Según auditores de la UE, la Comisión Europea careció de mecanismos efectivos para supervisar el avance y dependió de prestamistas internacionales para controlar el progreso en el sector transporte de los Balcanes, lo que resultó en la liberación de fondos por encima del nivel de trabajo realmente realizado.
La Unión Europea ha destinado €527 millones a un fondo emblemático cuyo objetivo es mejorar la conexión del Oeste de los Balcanes con la red de transporte del bloque.
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A pesar de que la iniciativa se lanzó hace más de diez años, los auditores europeos advierten que la región probablemente no completará su red principal de transporte europeo antes del plazo fijado en 2030.
Mientras la UE intenta profundizar sus vínculos con países candidatos y ampliar su influencia en el Oeste de los Balcanes, el bloque todavía carece de una visión confiable sobre si los numerosos proyectos financiados en la zona se están ejecutando puntualmente y con ajustes presupuestarios adecuados, de acuerdo con la última auditoría del Tribunal de Cuentas Europeo (ECA), presentada el martes, pocos días después de la cumbre UE-Balcanes Occidentales en Montenegro.
Las conclusiones del ECA abarcan desde 2015 hasta mediados de 2025, periodo en el que la Comisión Europea asignó €527 millones a infraestructura regional de transporte por medio de los fondos de los Balcanes Occidentales. Los auditores examinaron 12 proyectos específicos de carreteras, ferrocarriles y vías fluviales con un valor total de €341,6 millones en Bosnia y Herzegovina, Kosovo, Macedonia del Norte y Serbia.
Estos resultados plantean dudas significativas sobre la supervisión de uno de los programas de inversión más estratégicos de la UE en una región clave para las aspiraciones de ampliación del bloque.
“En materia de ampliación de la UE, disponer de una infraestructura bien desarrollada es fundamental para cumplir los criterios de adhesión. Los proyectos de transporte en los Balcanes Occidentales avanzan con lentitud para conectar la región con la UE en esta década”, expresó Laima Andrikienė, miembro del ECA responsable del informe.
“La Comisión debería optimizar la selección, el seguimiento y la sostenibilidad de los proyectos, además de aumentar la visibilidad de las iniciativas financiadas por la UE en esta zona.”
Los programas de financiación de la UE están diseñados para ayudar a países candidatos y potencialmente candidatos, principalmente en el Oeste de los Balcanes, en la implementación de reformas políticas, institucionales y económicas que los alineen con los estándares europeos.
Desembolso imprudente de fondos de la UE
Los auditores de la UE revelaron que la Comisión frecuentemente otorgó subvenciones globales que superaban ampliamente el progreso real alcanzado por los proyectos, lo cual debilitó su capacidad para utilizar estos fondos como instrumento para garantizar el cumplimiento y mantener la construcción en marcha.
Además, en un análisis crítico al programa financiero del bloque para los Balcanes Occidentales, los auditores encontraron que la Comisión ha dependido cada vez más de prestamistas internacionales para supervisar las carreteras, ferrocarriles y vías fluviales que atraviesan los cuatro países balcánicos.
Si bien las obras generalmente cubren las necesidades principales de infraestructura de la zona, los auditores concluyeron que la supervisión de su ejecución por parte de la Comisión es frecuentemente insuficiente. Para fortalecer el control, recomendaron que el Ejecutivo europeo exija a las instituciones financieras pruebas sobre cómo evalúan y mitigan los riesgos en la ejecución de los proyectos.
“La Comisión debe asegurarse de que las instituciones financieras líderes documenten la insuficiente capacidad del desarrollador del proyecto, posibles conflictos de interés o la falta de compromiso de los beneficiarios y autoridades nacionales”, indica el informe.
La auditoría describe un sistema en el que Bruselas aporta la mayor parte de la financiación pero depende en gran medida de entidades financieras internacionales para supervisar la construcción, controlar las contrataciones y reportar incidencias.
Se constató que la información sobre proyectos estaba a menudo desactualizada, los retrasos no se reportaban adecuadamente y los sistemas de monitoreo no reflejaban de forma completa el avance real en terreno.
Todos los proyectos revisados por los auditores sufrieron demoras, algunas superiores a dos años. En ciertos casos, los diseños debieron ajustarse luego de iniciadas las obras, mientras que las dificultades para obtener permisos y los obstáculos administrativos retrasaron aún más la ejecución.
“Con el incremento de aportes al Western Balkans Investment Framework, esperamos que nuestros hallazgos contribuyan a mejorar la forma en que la Comisión selecciona, supervisa e informa sobre los proyectos financiados por la UE en el WBIF,” señala la auditoría del ECA.
El progreso en juego
A pesar de los miles de millones invertidos para mejorar la conexión entre el Oeste de los Balcanes y la UE, los avances no son uniformes, advierten los auditores comunitarios. De las 43 subvenciones concedidas para inversiones en transporte en los cuatro países auditados, solo seis se habían concluido para mediados de 2025.
Varios proyectos ferroviarios permanecen incompletos, y parte de la infraestructura terminada podría quedar infrautilizada porque otras secciones conectadas financiadas por donantes externos aún no se han construido.
Los auditores reconocen que los fondos de la UE han respaldado iniciativas que fortalecerán los vínculos regionales y promoverán la integración con los corredores europeos de transporte.
No obstante, plantean dudas sobre si la Comisión dispone de los instrumentos adecuados para evaluar en tiempo real si estas metas se están traduciendo en resultados concretos.
El informe apunta que el desafío ya no es solo financiar infraestructura, sino garantizar que Bruselas pueda supervisar eficazmente lo que sucede tras la transferencia del dinero.
El ECA no tiene facultades para imponer sanciones, obligar a modificaciones de políticas o acusar a individuos. Su función principal es detectar irregularidades o posibles fraudes en la gestión de los fondos europeos.