PSOE y Por Andalucía exigen respuestas a Junta y RTVA tras la imputación del CEO de una productora por agresión sexual

La secretaria de Igualdad del PSOE-A, Olga Manzano, en una foto de archivo. Las claves

PSOE-A y Por Andalucía han solicitado explicaciones a la Junta de Andalucía y a RTVA tras la imputación por agresión y acoso sexual del CEO de Andalucía Digital Multimedia, Gustavo Fuentes.

PSOE-A reclama el cese inmediato del directivo, la revisión de los contratos de la productora y una comparecencia en el Parlamento andaluz para aclarar si la Junta o Canal Sur tenían conocimiento de los hechos desde enero.

Por Andalucía critica la respuesta de RTVA y pide garantías de protección para la denunciante, subrayando la gravedad del asunto debido a la relación público-privada de la productora con la Junta de Andalucía.

El PSOE-A y Por Andalucía coinciden este martes en exigir «explicaciones» al Gobierno de la Junta, actualmente en funciones y presidido por el popular Juanma Moreno, así como a la dirección del ente público audiovisual andaluz tras la difusión de la «imputación por agresión y acoso sexual» contra el CEO de Andalucía Digital Multimedia SA (ADM), «principal productora de Canal Sur», Gustavo Fuentes.

En declaraciones a los medios, tanto María Jesús Montero, secretaria general del PSOE-A, como la secretaria de Igualdad del partido, Olga Manzano, y la diputada de Por Andalucía, Rosa Rodríguez, se han pronunciado sobre los hechos, destacando su «gravedad».

En un audio dirigido a la prensa, Manzano ha exigido a la Junta que «brinde explicaciones y promueva el cese inmediato» de este directivo, dentro de una empresa que, según la representante del PSOE-A, «tiene un 47% de participación pública a través de Sandetel y de la agencia Trade».

Además, la diputada electa por Granada anunció que el Grupo Socialista solicitará «una comparecencia en el Parlamento andaluz», y planteó varias preguntas después de conocerse que «la denuncia judicial que dio origen a esta investigación fue presentada en enero».

Manzano se interrogó si «el Gobierno andaluz estaba al tanto», si «la dirección de Canal Sur conocía la situación» y si «se han dejado pasar casi cinco meses sin que se activara ningún protocolo ni se tomaran medidas».

«Y lo más alarmante, ¿hay otras mujeres afectadas dentro de la productora?», cuestionó la representante socialista antes de exigir que, «por la gravedad del asunto, los representantes de Sandetel en el Consejo de Administración de ADM convoquen con urgencia una reunión para evaluar la situación y proceder al despido inmediato del CEO», afirmó.

Además, desde el PSOE-A han solicitado «una revisión exhaustiva de todos los contratos vigentes con la productora para verificar si se han incumplido las cláusulas sociales estipuladas por la Ley de Contratos de la Junta de Andalucía».

Montero califica los hechos de «muy graves»

En declaraciones posteriores a la prensa en Jaén, Maria Jesús Montero, secretaria general del PSOE-A, calificó como «muy graves» los hechos que este martes fueron revelados por el medio digital El Diario.

Asimismo, destacó que es «esencial» conocer «desde cuándo la Junta de Andalucía y Canal Sur estaban al tanto de estas denuncias tan serias por parte de las personas afectadas».

La dirigente socialista se preguntó «por qué esta información fue ocultada», y pidió aclarar por qué Fuentes «renunció a su cargo apenas hace unos días, probablemente después de que algún medio preguntara al respecto, y no antes», a pesar de que las denuncias sobre la supuesta «agresión sexual» se presentaron con anterioridad, señaló.

Montero agregó que para los socialistas es «urgente saber qué conocía la Junta, qué sabía Canal Sur, hasta dónde llegan sus responsabilidades, si se ha investigado el asunto, y que se tomen medidas al respecto».

Por Andalucía reclama explicaciones a Moreno

Por su parte, desde Por Andalucía han exigido mediante un comunicado que el Ejecutivo de Moreno Bonilla brinde explicaciones a causa de la gravedad del caso.

La parlamentaria Rosa Rodríguez expresó con contundencia que «ADM es una sociedad público-privada», cuyo accionista principal es la propia Junta de Andalucía.

«Nos encontramos ante un asunto de suma gravedad que afecta directamente al núcleo del sector audiovisual público andaluz», afirmó Rodríguez, quien transmitió «todo el apoyo y solidaridad de Por Andalucía a la denunciante», exigiendo su «protección frente a cualquier tipo de represalia».

La diputada electa por Córdoba calificó como «inadmisible» la «respuesta de RTVA respecto a los hechos» conocidos, comentando que «la dirección del ente público afirmó que la denuncia ‘nunca se trató en su Consejo de Administración’, pese a ser ADM su principal cliente e inversor».

Finalmente, Rodríguez dejó claro que Por Andalucía se posiciona «del lado de las víctimas, de la verdad y con tolerancia cero frente a cualquier tipo de violencia machista o abuso de poder». «Con las leyes en mano y con un pie en las calles», concluyó.

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