Las claves
La UDEF denuncia que la SEPI ha proporcionado información parcial sobre el rescate de Plus Ultra, incluyendo carpetas vacías, datos corruptos y correos electrónicos omitidos.
La investigación apunta a una posible red de tráfico de influencias encabezada por José Luis Rodríguez Zapatero, vinculada a la concesión de 53 millones de euros a Plus Ultra.
La documentación entregada por la SEPI carece de comunicaciones esenciales y ciertos documentos solicitados, como certificados de la Seguridad Social o contratos de arrendamiento.
Se detectan discrepancias entre los certificados facilitados por Plus Ultra y la información oficial de la Seguridad Social sobre su deuda en el momento de solicitar el rescate.
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional informó al juez José Luis Calama que, pese a los dos requerimientos recibidos, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) no ha entregado la información completa relativa al expediente sobre el rescate de Plus Ultra.
Tal documentación es fundamental para la investigación, que se centra en una presunta red de tráfico de influencias dirigida por el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, la cual habría facilitado la concesión a Plus Ultra de préstamos por 53 millones de euros públicos.
Los fondos provienen del Fondo de Ayuda a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), gestionado por la SEPI, que elevaba las propuestas de rescate al Ejecutivo de Pedro Sánchez.
La denuncia de la UDEF se incluye al inicio de su informe del 22 de abril, clave para que Calama otorgara la condición de investigado al expresidente Zapatero y autorizara el registro de su oficina el pasado martes.
Tras revisar la información entregada por la SEPI en respuesta al primer requerimiento judicial, los agentes constataron que «está incompleta».
Varias carpetas «están vacías de contenido y carecen de documentación». Destacan aquellas que debían incluir información sobre las comisiones de seguimiento del rescate.
Otros archivos «no se pueden abrir«, especialmente los relacionados con la corrección de errores en los documentos facilitados por la aerolínea a la SEPI.
Sobre las comunicaciones, los correos electrónicos incluidos en el expediente «se limitan a intercambios entre el FASEE y la aerolínea, tanto recibidos como enviados, correspondientes únicamente al año 2025».
Por tanto, no se encuentran los correos intercambiados entre los responsables del expediente de Plus Ultra en la SEPI y los directivos de la aerolínea desde que se solicitó la ayuda pública (1 de septiembre de 2020) hasta su concesión en marzo de 2021.
Los agentes afirman que estos correos «existen o han existido», dado que consta en el proceso que la SEPI solicitó a Plus Ultra documentación para corregir errores en la solicitud del rescate.
Para la UDEF, es evidente que hubo una comunicación fluida entre los directivos de Plus Ultra y al menos José Ángel Partearroyo, un directivo técnico de la SEPI, durante la fase de concesión de la ayuda pública, «sin que dichas comunicaciones hayan sido incorporadas al expediente, salvo alguna excepción en formato PDF».
«TODA» la información
Por ejemplo, en el expediente figura la respuesta de Plus Ultra del 22 de diciembre de 2020 a una solicitud de corrección de errores, pero no aparece la solicitud en sí.
Debido a estas omisiones, el pasado febrero la UDEF solicitó a la juez Esperanza Collazos —encargada de las diligencias entonces— que remitiera un segundo requerimiento a la SEPI. La instructora exigió a la sociedad estatal «TODA LA INFORMACIÓN», destacando esto en mayúsculas en el escrito judicial, vinculada a la ayuda pública concedida a Plus Ultra.
En su contestación, la SEPI afirmó que la información entregada «equivale a la presentada originalmente» y que solo añadía “datos adicionales relativos al seguimiento de la financiación desde el 18 de diciembre de 2025 hasta la fecha actual”.
No obstante, al comparar la respuesta al primer requerimiento con la del segundo, la UDEF evidenció que «difieren más allá de lo indicado por la SEPI».
El número de archivos y carpetas presentado tras el nuevo requerimiento «es considerablemente menor que en la respuesta inicial, sin que se conozcan las razones«, indica el informe.
Los agentes verificaron que algunas carpetas permanecían vacías y que ciertos archivos seguían inaccesibles (denominados archivos corruptos).
Además, detectaron documentos referenciados en el expediente que, sin embargo, no se encontraban entre los aportados.
Por ejemplo, en la carpeta dedicada a la documentación entregada por Plus Ultra a Deloitte para su informe legal, no se encuentran documentos mencionados por la consultora «y que deberían estar incluidos en el expediente, entre otros», señala la UDEF.
Certificado de la TGSS
Tampoco consta en la documentación que la SEPI remitió al Juzgado un certificado fechado el 24 de febrero de 2021, enviado a Deloitte por Plus Ultra, en el que se confirmaba que la compañía estaba al corriente con sus obligaciones ante la Seguridad Social, requisito imprescindible para recibir la ayuda.
Este certificado coincide con otros dos —emitidos el 20 de agosto de 2020, pero por funcionarios diferentes de la Tesorería General de la Seguridad Social— que Plus Ultra adjuntó a la solicitud del rescate.
Sin embargo, la TGSS comunicó a la UDEF que, a fecha del 20 de agosto de 2020, la aerolínea mantenía una deuda pendiente con la Seguridad Social, contradiciendo los certificados entregados a la SEPI y a Deloitte por la empresa.
En la documentación facilitada por la SEPI tampoco se incluye el contrato de arrendamiento de una aeronave firmado en noviembre de 2019 con Modus Securitisation ni las actas de la SEPI correspondientes al periodo de concesión de la ayuda, fechadas el 9 y 23 de febrero de 2021.