Las enmiendas del PP y Junts pretendían ampliar las posibilidades de transferencia de derechos económicos desde las mutualidades profesionales al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos
El Gobierno ha bloqueado en el Congreso una de las reformas más demandadas por miles de mutualistas españoles. El Ejecutivo ha vetado la tramitación de varias enmiendas impulsadas por PP y Junts que buscaban ampliar la opción de transferencia de derechos económicos desde las mutualidades profesionales al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), una medida que habría beneficiado directamente a alrededor de 47.000 personas.
Esta decisión representa un golpe considerable para muchos profesionales colegiados que confiaban en mejorar sus condiciones de jubilación y remediar los perjuicios derivados de haber cotizado durante años en sistemas alternativos a la Seguridad Social.
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El veto se da en el contexto de la proposición de ley destinada a establecer una “pasarela” para que los mutualistas puedan transferir sus derechos económicos acumulados al RETA antes de 2028, momento en el que se prevé eliminar el actual modelo alternativo entre mutualidades y el sistema público de autónomos.
Un coste de más de 5.200 millones
La enmienda principal vetada, acordada entre PP y Junts, proponía eliminar uno de los requisitos más estrictos de la futura pasarela: la obligación de no tener reconocido el periodo mínimo exigido para acceder a una pensión de jubilación en el sistema de Seguridad Social.
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De haberse aprobado esa modificación, miles de mutualistas que ya cumplen las condiciones básicas para jubilarse habrían podido también transferir sus derechos al RETA y así mejorar su futura prestación.
No obstante, el Gobierno se amparó en la potestad que otorga el artículo 134.6 de la Constitución para bloquear iniciativas parlamentarias con impacto presupuestario. Según el documento de rechazo recogido por Europa Press, esta medida implicaría un costo aproximado de 5.204 millones de euros.
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Desde el Ejecutivo se sostiene que asumir dicho gasto supondría un impacto considerable en las cuentas públicas y pondría en riesgo la sostenibilidad financiera del sistema.
Testimonios de abogados mutualistas recogidos por el ICAM
El fin de las mutualidades alternativas
La reforma en debate busca terminar con un modelo que durante décadas permitió a ciertos profesionales colegiados —como abogados, arquitectos o ingenieros— cotizar en mutualidades privadas alternativas en vez de hacerlo en el RETA.
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Muchos mutualistas llevan años señalando que este sistema les ha provocado notables pérdidas económicas y pensiones considerablemente inferiores a las del régimen público de autónomos.
Por ello, el proyecto de ley pretende facilitar una transición gradual al RETA antes de 2028. Sin embargo, las enmiendas vetadas por el Gobierno tenían como objetivo ampliar todavía más esa integración y flexibilizar las condiciones de acceso.
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También se rechazan las propuestas de Vox
El veto del Ejecutivo no afecta únicamente a las propuestas de PP y Junts. El Gobierno también ha bloqueado una iniciativa de Vox para extender la pasarela al RETA a cualquier persona que hubiera sido mutualista en algún momento de su trayectoria laboral, incluyendo jubilados, pasivos o beneficiarios. Según el Gobierno, esta propuesta aumentaría aún más el impacto económico de la reforma y excedería el objetivo inicial de la ley.
Además, se ha rechazado otras modificaciones pactadas entre populares y Junts, como la obligación de desarrollar reglamentariamente la transferencia de derechos en un plazo máximo de tres meses desde la aprobación de la ley.
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El argumento del Ejecutivo apunta a que imponer ese límite temporal supondría una limitación “significativa” debido a la complejidad técnica del asunto y a los recursos humanos disponibles para llevar adelante el proceso.
El choque sobre el futuro del sistema
Otra de las cuestiones que ha provocado mayor discrepancia política es el intento de PP y Junts de mantener el régimen de mutualidades más allá de 2028 y equipararlo al RETA.
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El Ejecutivo considera que esta propuesta va en contra de uno de los objetivos claves de la reforma: eliminar la coexistencia entre mutualidades alternativas y el sistema público de autónomos.
Desde el Gobierno se argumenta que el modelo actual ha generado “disfunciones” durante años y que conservarlo implicaría perpetuar las desigualdades entre profesionales.
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Además, advierten sobre el impacto económico que implicaría para la Seguridad Social permitir que ciertos colegiados sigan fuera del RETA. Según sus cálculos, por cada profesional que no se integre en el régimen público de autónomos se dejarían de recaudar alrededor de 105.000 euros durante una media de treinta años de cotización.
Malestar entre los mutualistas
El veto ha provocado preocupación entre colectivos de mutualistas y asociaciones profesionales que llevan tiempo demandando soluciones para quienes consideran atrapados en un sistema menos ventajoso que el público.
Numerosos profesionales critican que las mutualidades no han asegurado prestaciones equivalentes a las del RETA y que miles afrontan jubilaciones con ingresos notablemente bajos tras décadas de cotización.
La decisión del Gobierno introduce ahora incertidumbre acerca del alcance final de la futura pasarela y sobre las condiciones bajo las cuales los mutualistas podrán integrarse al sistema público.