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- Autor, Redacción
- Título del autor, BBC News Mundo
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El gobierno ecuatoriano solicitó este jueves ayuda internacional para esclarecer la muerte de la activista polaca Monika Silva Koniuszek, encontrada fallecida el lunes en su residencia de Montañita, en la provincia de Santa Elena, al suroeste del país.
Al día siguiente del hallazgo, el ministro del Interior, John Reimberg, manifestó que, a la espera de los resultados de la autopsia, la hipótesis inicial apuntaba a un suicidio: "En el sitio se hallaron indicios suficientes que apoyan esa conclusión", declaró a medios locales.
Sin embargo, con el transcurso de los días, la Unión Europea exigió "una investigación rápida, exhaustiva, independiente y transparente que permita aclarar los hechos y asegurar la rendición de cuentas".
El gobierno de Polonia, por medio de su embajada en Perú, que también gestiona asuntos diplomáticos en Ecuador, se sumó a la solicitud de indagar el caso y subrayó la importancia de proteger a los líderes sociales.
"Brindar condiciones seguras para el desempeño de la actividad ciudadana, así como para el ejercicio de los derechos fundamentales y libertades civiles, es una obligación primordial de cualquier Estado de derecho", declaró la representación diplomática.
Silva ejercía como presidenta de la Fundación La Integridad, una entidad dedicada a promover la transparencia, el control social y la participación ciudadana; además, había reportado presuntos casos de corrupción, conflictos sobre la propiedad de tierras, irregularidades administrativas y problemas ambientales en Santa Elena.
También había reclamado justicia por la muerte de Robinson del Pezo, periodista comunitario de la provincia que investigaba denuncias relacionadas con supuestas irregularidades en la gestión de terrenos.
El martes, decenas de personas se reunieron en un plantón con velas en Manglaralto, exigiendo justicia en relación con el fallecimiento de la activista.
"Veeduría ciudadana"
En su perfil en la red social X, ella se definía como "activista anticorrupción, defensora de la Pachamama y de grupos vulnerables". En la descripción de su cuenta añadía: "No es necesario haber nacido en Ecuador para amarlo y defender lo justo".
"Monika dedicó sus años a luchar por la mejora de las condiciones de vida de la población rural de Santa Elena, profundamente afectada por la pobreza, la desnutrición infantil, el desempleo y la carencia de servicios básicos", expone su fundación La Integridad en su página web.
Para esta ONG, la raíz de dichos problemas reside en "la corrupción sistémica y la injusticia arraigada".
Como indica el portal ecuatoriano Primicias, "Montañita, lugar donde residía la activista, es una comuna turística relevante en Santa Elena, con una notable presencia de extranjeros que permanecen de paso o se han radicado allí".
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Por otro lado, el diario La Hora difundió el testimonio del periodista Iván Flores, quien conoció a Silva en 2025:
"Al menos los últimos 12 años de su vida los dedicó al ejercicio de la veeduría ciudadana y el activismo anticorrupción, porque la península de Santa Elena posee atractivos turísticos y una naturaleza valiosa, que podría sostener económicamente a las comunidades".
"No obstante, existen fuertes intereses inmobiliarios que poco a poco han ido transformando la vida diaria de estas zonas", puntualizó Flores.
Recientemente, la Fiscalía ecuatoriana extendió una invitación a peritos extranjeros para que participen en la investigación, aportando "elementos técnicos especializados" que contribuyan al desarrollo de diligencias y al esclarecimiento de los hechos.
"El compromiso es colaborar para que la verdad se conozca plenamente y no quede duda acerca de lo acontecido", afirmó el Ministerio del Interior.
Inseguridad en Ecuador
El fallecimiento de la activista polaca, cuya causa aún no está confirmada como suicidio o homicidio, se divulgó en un mes que inició complicado para las autoridades ecuatorianas en materia de seguridad.
El 4 de junio, las autoridades de Guayaquil confirmaron que los cuerpos hallados dentro de sacos de yute en una zona rural de la costa ecuatoriana correspondían a ocho jóvenes reportados como desaparecidos desde el 31 de mayo.
Este grupo, compuesto por personas entre 15 y 31 años de edad, había partido ese día en cuatro motocicletas desde la llamada T de Daule con destino a Milagro, ciudad ubicada a menos de una hora de distancia.
Los cuerpos fueron encontrados apilados junto a una carretera en la provincia de Los Ríos.
Ese mismo día, el general Mauricio Salazar, jefe de la Fuerza Aérea de Ecuador, reconoció la responsabilidad del Estado por la desaparición y muerte de cuatro menores en 2024: los hermanos Ismael y Josué Arroyo, Saúl y Steven, conocidos como los 4 de Guayaquil.
Los cadáveres aparecieron calcinados y con huellas de tortura en un río cercano a la base aérea de Taura, ubicada a 35 kilómetros de la ciudad.
El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, había atribuido inicialmente la desaparición a "grupos delincuenciales"; sin embargo, días después modificó la versión, reconociendo que los menores fueron retenidos por una patrulla de 16 militares que se desplazaban en dos vehículos.
El jefe de la Fuerza Aérea ofreció disculpas públicas y asumió la responsabilidad estatal ante las familias de los menores.
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Estos acontecimientos ocurren un año después de que el presidente Daniel Noboa emprendiera su segundo mandato, comprometiéndose a recuperar el control en Ecuador mediante la lucha contra la inseguridad y declarando guerra al crimen organizado.
Desde entonces, su política de seguridad ha consistido en la emisión continua de decretos de toque de queda o estados de excepción en varias provincias, limitando ciertos derechos ciudadanos para frenar la violencia y la criminalidad.
Desde que asumió la presidencia por primera vez en 2023, Noboa ha implementado siete toques de queda, el último de ellos en mayo pasado, aplicándose en nueve provincias.
Estas medidas incluyen restricciones a la libre circulación de personas y la suspensión del derecho a la inviolabilidad del domicilio, autorizando a las fuerzas de seguridad a realizar allanamientos.
No obstante, las cifras de homicidios en Ecuador continúan creciendo de forma significativa: 2025 cerró con 9.216 asesinatos, según el Ministerio del Interior, convirtiéndose en el año más violento registrado en la historia del país, con un aumento del 30,48% en comparación con 2024.