Vecinos realizaron múltiples denuncias por el ruido y las molestias causadas por un local en la localidad, pero el Ayuntamiento no implementó ninguna acción al respecto.
Este miércoles, la Audiencia de Madrid juzga a Antonia Alcázar, alcaldesa del municipio madrileño de Velilla de San Antonio, acusada de prevaricación urbanística y medioambiental debido a que no tomó medidas tras varias denuncias vecinales por el ruido y las molestias generadas por un local.
Alcázar, que años atrás fue absuelta en otro proceso de prevaricación, es hermana de María Gertrudis, secretaria del ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, a quien el juez encargado del caso Plus Ultra atribuye un «papel operativo esencial» en la supuesta red de tráfico de influencias en la que se involucra al exlíder socialista.
Actualmente, la alcaldesa socialista enfrentará el juicio en la Audiencia Provincial, junto al concejal de Vivienda, Joaquín Panadero, una ex concejala de Medio Ambiente y un técnico de Urbanismo, todos acusados de un delito continuado de prevaricación urbanística y ambiental.
El fiscal, en su escrito de conclusiones provisionales, solicita una pena de prisión de 3 años e inhabilitación para ejercer cargos públicos con funciones urbanísticas y ambientales durante 12 años, según informó la Fiscalía de Madrid.
En dicho documento, el ministerio público sostiene que los acusados «desatendieron deliberadamente sus obligaciones en materia de disciplina urbanística y protección del medio ambiente y la salud de los vecinos» al ignorar las «numerosas denuncias y quejas» relacionadas con el funcionamiento de un establecimiento hostelero de la zona.
Según el escrito, esta propiedad contaba con licencia para operar como restaurante, pero no para uso exterior; sin embargo, «se realizaban eventos diversos como fiestas, bodas, comuniones y bautizos» en las instalaciones externas, incumpliendo «el horario de cierre» y generando «graves molestias a los vecinos», mediante el uso de pirotecnia y sistemas de sonido de alta potencia.
La Fiscalía destaca las «múltiples denuncias» presentadas ante el Ayuntamiento por los vecinos (se contabilizan hasta 12, «entre otras») y las diversas «actas de intervención de la Policía Local», que solo provocaron la apertura de cuatro expedientes sancionadores por parte del Ayuntamiento.
No obstante, el fiscal señala que en esos expedientes «no se adoptó ninguna resolución»; permanecen paralizados y los acusados, «en calidad de responsables del Ayuntamiento», no ejercieron las competencias correspondientes en inspección y disciplina urbanística, ni implementaron medidas cautelares ni decisiones para restaurar la legalidad urbanística.