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- Título del autor, BBC News Mundo
- Autor, Caroline Souza y Laís Alegretti
- Título del autor, Equipo de periodismo visual
- Fecha de publicación 28 mayo 2026Actualizado 1 junio 2026
- Tiempo de lectura: 9 min
¿Qué Colombia enfrentará el nuevo presidente?
El abogado conservador Abelardo de la Espriella y el senador petrista Iván Cepeda resultaron primero y segundo, respectivamente, en la primera vuelta de las elecciones presidenciales celebradas este domingo.
Ambos aspirantes competirán en la segunda vuelta el próximo 21 de junio para definir la presidencia.
El ganador heredará de la administración de Gustavo Petro una nación con menor pobreza y una economía en expansión, aunque enfrenta importantes desafíos en seguridad y un sistema de salud que cada vez genera más insatisfacción entre los ciudadanos.
A continuación, se presentan algunos datos que describen el país que gobernará quien asuma el cargo el próximo 7 de agosto.
1. Los homicidios persisten y los grupos armados se expanden
De acuerdo con la última encuesta Colombia Opina de Invamer para Noticias Caracol y Blu Radio, el 40,8% de los colombianos identifica el orden público como el principal problema del país.
Este tema ha sido bandera especialmente para los candidatos de derecha durante la campaña electoral.
La inquietud reflejada en los sondeos coincide con el deterioro de diferentes indicadores de seguridad, según datos oficiales del gobierno.
Los reportes revelan un aumento en la presencia de grupos armados, en los cultivos de coca y en delitos como secuestro y extorsión en los últimos años.
Aunque el hurto en sus diversas formas disminuyó, especialistas advierten sobre un considerable subregistro.
En 2025, la tasa de homicidios —el principal indicador para evaluar la seguridad general y comparar países— fue la más elevada desde 2021, según cifras del Ministerio de Defensa.
Además, superó a la de todos los países latinoamericanos con datos comparables, excepto Ecuador, según el centro de estudios InsightCrime.
A pesar de la desmovilización de más de 13.000 combatientes tras el acuerdo de paz con las FARC en 2016, la tasa de homicidios en Colombia se ha mantenido relativamente constante durante la última década, siendo cuatro veces superior al promedio mundial.
En 2025, se registraron 14.000 víctimas de homicidio, de las cuales el 93% eran hombres. Los departamentos más afectados fueron Valle del Cauca, Guaviare y San Andrés.
Informes independientes atribuyen la violencia y la inseguridad, en parte, a las disputas por el control territorial y las rentas ilícitas entre grupos armados.
Eventos como los atentados simultáneos en distintos puntos del país en agosto de 2025 y abril de 2026, además del asesinato del precandidato presidencial derechista Miguel Uribe, evidencian que a pesar de múltiples transformaciones, la violencia persiste.
El Clan del Golfo —producto de la desmovilización paramilitar en el gobierno de Uribe—, el ELN —una guerrilla histórica activa entre Colombia y Venezuela desde los 60—, y las disidencias de las FARC surgidas tras el acuerdo de 2016, son los principales actores que enfrentan luchas regionales por el control de negocios ilícitos como el narcotráfico y la minería ilegal.
Durante su mandato, Petro inició negociaciones con todos estos grupos como parte de su política de paz total.
Sin embargo, ni esos diálogos, muchos terminados sin acuerdos, ni las operaciones militares intensificadas a mitad de su gobierno detuvieron la expansión armada.
De acuerdo con la Fundación Ideas para la Paz, en 2025 aumentaron los conflictos territoriales y el desplazamiento forzado.
Según la Fundación CORE, entre 2018 y 2025, todos los grupos armados organizados salvo uno reforzaron sus capacidades militares, económicas y políticas.
En total, el número de hombres armados organizados actualmente en Colombia es similar al grupo desmovilizado tras el acuerdo de 2016, según los conteos de la Fuerza Pública.
2. Incremento en campos de coca y en incautaciones
El fortalecimiento de los grupos armados está ligado al narcotráfico, aunque esta no sea su única actividad.
Durante años, la extensión de cultivos de coca ha servido como indicador clave para evaluar los resultados en la lucha contra las drogas, vinculada también con la relación de Colombia y EE.UU.
En el último reporte de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la cifra alcanzó un máximo histórico.
En 2023, más de 252.000 hectáreas del territorio nacional estaban dedicadas a cultivos de coca, equivalente a unas seis veces la superficie de Medellín.
Tras estos datos, EE.UU. descalificó la lucha antidrogas de Colombia, y el Departamento de Estado calificó las políticas del gobierno de Petro como «desastrosas e ineficaces».
Por su parte, el presidente señaló que la ONU cometió errores metodológicos que sobreestimaron la producción potencial de cocaína en Colombia.
"El gobierno de Trump nos descertificó basándose en esta falsedad", afirmó Petro en octubre.
UNODC reconoció que sus datos sobre producción potencial son «limitados para ofrecer una visión precisa».
El debate sobre la metodología entre el gobierno y la ONU retrasó la publicación de datos de 2024, tanto de producción potencial como de hectáreas cultivadas, impidiendo conocer el avance de la política antidrogas de Petro en gran parte de su mandato.
No obstante, el presidente resalta que las incautaciones de cocaína aumentaron notablemente bajo su gestión. En 2025, rondaron el millón de toneladas, superando en un 47% las del 2021, año récord del gobierno anterior de Iván Duque.
Algunos especialistas sugieren que más incautaciones podrían deberse simplemente a un mayor volumen de cocaína producida.
Por otra parte, la erradicación de cultivos cayó drásticamente durante la presidencia de Petro: de 103.257 hectáreas en 2021 a 8.051 en 2025.
BBC Mundo solicitó a la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos datos sobre hectáreas erradicadas por año, pero no obtuvo respuesta hasta la publicación de este artículo.
3. Disminución de la pobreza y aumento del salario mínimo
El deterioro en seguridad contrasta con indicadores económicos relativamente positivos.
Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la tasa de pobreza monetaria en Colombia fue del 31.8% en 2024, la cifra más baja desde la adopción de la metodología actual.
El presidente Petro destacó recientemente este logro afirmando: «Hemos conseguido reducir la pobreza monetaria en Colombia más que ningún mandatario anterior».
Un estudio del Banco de la República indica que la reducción registrada entre 2021 y 2024 equivale a que 3,4 millones de colombianos salieran de la pobreza.
El mismo informe atribuye parte de esta mejora a la recuperación de ingresos laborales postpandemia, así como a apoyos gubernamentales y remesas.
Además, datos del DANE reflejan un crecimiento de la clase media, que pasó del 28% al 34% de la población entre 2021 y 2024.
No obstante, la CEPAL considera que la pobreza en Colombia sigue siendo una de las mayores en América Latina.
Entre 12 países de la región con datos comparables, Colombia mostró en 2024 la segunda tasa más alta, superada solo por Honduras.
Su tasa de pobreza monetaria superó en 18 puntos porcentuales la de Brasil, en 9 puntos la de México y en 1 punto la de Argentina.
Asimismo, el poder adquisitivo de los 2,4 millones de colombianos que perciben el salario mínimo (cerca de uno de cada diez trabajadores) creció entre 2025 y 2026 de un modo sin precedentes recientes.
La polémica decisión de Petro de aumentar el salario mínimo un 23% a finales del año pasado implicó que cada trabajador con ese ingreso disponga ahora de 250.807 pesos mensuales (unos 66 dólares) adicionales para gastar, equivalente al valor de un electrodoméstico o un móvil básico.
Este incremento, muy superior a la inflación y sin un aumento relevante en productividad, fue duramente cuestionado por economistas que advirtieron que podría disparar la inflación, el desempleo y la informalidad.
Durante el primer trimestre de 2026, el desempleo se mantuvo estable, aunque la inflación alcanzó su nivel más alto desde el primer trimestre de 2023.
4. Crecimiento económico y déficit fiscal
Después de dos años con crecimiento bajo (2023 y 2024), la economía colombiana repuntó y creció un 2,6% en 2025.
Con esta recuperación, volvió a niveles previos a la pandemia y se posicionó ligeramente por encima del promedio regional, según datos de la CEPAL.
Según el DANE, el fuerte crecimiento reciente se debe principalmente al gasto público, al comercio, transporte, turismo y restauración.
Hernando Zuleta, decano de Economía de la Universidad de los Andes, alerta sobre esta situación.
«La recuperación responde a un rápido incremento del gasto público», advierte Zuleta. «Esto no es sostenible. La deuda es enorme y el gobierno está en déficit primario, lo que significa que requiere deuda nueva para financiar gastos corrientes».
Por ello, indica, se hace necesario un ajuste fiscal importante, que probablemente implicará una recesión.
La CEPAL, sin embargo, estima que el PIB colombiano crecerá un 2,5% en 2026, nuevamente algo por encima del promedio sudamericano.
5. Reclamos en el sistema de salud
El sistema de salud colombiano se encuentra en crisis.
En la encuesta de Invamer, al consultar a los colombianos sobre los temas prioritarios para el próximo presidente, el 72% mencionó la calidad y cobertura en salud.
Aunque más del 95% de la población está afiliada al sistema, ello no garantiza atención eficaz.
La Superintendencia de Salud reportó un aumento de más del 27% en solicitudes, quejas y reclamos de usuarios entre 2024 y 2025 respecto a la atención brindada por las Empresas Promotoras de Salud (EPS).
Los pacientes denuncian negación de medicamentos y procedimientos, y falta de citas médicas, principalmente con especialistas.
En Colombia, el Estado asigna recursos sanitarios a empresas que administran y aseguran a la población.
Estas entidades han denunciado durante años que el financiamiento recibido es insuficiente para cumplir con las exigencias legales y jurisprudenciales del país.
Por problemas financieros, el gobierno de Petro intervino ocho EPS, incluyendo algunas de las mayores del país, asumiendo el manejo de estas y sus 20 millones de afiliados.
Si no logra evitar su quiebra, esos usuarios (64% del total del sistema) quedarán en situación incierta, debiendo ser transferidos a otras entidades que quizá no puedan atenderlos.
La Contraloría advierte que las EPS intervenidas presentan un «deterioro crítico y sostenido» y aumentó la insatisfacción de sus usuarios.
Por estas razones, la salud ha sido uno de los ejes centrales del debate presidencial, quizá más que en elecciones recientes.
Como en otras áreas, la discusión gira en torno a la continuidad o el cambio: Iván Cepeda representa la continuidad del gobierno de Petro, mientras que Abelardo de la Espriella propone un nuevo rumbo.
En definitiva, en salud, seguridad y economía, quien gane el 21 de junio enfrentará un país con retos estructurales que deberán abordarse, muchos de ellos provenientes de tiempos anteriores.
Diseño de imagen: Daniel Arce-Lopez, con imágenes de Getty