Las claves
Cinco empresas relacionadas con Delcy Rodríguez efectuaron ingresos a una sociedad que, a su vez, abonó al ‘Grupo Zapatero’ por su intermediación en operaciones de venta de petróleo y oro venezolano.
El entramado está encabezado por el banquero Francisco Flores Suárez, quien utilizaba como testaferro a Alberto Parra Delgado y gestionaba las operaciones mediante una gestoría ubicada en Madrid.
Softgestor SL, la entidad principal, recibió más de 377.000 euros entre 2020 y 2024 provenientes de compañías extranjeras y españolas ligadas al chavismo.
El estudio detecta una red de empresas pantalla y transferencias a consultoras como Análisis Relevante SL, vinculando fondos venezolanos con el entorno de José Luis Rodríguez Zapatero.
Cinco sociedades (dos venezolanas, dos españolas y una estadounidense) vinculadas a Delcy Rodríguez canalizaron fondos hacia una empresa que pagó al Grupo Zapatero por intermediar en la venta de petróleo y oro.
El entramado empresarial en España, relacionado con el chavismo, está liderado por el banquero Francisco Flores Suárez a través de su testaferro Alberto Parra Delgado.
Además, en diferentes cargos dentro de estas sociedades figuran personas cercanas a Delcy Rodríguez, como Jorge Giménez, Óscar Cunto André y exempleados de PDVSA.
Estas compañías otorgaban una apariencia legal a la intermediación del «Grupo Zapatero» en las operaciones de venta de petróleo y oro provenientes del chavismo, según fuentes implicadas en la investigación para EL ESPAÑOL.
Esta red empresarial conecta directamente a sociedades próximas tanto a Delcy Rodríguez como a José Luis Rodríguez Zapatero.
Entre las cinco empresas que inyectaron fondos a Softgestor SL para remunerar al «Grupo Zapatero» se encuentran dos venezolanas (Grupo Multiobras MM 77 y Sinoven Cargo CA) y una con sede en Miami pero relacionada con el chavismo (Bautista Managements LLC).
Las dos sociedades españolas que transfirieron fondos para pagar al «testaferro» de Zapatero fueron una constituida por el presidente y vicepresidente de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF Operaciones Globales SL) y otra instrumental de Francisco Flores (Apamate Corporate And Trust SL).
El epicentro de las operaciones se encontraba en una modesta gestoría situada en la calle Mar de Kara 17, en el distrito madrileño de Hortaleza. Un despacho discreto y aparentemente rutinario, dedicado a trámites fiscales, nóminas y documentos empresariales.
Para los investigadores, no obstante, este local constituiría algo más que una oficina administrativa: sería uno de los canales por los que los fondos provenientes del entorno chavista habrían ingresado a España.
El elemento central es Softgestor SL, sociedad formalmente administrada por Alberto Parra Delgado, quien aparece como propietario visible.
En la práctica, según la hipótesis policial y judicial, el control operativo correspondía a Francisco Flores Suárez.
Este banquero venezolano ligado al chavismo, cuya muerte fue anunciada hace algunos meses, es señalado como el verdadero controlador de las empresas y el dinero asociado a Mar de Kara 17.
La investigación del caso Zapatero sitúa a Softgestor en un rol fundamental. La compañía efectuó pagos por 145.200 euros a Análisis Relevante SL, consultora de Julio Martínez Martínez, considerado por los investigadores como el «testaferro» del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.
Estos pagos se materializaron en dos transferencias de 72.600 euros: una en 2020 y otra en 2021, justificadas como comisiones por la intermediación en la venta de oro y petróleo desde Venezuela.
El contrato que sustentó estos pagos establecía informes mensuales sobre la situación política, económica y social internacional. Sin embargo, lo que más destaca para los investigadores no radica sólo en el contenido, sino en la persona que gestionó el acuerdo.
Julio Martínez no negoció con Alberto Parra, administrador formal de Softgestor, sino con Francisco Flores Suárez.
Asimismo, fue Flores quien, según documentos de la causa, determinó qué sociedad debía figurar como firmante; inicialmente se consideró Apamate Corporate And Trust SL, pero después se trasladó el contrato a Softgestor.
Este cambio es uno de los indicios que refuerzan la hipótesis de los investigadores: las empresas de Parra funcionaban como intercambiables, no como entidades independientes, sino como vehículos al servicio de una operación controlada desde el exterior.
El filtro madrileño
Softgestor fue creada en 2014 con un capital social inferior a 3.100 euros y con un objeto social propio de una asesoría: servicios jurídicos, fiscales y administrativos.
Su domicilio fiscal se ubica en la calle Mar de Kara, 17, y su único administrador es Carlos Alberto Parra Delgado.
La investigación detectó movimientos significativos de dinero entre 2020 y 2024; en este período, Softgestor recibió un total de 377.099,49 euros de diversos pagadores, según un informe de la Agencia Tributaria incluido en el sumario.
La mayoría de estos fondos provino de cinco sociedades consideradas relevantes por su conexión internacional o por su relación con el ecosistema venezolano.
La primera fue Bautista Managements LLC, una empresa de Florida que aportó 100.957,85 euros en 2024.
La segunda, Grupo Multiobras MM 77 CA, vinculada a Venezuela, que ingresó 74.870 euros en 2021 desde una cuenta en Bank of America en Miami.
La tercera, Inversiones Sinoven Cargo CA, también venezolana, que abonó 30.000 euros en 2022.
Se suman asimismo dos empresas españolas con fuertes lazos venezolanos: FVF Operaciones Globales SL, relacionada con la Federación Venezolana de Fútbol, y Apamate Corporate And Trust SL, la otra empresa que Francisco Flores Suárez propuso para realizar pagos a Análisis Relevante.
La primera ingresó 46.374,16 euros en 2024, mientras que la segunda aportó 17.672,05 euros en 2023. En conjunto, estas cinco sociedades aportaron 269.874,06 euros, lo que representa el 71,57% del total de ingresos de Softgestor entre 2020 y 2024.
Este porcentaje constituye el núcleo financiero de la investigación, pues los ingresos más significativos no provinieron de clientes habituales de una gestoría de barrio, sino de entidades extranjeras o españolas vinculadas al chavismo.
Ninguna de estas compañías realizó pagos durante más de un ejercicio fiscal, lo que sugiere que más que relaciones comerciales prolongadas, funcionaban como fuentes puntuales de financiación.
Entrada y salida
El esquema que analizan los investigadores parece sencillo: diversas sociedades ingresaban fondos a Softgestor, que luego transfería dinero a proveedores y personas relacionadas con la red en España.
El principal receptor fue Análisis Relevante SL, empresa de Julio Martínez Martínez, que recibió 145.200 euros, equivalente al 35,64% de todos los pagos efectuados por Softgestor entre 2020 y 2024.
El segundo receptor más importante fue Carlos Alfonso Parra Delgado, hermano de Alberto Parra e igualmente vinculado a las actividades de la gestoría. Percibió 86.756,85 euros en el período citado.
Sólo entre Análisis Relevante y Carlos Alfonso Parra sumaron 231.956,85 euros, que representan el 56,93% del total de pagos de Softgestor durante esos años.
La coincidencia en el tiempo y el monto alimenta la sospecha de lavado de dinero: las cinco sociedades clave ingresaron 269.874,06 euros, mientras que los dos principales beneficiarios recibieron 231.956,85 euros.
La sociedad cambiable
Apamate Corporate And Trust SL constituye una pieza clave para comprender el control efectivo de Flores Suárez.
Esta sociedad comparte domicilio con Softgestor en Mar de Kara 17 y fue fundada en 2019 con un capital social de 3.010 euros. Su actividad declarada corresponde a servicios de asesoría contable, fiscal, jurídica y administrativa.
En cuanto a la propiedad formal, el 99,64% de Apamate pertenece a Softgestor, un 0,03% está a nombre de Carlos Alberto Parra, y el resto lo posee Moisés Antonio Vallenilla Tolosa.
Además, Apamate tenía como apoderado a Óscar Cunto André, abogado venezolano y figura destacada en el entorno de la Federación Venezolana de Fútbol.
Cunto también está vinculado a FVF Operaciones Globales SL, empresa española cuyo único socio es la Federación Venezolana de Fútbol.
FVF Operaciones Globales comparte domicilio en Mar de Kara 17, y sus administradores solidarios son Jorge Andrés Giménez Ochoa, Óscar Cunto André y Miguel Ángel Mea Vitali. Parra actúa como apoderado junto a Adrián Lyonel Aguirre Arteaga y David Salvador Quintanilla Muñoz.
Este dato enlaza la gestoría con un entramado más amplio: Jorge Giménez preside la Federación Venezolana de Fútbol y figura en otras investigaciones debido a sus vínculos con negocios de PDVSA y el entorno de Delcy Rodríguez.
Por su parte, Cunto ostenta un papel jurídico relevante en Venezuela y está presente en diversas empresas relacionadas con la estructura española.
La importancia de Apamate no se limita a sus cargos, sino que, según la investigación, fue la sociedad que Francisco Flores Suárez intentó usar inicialmente para firmar el contrato con Análisis Relevante.
Posteriormente, optó por Softgestor, lo que para los investigadores indica que Flores tenían la libre disposición de ambas sociedades.
Doce empresas
Alberto Parra Delgado está relacionado con una red de sociedades con perfiles muy variados. Algunas comparten domicilio en Mar de Kara 17, otras coinciden en administradores, apoderados o presentan vínculos cruzados.
Junto a Softgestor y Apamate, aparecen FVF Operaciones Globales, Vallenilla Escalante y Asociados Soluciones Integrales Internacionales, P&D Business Development and Advisory Services, Alex Energy Corp, Trodat Investment, Saglio Development, Distribuidora Adelmar 2020, Custom Cargo, Sweet Ink Tattoo y Restaurante Mamaxita.
El patrón se repite en varias de ellas: capital social reducido, actividad limitada conocida, cuentas sin depositar o indicios de inactividad. Algunas presentan cierre provisional en el registro mercantil o revocación del NIF.
Por ejemplo, Vallenilla Escalante y Asociados declaró apenas 700 euros en ventas en 2019. Apamate no cuenta con depósitos de cuentas y muestra indicios de inactividad y revocación del NIF.
Esta compleja red dificulta la interpretación: no todas las sociedades cumplen el mismo rol, pero en conjunto constituyen una red administrada o representada por Parra y conectada mediante domicilios, cargos y relaciones personales con operadores venezolanos.
Se trata de una estructura empresarial que facilitaría al chavismo la canalización de fondos hacia España y su distribución final.
Los ‘socios’ de Parra Delgado
La red en Mar de Kara 17 no se limita a los hermanos Parra Delgado. Junto a la gestoría Softgestor y las compañías relacionadas con Alberto, aparecen varios nombres con conexiones al chavismo.
Uno de los perfiles más destacados es Óscar Cunto André, apoderado de Apamate Corporate And Trust SL y administrador solidario de FVF Operaciones Globales SL.
Su participación en ambas entidades lo vincula directamente con la gestoría madrileña y el ecosistema venezolano. Es el vicepresidente de la Federación Venezolana de Fútbol y asesor jurídico con trayectoria en sectores petrolero, gasístico, industrial, financiero y multinacional en Venezuela.
Otra figura clave es Jorge Andrés Giménez Ochoa, administrador solidario de FVF Operaciones Globales SL, sociedad cuyo único socio es la Federación Venezolana de Fútbol.
Giménez preside la Federación Venezolana de Fútbol y mantiene estrechas relaciones con Delcy Rodríguez en operaciones relacionadas con la venta de petróleo.
FVF Operaciones Globales mantiene saldos financieros con la federación por 146.723 euros, lo que fortalece la conexión entre la entidad española y la estructura institucional venezolana.
Otro nombre relevante es Domenico Ungredda Alessandro, quien ostenta apoderamiento solidario en Saglio Development SL, sociedad administrada por Alberto Parra Delgado. Ungredda fue ingeniero en PDVSA durante cinco años.
Este hecho lo vincula directamente con la petrolera estatal venezolana, uno de los pilares del régimen chavista y foco de diversas investigaciones sobre operaciones internacionales de crudo.
En la misma compañía figura Guillermo Orlando Bottaro Pérez, también apoderado solidario en Saglio Development, cuya experiencia está vinculada al sector marítimo ligado al petróleo.
Trabajó como jefe jurídico en Marítima Altair-Petromar, empresa de transporte marítimo que colabora con PDVSA.
La red se completa con figuras como David Salvador Quintanilla Muñoz, apoderado de FVF Operaciones Globales SL y secretario general de la Federación Venezolana de Fútbol, miembro de comisiones de FIFA y Conmebol.
Su presencia fortalece la función de FVF Operaciones Globales como una entidad española conectada con altos cargos del fútbol venezolano y personas cercanas a Jorge Giménez y Óscar Cunto, con influencia en el poder venezolano.
El conjunto forma un mapa societario mucho más complejo que una simple gestoría de barrio. Mar de Kara 17 y Parra Delgado se revelan como un punto de convergencia para sociedades con actividad limitada, domicilios compartidos y vínculos con Venezuela.
Las conexiones descritas explican cómo esta modesta gestoría puede transformarse en una pieza clave para el circuito del dinero venezolano mediante empresas pantalla, contratos de asesoría y pagos vinculados.
La apariencia ordinaria
Carlos Alberto Parra Delgado, hispano-venezolano nacido en 1990 y residente en Madrid, aparece frente a la investigación como un administrador formal.
Según la tesis policial, es un hombre de paja, presentado como la cara visible de una estructura que en realidad estaría controlada por Francisco Flores Suárez.
Parra niega cualquier implicación en la red. Tras los registros de la UDEF en su gestoría, manifestó a EL ESPAÑOL que no esperaba verse involucrado en la investigación. Su defensa niega «cualquier tipo de conexión extraña» con Flores Suárez.
Esa es la posición pública del investigado, pero según la causa la realidad sería diferente, y los agentes consideran que Flores Suárez actuaba como propietario real.
Esta sustitución del administrador formal es un rasgo típico de estructuras con testaferros: la sociedad existía, contaba con administrador, domicilio y papeles legales, pero las decisiones las tomaba una persona no registrada en el Registro Mercantil.
El contraste entre la fachada y el fondo del caso resulta uno de sus aspectos más llamativos.
Mar de Kara 17 no es un edificio financiero ni una sede corporativa; se trata de una gestoría de barrio en Hortaleza, un negocio familiar donde laboraban Carlos Alberto y su hermano Carlos Alfonso. Los vecinos y comerciantes los describen como personas formales y conocidas en la zona.
Precisamente esta apariencia cotidiana hacía funcional la estructura: una gestoría puede recibir pagos por servicios administrativos, emitir facturas, contratar informes y abonar a proveedores.
Un caso abierto
La investigación ubica a Mar de Kara 17 como una dirección clave no solo para los pagos al ‘Grupo Zapatero’, sino también para las relaciones comerciales de importantes empresarios chavistas como Flores Suárez.
Allí convergen Softgestor, Apamate, FVF Operaciones Globales y otras compañías relacionadas por cargos, domicilios y personas.
Los documentos revisados muestran un patrón claro: fondos que ingresan desde sociedades extranjeras o vinculadas a operadores venezolanos; salidas hacia Análisis Relevante, el hermano de Parra y otros proveedores; sociedades con capital mínimo; actividad económica restringida; y decisiones aparentemente controladas por Francisco Flores Suárez, a pesar de no aparecer como propietario formal.
Este constituye el núcleo del denominado chiringuito financiero de Mar de Kara 17: una estructura pequeña en apariencia, pero con conexiones que alcanzan Caracas, PDVSA, el entorno de Delcy Rodríguez y el círculo empresarial vinculado a Zapatero.
Desde fuera, la gestoría continúa siendo un despacho modesto de barrio; sin embargo, para la investigación se ha convertido en una puerta de entrada crucial.
Es un punto desde donde rastrear el flujo de dinero venezolano que llegó a España bajo contratos de consultoría, asesoría y servicios profesionales.