh, cuyos ciudadanos enfrentan rechazos en al menos el 80% de los casos— serán atendidos con mayor rapidez.
Estas solicitudes se tramitarán en centros ubicados cerca de las «fronteras externas» de la UE — incluyendo fronteras terrestres, puertos y aeropuertos — en un proceso que puede durar hasta 12 semanas.
Para otros solicitantes, seguirá vigente el trámite habitual.
Mecanismo de solidaridad
Según las normas de la UE, el país en el que un migrante irregular pisa por primera vez es responsable de gestionar su caso.
Esto genera presión sobre Italia, Grecia y Malta, que han recibido la mayoría de llegadas terrestres y marítimas en los últimos años.
Con el fin de aliviar esta carga, la reforma establece un mecanismo de solidaridad que obliga a los estados miembros a acoger un número determinado de solicitantes de asilo que lleguen a otros países.
Como alternativa, los estados pueden abonar 20.000 euros por cada solicitante de asilo a los países más afectados.
Al menos 30.000 solicitantes de asilo al año estarán sujetos a este sistema de redistribución.
Las negociaciones relacionadas han sido complejas: en la primera ronda el año pasado, varios países se negaron a aceptar cualquier reasentamiento.
Plan de contingencia
El paquete establece una respuesta de emergencia ante incrementos inesperados en los flujos migratorios, similar a la crisis que enfrentó la UE en 2015-2016, cuando más de dos millones de solicitantes de asilo ingresaron al bloque, muchos provenientes de Siria y Afganistán, países en guerra.
Permitirá a los estados miembros limitar las protecciones para los solicitantes de asilo, posibilitando mantenerlos en centros de detención en las fronteras externas de la UE por periodos mayores a lo permitido habitualmente.
Este sistema también se aplicará en casos de la llamada «instrumentalización» de los flujos migratorios, acusación dirigida frecuentemente a Bielorrusia y Rusia, a quienes los países fronterizos de la UE responsabilizan de impulsar cruces irregulares con el fin de desestabilizar al bloque de 27 naciones.
Críticas a los nuevos mecanismos
Organizaciones defensoras de derechos humanos expresan inquietudes en múltiples aspectos del nuevo sistema.
Argumentan que las nuevas normas implicarán, de facto, que la mayoría de los migrantes, incluidos los menores, permanezcan detenidos durante todo el proceso.
Además, preocupa que los procedimientos acelerados y la toma rápida de decisiones en casos individuales conlleven, en muchos casos, a periodos prolongados de detención para los migrantes que llegan.
Una docena de estados miembros aún no han completado los preparativos, incluyendo la instalación de la infraestructura requerida para implementar los nuevos procedimientos de control.
Otros enfrentan dificultades con la base de datos biométrica.
La opinión pública se ha endurecido aún más respecto a la migración desde la adopción de estos cambios, impulsando a los países de la UE a demandar medidas adicionales.
Un nuevo paquete de medidas diseñado para impulsar las deportaciones de solicitantes de asilo rechazados se encuentra actualmente en trámite legislativo dentro de la UE.
Esto intensifica las preocupaciones de las organizaciones defensores de derechos humanos, que consideran que las cuestiones humanitarias están siendo relegadas por razones políticas en Europa.
Fuentes adicionales • AP, AFP