Las claves
La UCO se ha presentado en la sede nacional del PSOE en Madrid para solicitar información relacionada con la financiación del partido, por mandato del juez Santiago Pedraz.
El magistrado está investigando una presunta red corrupta vinculada al denominado caso Leire/caso SEPI, que habría cobrado comisiones ilegales entre 2021 y 2023.
Los señalados, Leire Díez, Vicente Fernández y Antxon Alonso, están involucrados en al menos cinco operaciones fraudulentas valoradas en cerca de 132 millones de euros.
La indagación también apunta a un rescate público realizado a Tubos Reunidos y otros préstamos y contratos presuntamente manipulados.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil visitó este miércoles la sede nacional del PSOE, situada en la madrileña calle de Ferraz.
Dicha acción se llevó a cabo por orden del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, quien bajo secreto de sumario, investiga una pieza separada del caso Leire/caso SEPI relacionada con la financiación del Partido Socialista.
Los efectivos de la UCO cuentan con autorización para realizar un registro en la sede del partido si este no proporciona la documentación solicitada.
En esta investigación, Pedraz indaga a Leire Díez, conocida como la fontanera del PSOE, junto con Vicente Fernández, expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), y el empresario Antxon Alonso, amigo y socio del exsecretario de Organización socialista, Santos Cerdán.
En el marco de esta pieza secreta, el juez titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 autorizó a los agentes de la UCO a acudir, desde primeras horas del día, tanto a la sede socialista como a otras entidades que por el momento permanecen sin identificar.
En el caso Leire/caso SEPI, Pedraz investiga a Díez, Fernández y Alonso por su presunta participación en una red dedicada, entre 2021 y 2023, a percibir comisiones ilegales de empresas a cambio de ejercer influencias específicas.
Un informe de la UCO señala que estos tres individuos habrían intervenido en al menos cinco amaños, en operaciones cuyo valor conjunto ronda los 132 millones de euros.
Entre otras actividades, la supuesta red criminal habría influido en un rescate público otorgado a la empresa Tubos Reunidos por 112,8 millones de euros, además de facilitar préstamos menores por parte de SEPI y manipular otros contratos.
Los tres investigados también utilizaban un grupo de WhatsApp llamado Hirurok, que en euskera significa «Nosotros tres».
Por otra parte, otro juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno (Juzgado Central de Instrucción 2), está investigando en un procedimiento distinto las presuntas irregularidades contables en el PSOE.
Además, Leire Díez es investigada en otro proceso por el magistrado Arturo Zamarriego, titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, que indaga en las supuestas maniobras para obstaculizar las pesquisas de la Fiscalía Anticorrupción y la UCO.
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