La resolución del juez se produce tras evaluar el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, así como las alegaciones planteadas por las defensas, la Fiscalía y las acusaciones populares
El juez Juan Carlos Peinado ha citado a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, para que acuda al juzgado el próximo 9 de junio a las 11 de la mañana. La convocatoria también incluye a Cristina Álvarez, asesora de Moncloa, y al empresario Juan Carlos Barrabés. Los tres están obligados a presentarse en persona en una causa en la que figuran como investigados por presuntos delitos de corrupción en los negocios, tráfico de influencias, malversación y apropiación indebida.
En semanas recientes, el magistrado ha rechazado los recursos que pedían el cierre de la investigación y ha reafirmado su propuesta de que los acusados sean juzgados por un jurado popular, decisión que se tomó tras finalizar la fase de instrucción en abril. Actualmente, esta propuesta permanece pendiente de resolución por parte de la Audiencia Provincial.
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Deberá presentarse “personalmente” o podría ser “conducida por la fuerza pública”
De esta forma, Peinado determina que los tres “acusados comparezcan personalmente” y “con la advertencia de ser trasladados por la fuerza pública al acto de la audiencia preliminar, con el fin de, en su caso, llevar a cabo la comparecencia correspondiente en su presencia, donde se podrían imponer medidas cautelares personales destinadas a evitar o disminuir el riesgo de evasión de la justicia”.
La resolución del juez se toma tras revisar el informe más reciente de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, junto con las alegaciones presentadas por las defensas, la Fiscalía y las acusaciones populares, incluida la encabezada por Hazte Oír, según consta en el auto fechado este lunes y consultado por Europa Press.
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El último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que consta de 317 páginas, concluye que la cátedra codirigida por Begoña Gómez en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) fue establecida conforme a los procedimientos internos de la universidad. No obstante, la UCO señala posibles irregularidades en la adjudicación para el desarrollo de un software, especialmente referentes a la contratación de Deloitte Consulting y Making Science Group.
Según el documento, la contratación de Deloitte se llevó a cabo mediante expedientes administrativos que pretendían dar “apariencia de legalidad”, sin ajustarse a la normativa vigente. Los investigadores sostienen que las adjudicaciones a Deloitte fueron planificadas, que la consultora comenzó sus actividades antes de formalizarse los contratos y que las condiciones, incluido el precio, se adecuaron a lo acordado entre la empresa y la cátedra. La UCO advierte que las solicitudes de oferta habrían sido simuladas, limitando la concurrencia de otros licitadores. En el caso de Making Science Group, el servicio se contrató sin expediente, y el pago se autorizó tras la ejecución del trabajo, conforme al documento.
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El informe también indica que no se cumplió con los protocolos internos de la UCM para inscribir la propiedad intelectual del software, ni para registrar la marca o el dominio de la plataforma. Los fondos utilizados en estos procesos provenían del ámbito privado de Gómez.
Respecto a la participación de Gómez, la UCO documenta su presencia en talleres promocionales y recoge declaraciones que atribuyen la titularidad de la plataforma a la UCM, confirmando su carácter gratuito. El informe examina ingresos de la Fundación Instituto de Empresa y de Inmark a nombre de Gómez, además de movimientos en cuentas de la sociedad Transforma TSC, que ella administra, sin encontrar evidencias formales que vinculen esta sociedad con la cátedra universitaria.
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