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Información del artículo
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- Autor, Julia Braun
- Título del autor, Servicio brasileño de la BBC
- Fecha de publicación 9 junio 2026
- Tiempo de lectura: 15 min
La declaración oficial de Estados Unidos que clasifica al Primer Comando de la Capital (PCC) y al Comando Vermelho (CV) como organizaciones terroristas entró en vigencia el viernes 5 de junio.
Ese mismo día, la resolución fue publicada en el Registro Federal, el boletín oficial estadounidense, y está firmada por Marco Rubio, secretario de Estado de EE.UU.
Con esta medida, las facciones brasileñas ahora poseen el mismo estatus legal que grupos que, por más de un año, han sido blanco de fuertes acciones de Washington en América Latina, como los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, en México; el Tren de Aragua en Venezuela; y el Clan del Golfo en Colombia.
Asimismo, otra resolución publicada el viernes en el Registro Federal, también firmada por Rubio, habilita el congelamiento inmediato de bienes y activos pertenecientes a personas vinculadas al PCC y al CV que se encuentren bajo la jurisdicción estadounidense.
Esta medida también prohíbe cualquier transacción financiera entre individuos o empresas estadounidenses y estas organizaciones, y contempla sanciones contra quienes brindan apoyo material, económico o logístico a estos grupos.
Expertos consultados por BBC News Brasil indican que, con excepción de Venezuela, la clasificación como organizaciones terroristas no ha causado, por ahora, un debilitamiento considerable de estos grupos ni una reducción en la actividad criminal.
No obstante, esta etiqueta ha significado, en algunos casos, penas más duras para delincuentes capturados y extraditados a EE.UU., además de sanciones económicas específicas y un control financiero mucho más estricto sobre las transacciones de estas organizaciones en territorio estadounidense y con compañías relacionadas.
En México, donde seis grupos criminales recibieron esta designación en febrero de 2025, la presión diplomática sobre el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha aumentado en los últimos meses; entre las medidas está la acusación a diez funcionarios del estado de Sinaloa, incluyendo al gobernador Rubén Rocha Moya, por supuestos lazos con el poderoso Cartel de Sinaloa.
Además, el gobierno mexicano denunció una supuesta operación no autorizada de la CIA en su territorio. Según las autoridades, dos agentes estadounidenses que investigaban laboratorios de drogas en el norte del país fueron identificados tras fallecer en un accidente de tráfico.
En Venezuela, la presión sobre el crimen organizado alcanzó su punto más alto con la captura armada del expresidente Nicolás Maduro en enero de este año.
Aunque la designación como terroristas no es un requisito legal para que los servicios de inteligencia de EE.UU. actúen en el exterior, expertos sostienen que las recientes operaciones en México y Venezuela forman parte de la campaña liderada por Donald Trump contra el narcoterrorismo.
“Esta designación cambia de forma decisiva el enfoque (de EE.UU.) hacia estos grupos y altera la percepción del nivel de amenaza que representan”, indica Cecilia Farfán-Méndez, directora del Observatorio Norteamericano de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional (GI-TOC).
Para Farfán-Méndez, la intervención estadounidense no ha modificado sustancialmente la conducta de las organizaciones, pero sí ha afectado de forma importante las actividades comerciales del sector privado en los países involucrados.
Sanciones y supervisión financiera
El primer día de su segundo mandato en 2025, Trump firmó una orden ejecutiva solicitando al Departamento de Estado que declare como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO) a los principales carteles y organizaciones criminales latinoamericanas.
Esta clasificación fue ratificada aproximadamente un mes después por el secretario de Estado, Marco Rubio. Entre las organizaciones incluidas estaban los carteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación (CJNG), del Nordeste, del Golfo, Unidos y Nueva Familia Michoacana, de México, así como el Tren de Aragua, de Venezuela.
Luego, también fueron etiquetados como terroristas el Clan del Golfo, de Colombia; el Cartel de los Soles, de Venezuela; y los grupos Los Choneros y Los Lobos, de Ecuador, además de Barrio 18 y Mara Salvatrucha (MS-13), con presencia en varios países centroamericanos y en EE.UU.
Estas organizaciones quedaron incorporadas a la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU., que gestiona y aplica sanciones económicas y comerciales, con sus activos bloqueados en territorio estadounidense.
Esto implica que cualquier persona o empresa que facilite apoyo material a miembros o entidades vinculadas a estas organizaciones puede enfrentar sanciones en EE.UU., incluyendo envío de dinero, prestación de servicios, consultoría, transporte o cualquier otra ayuda económica directa o indirecta.
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Hasta ahora, los carteles mexicanos constituyen el principal blanco de las sanciones estadounidenses.
En la base de datos de la OFAC, BBC News Brasil identificó al menos 40 individuos ligados a organizaciones terroristas en México que han sido inscritos en la lista desde su designación el año pasado. De ellos, 23 están relacionados con el Cartel de Sinaloa.
Más de 50 empresas vinculadas a estos carteles o a sus allegados han sido sancionadas, además de 31 negocios conectados con el CJNG y sus miembros.
Igualmente, 14 personas y cuatro compañías relacionadas directamente con el Tren de Aragua, de Venezuela, fueron incluidas en la lista de sanciones antiterroristas desde febrero de 2025.
Welber Barral, economista y exsecretario de Comercio Exterior de Brasil, así como socio de la consultora BMJ, señala que, más allá del impacto personal en los sancionados, la inclusión en las listas de la OFAC ha elevado de forma notable los costes operativos para empresas que trabajan en esos países y mantienen actividades en EE.UU.
Las facciones están profundamente infiltradas en las sociedades locales y tienen ramificaciones en distintos sectores económicos, añade el experto. Por la definición amplia del concepto «apoyo material» en la legislación estadounidense, las empresas que operan allí podrían ser sancionadas sin intención directa de colaborar con estas organizaciones.
“Un banco estadounidense que maneje cuentas de personas ligadas a alguna de estas facciones, o un inversor que recurra a una empresa con proveedores vinculados a esos grupos, puede enfrentar sanciones penales y civiles si no demuestra diligencia debida”, ejemplifica Barral.
Este contexto ha provocado un aumento notorio en los gastos relacionados con el cumplimiento normativo y las investigaciones previas de las compañías que desean invertir o operar en mercados como México y Colombia.
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Nikos Passas, profesor de Criminología y Justicia Penal en la Universidad Northeastern de EE.UU., añade que aquellas entidades acusadas de aportar apoyo material a estas organizaciones han sufrido no solo un impacto económico, sino también daños reputacionales.
“En la práctica, según la ley, no basta con no tener intención de apoyar a un grupo terrorista para declararse inocente. Por eso, aun sin esta intención, alguien puede verse involucrado”, explica el especialista, quien participó en la implementación de las convenciones internacionales contra la corrupción y el crimen transnacional.
Aunque todavía no hay estudios exhaustivos sobre el efecto real en las economías locales, un informe de Mordor Intelligence, citado por la consultora Control Risks, señaló que tras un año desde la designación de seis organizaciones mexicanas como terroristas, los costes para las empresas en México aumentaron notablemente.
El informe documenta un aumento en costos logísticos que va del 8% al 12%, y un incremento del 30% en las primas de seguro para camiones de carga en las regiones afectadas.
Además, bufetes jurídicos y consultoras especializadas registraron un aumento del escrutinio en el sector agroindustrial en los estados Jalisco y Michoacán, donde las facciones se han infiltrado en las cadenas de suministro durante décadas.
El Tesoro de Estados Unidos también ha emitido órdenes para que bancos que operan en ciudades fronterizas de California y Texas exijan identificación para transacciones en efectivo iguales o superiores a 200 dólares y reporten estos movimientos.
En junio de 2025, tres bancos mexicanos fueron sancionados por lavado de dinero vinculado al narcotráfico.
A dos de ellos, Visa y Mastercard les bloquearon el acceso a sus redes de pago, lo que prácticamente dejó inutilizables sus tarjetas de débito y crédito debido a que estos gigantes estadounidenses dominan el sector de pagos globalmente.
Un caso destacado el año pasado involucró a una escuela privada en Florida que debió pagar una multa superior a 1,7 millones de dólares por aceptar pagos de matrícula de dos alumnos cuyos padres tendrían vínculos con un cartel mexicano, según el Tesoro estadounidense.
El organismo señaló que las infracciones cometidas por la IMG Academy no fueron intencionales, pero destacan la necesidad de que instituciones de distintos sectores “implementen controles sólidos basados en riesgos para evitar violaciones a las sanciones”.
Para Barral, este escenario está alejando potencialmente a inversores de países donde operan estas organizaciones.
“Los bancos endurecen las condiciones para apertura de cuentas y dificultan operaciones internacionales, lo que complica el acceso al crédito”, explica el especialista.
“Además, los inversores extranjeros analizan detenidamente la conveniencia de sus inversiones”.
Por ahora, no existen indicadores claros de una reducción significativa en la inversión extranjera ligada a esta medida estadounidense.
Sin embargo, Barral advierte que el impacto podría ser especialmente negativo para México, cuyo comercio depende considerablemente de Estados Unidos, país que recibió cerca del 80% de sus exportaciones en 2025.
Penas más estrictas y relaciones tensas en México
En el ámbito jurídico, catalogar a un grupo como organización terrorista implica sanciones más rigurosas para los condenados en Estados Unidos, señala Nikos Passas.
“Las consecuencias no solo abarcan aspectos económicos, sino que incluyen penas carcelarias que pueden alcanzar hasta los 20 años”, añade el abogado y criminólogo.
En febrero de este año, René Arzate-García, conocido como La Rana y uno de los líderes del Cartel de Sinaloa, fue acusado en California por cargos que incluyen narcoterrorismo, dirección de una organización criminal, apoyo a una organización terrorista extranjera, conspiración internacional para distribuir metanfetaminas, cocaína, fentanilo y marihuana, además de lavado de dinero.
El gobierno estadounidense también ofreció hasta 10 millones de dólares por información que conduzca a la captura de La Rana y su hermano Alfonso Arzate-García (Aquiles), quienes, según la DEA, controlan el área de Tijuana para el Cartel de Sinaloa desde hace 15 años.
Desde que los carteles en México y sus integrantes fueron declarados terroristas, se han llevado a cabo negociaciones discretas entre Donald Trump y Claudia Sheinbaum.
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Ambos gobiernos discutieron el fortalecimiento de la cooperación y la formulación de estrategias conjuntas para combatir a los carteles. Se incrementaron además los traslados de delincuentes capturados en México hacia EE.UU., con cerca de cien envíos entre enero de 2025 y enero de 2026.
Sheinbaum fue destacada como una de las líderes mundiales que mejor negoció treguas con la Casa Blanca ante las acusaciones de Trump sobre la inseguridad en la frontera y la imposición de aranceles.
Sin embargo, recientes sucesos que involucran a líderes locales y declaraciones desde el Palacio Nacional generan interrogantes sobre lo que sucede tras bastidores.
En enero, tras la operación que capturó a Nicolás Maduro, Trump sugirió que otros países latinoamericanos, como Colombia, Cuba y México, podrían ser próximos objetivos.
En respuesta, Sheinbaum declaró en rueda de prensa que defendería la soberanía mexicana. “Pocos mexicanos están a favor de una intervención”, enfatizó.
“No solo no ayuda —¿a quién bombardearán?— sino que también pone en riesgo nuestra soberanía”.
La relación bilateral empeoró tras la muerte de dos agentes de la CIA en un accidente en el norte de México; las autoridades mexicanas aseguran que estos agentes actuaban sin permiso.
Un reportaje de CNN indicó que agentes de la CIA participaron en ataques letales contra objetivos de carteles en México durante el último año.
El gobierno de Sheinbaum negó rotundamente estas informaciones y afirmó que las autoridades extranjeras solo pueden operar en México con autorización previa.
Poco después del accidente, EE.UU. acusó formalmente al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, y a otros funcionarios estatales por supuestos vínculos con el Cartel de Sinaloa.
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Aunque EE.UU. suele perseguir a los líderes del narcotráfico, es poco común que se presenten cargos formales contra políticos mexicanos en activo y de alto rango.
El Departamento de Justicia estadounidense sostiene que Rocha y otros conspiraron con líderes del cartel para importar grandes cantidades de drogas a EE.UU. a cambio de apoyo político y sobornos.
Tras la revelación de los cargos, el gobierno mexicano recibió solicitudes de prisión preventiva con miras a extradición. Sheinbaum solicitó pruebas contundentes antes de que la Fiscalía pueda proceder legalmente.
Además, atribuida a «sectores de la extrema derecha» en EE.UU. la campaña contra su gobierno, Sheinbaum dijo no creer que Donald Trump liderara este movimiento.
“Confieso que no creo que el presidente Trump haya encabezado esta ofensiva en varios temas”, declaró en su habitual conferencia matutina.
“Son sectores de la extrema derecha en EE.UU. los que buscan dificultar una buena relación”.
El círculo presidencial colombiano bajo la mira de EE.UU.
En Colombia, una de las principales repercusiones de la presión estadounidense contra el crimen organizado fue la inclusión, el año pasado, del presidente Gustavo Petro y familiares en la lista de personas supuestamente ligadas al narcotráfico.
Además de Petro, su hijo mayor, Nicolás, y la primera dama, Verónica Alcocer, el ministro del Interior, Armando Benedetti, fue sancionado por la OFAC por supuesta implicación en tráfico internacional de drogas.
De acuerdo con el Tesoro estadounidense, durante su mandato, Petro habría permitido que los carteles prosperaran y “llenaran Estados Unidos de cocaína que envenena a los estadounidenses”.
En marzo, la fiscalía federal de Nueva York abrió una investigación sobre la posible relación del presidente con personas ligadas al narcotráfico y sobre la probable financiación ilegal de su campaña presidencial en 2022.
Al igual que en México y otros países involucrados, estos hechos generaron inquietud en empresarios e inversores, que se reorganizaron para evitar sanciones por contactos con el entorno cercano a Petro.
Simultáneamente, según reveló The New York Times, el ministro de Defensa colombiano, Pedro Sánchez, habría contactado al gobierno estadounidense para solicitar nuevas sanciones contra traficantes de oro ilegal.
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El gobierno colombiano considera que la minería ilegal de oro ha financiado al Clan del Golfo, designado grupo terrorista por EE.UU., y que aplicar sanciones a los comerciantes de oro ayudaría a combatir esta facción, según el reportaje.
El Departamento del Tesoro estadounidense no ha confirmado la evaluación de esta petición, pero el narcotráfico y la seguridad se han situado como temas centrales en las elecciones locales, cuya segunda vuelta está prevista para el 21 de junio.
Iván Cepeda, líder de la izquierda y defensor de la continuidad del gobierno de Petro, enfrenta a Abelardo de la Espriella, empresario de derecha que promete un cambio radical.
Debilitamiento del Tren de Aragua en Venezuela
Pese a las medidas estadounidenses implementadas hasta ahora, expertos y observadores locales señalan que no ha ocurrido una reducción significativa de la violencia causada por estas bandas.
Cecilia Farfán-Méndez, de GI-TOC, comenta que sus colaboradores en México y Centroamérica no han percibido efectos concretos de las sanciones sobre las actividades criminales.
“Sin embargo, sólo ha transcurrido poco más de un año desde que EE.UU. emitió la designación”, aclara la especialista.
La excepción notable, según Farfán-Méndez, es Venezuela, donde hay indicios de un debilitamiento del Tren de Aragua.
Reportes indican que la organización está fragmentada y que su presión se intensifica luego de que Chile y Colombia iniciaron operaciones conjuntas con autoridades estadounidenses para desmantelar células del grupo.
En octubre, uno de los fundadores, Larry Álvarez (Larry Changa), habría solicitado mediante carta ayuda al gobierno colombiano para entablar negociaciones de paz que podrían facilitar la disolución del grupo, una señal interpretada como indicio de debilidad.
Changa está detenido en Colombia desde 2024. En el mensaje dirigido a Gustavo Petro y al Ministerio de Justicia pidió apoyo para “facilitar el acercamiento y construir un camino viable hacia la desmovilización”.
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La carta, firmada por los abogados del detenido, fue difundida en medios locales y en internet. La oficina del comisionado para la paz de Colombia confirmó su autenticidad a la agencia AFP.
De acuerdo con colaboradores de GI-TOC, medidas estadounidenses como la imputación de Héctor Rusthenford Guerrero Flores (Niño Guerrero), acusado como líder máximo del Tren de Aragua en un proceso en el que también están Nicolás Maduro y otros miembros de su gobierno, han debilitado la estructura criminal.
La detención de Maduro y la influencia de EE.UU. sobre el gobierno venezolano, según documentos de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, también afectan negativamente a la organización.
¿Un estímulo para la sofisticación?
Quedan múltiples interrogantes sobre la efectividad de la estrategia estadounidense que etiqueta a facciones criminales latinoamericanas como terroristas.
Según Nikos Passas, de la Universidad Northeastern, es posible que esta presión genere el efecto contrario.
“En ocasiones, la aplicación estricta de medidas contra estas organizaciones ha impulsado que se organicen mejor, se vuelvan más sofisticadas y, como consecuencia, más fuertes y resilientes”, advierte.
Además, advierte el abogado, las sanciones podrían alejar progresivamente a estos grupos del sistema financiero estadounidense y del dólar, dificultando a EE.UU. el seguimiento de sus operaciones.
“Esta táctica también incentiva la desdolarización para evadir la jurisdicción estadounidense”, apunta Passas.
“Es decir, puedes atacar a tus objetivos en el entorno cercano, pero si ellos se trasladan a otro lugar, quedarán fuera de tu alcance”.