Las claves
Pedro Sánchez reafirma su respaldo a José Luis Rodríguez Zapatero y descarta convocar elecciones o considerar que el Gobierno esté en riesgo a pesar de la controversia.
El presidente se dirige a Roma con la intención de entrevistarse con el Papa, confiando en que la visita del pontífice contribuya a aliviar la crisis política.
La investigación judicial expone presuntos negocios de Zapatero en Venezuela y transferencias financieras realizadas mediante diversas empresas, generando inquietud dentro del PSOE.
Zapatero refuta todas las imputaciones y argumenta que los informes judiciales contienen numerosas inexactitudes, atribuyendo la causa a motivaciones políticas.
Pedro Sánchez se mantiene firme. Asegura que sigue respaldando a José Luis Rodríguez Zapatero, señala que lo que aparece en el sumario no constituye prueba alguna y remarca que la estabilidad del Gobierno no está comprometida.
El presidente no contempla la convocatoria de elecciones y, pese a las amenazas del PNV y Junts, tampoco considera plausible una moción de censura.
Este lunes, en una aparición pública y manteniendo distancia de la prensa, solo expresó que se siente «tranquilo». Ningún representante socialista del Ejecutivo ofreció declaraciones oficiales al respecto.
La ministra portavoz, Elma Saiz, deberá abordar este asunto hoy tras el Consejo de Ministros, pero todo indica que mantendrá la línea del «respeto a la Justicia» y recordará la trayectoria de Zapatero como presidente.
Por su parte, Sánchez viaja este martes a Roma para participar en un evento de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), y el miércoles se verá con el Papa en el Vaticano para asuntos relacionados con la visita pontificia a España, sin intención de responder preguntas o referirse al caso Zapatero.
En Moncloa apuestan a que la llegada del Papa y sus mensajes logren desviar la atención del escándalo. El miércoles Sánchez no asistirá a la sesión de control al Gobierno en el Congreso.
Sin embargo, este mutismo no implica que en el Gobierno y el PSOE no exista alarma y desánimo a raíz de la información que emerge del sumario.
Aunque no hay registros directos de conversaciones de Zapatero, preocupa que se revelen presuntos negocios de éste en Venezuela, que contrastan con la imagen de su labor humanitaria y desinteresada.
Algunas cuestiones permanecen sin explicación, como los cuantiosos ingresos en la empresa de sus hijas, provenientes de la compañía sin actividad denominada Inteligencia Prospectiva.
Dicha empresa, según detalla el auto judicial citando a la ONIF (Oficina Nacional de Investigación del Fraude), dependiente del Ministerio de Hacienda, operaba de manera consistente con un uso instrumental orientado a introducir fondos extranjeros en España y canalizarlos hacia sociedades relacionadas con la red.
De acuerdo con la UDEF y el auto, esto se trataba de enmascarar los ingresos que Zapatero recibió por sus gestiones en favor de Plus Ultra.
Esta revelación constituye un golpe significativo para la imagen ética de quien siempre fue considerado un referente moral en la izquierda.
Zapatero se pronunció el lunes a través de su asesor de comunicación, Luis Arroyo, afirmando que todas las acusaciones son infundadas y que lo demostrará en su declaración judicial.
Según su versión, los informes y el auto contienen numerosos errores y desde su papel clave en la campaña electoral de 2023, ha sido objeto de seguimiento por parte de la derecha.
No obstante, desde hace días, nadie en la izquierda usa el término lawfare, en parte porque la investigación implica la participación de autoridades de Estados Unidos, Francia y Suiza, además de la Fiscalía Anticorrupción, la UDEF, la ONIF y el juez José Luis Calama. Tal conspiración resultaría demasiado amplia para abarcarla.
El PSOE y el Gobierno restan importancia a las peticiones de elecciones anticipadas de Felipe González, señalando que ha hecho semejantes declaraciones en al menos dos ocasiones anteriores y que sus opiniones ya no provocan reacción en el Ejecutivo ni en la mayoría del partido.
En Moncloa siguen con atención las distancias que el PNV y Podemos toman desde posiciones distintas, atribuyéndolo a la necesidad de ambos partidos de protegerse y diferenciarse del PSOE de cara a las elecciones de 2027. Para el PNV, estos comicios son cruciales respecto a diputaciones y ayuntamientos.
Esa situación explica la postura de Aitor Esteban, quien ha exigido elecciones inmediatas, es decir, antes de los locales, intentando evitar que coincidan con generales y el llamado superdomingo.
En el PSOE y el Gobierno consideran inviable que Junts y PNV respalden una moción de censura que incluya a PP y Vox. «Quedarían políticamente muertos, al asociar la formación de un Gobierno con la ultraderecha y la oposición al soberanismo», concluyen.