Las claves
Junts y PNV continúan las negociaciones para consensuar una moción de censura contra Pedro Sánchez; sin embargo, Junts demanda esperar la amnistía de Puigdemont.
El PNV descarta apoyar una moción impulsada por el PP, aunque podría optar por abstenerse o ausentarse si la moción es promovida por otras formaciones políticas.
Coalición Canaria y la posible salida de Izquierda Unida del Ejecutivo aumentan la presión sobre Sánchez, mientras las tensiones internas se intensifican.
El expresidente Zapatero ha sido citado a declarar como investigado en la Audiencia Nacional, acusado de corrupción y tráfico de influencias en el caso Plus Ultra.
Junts y PNV prosiguen con las conversaciones para encontrar una solución a la complicación política generada por «nueve causas abiertas contra el PSOE por corrupción», según afirmó Aitor Esteban.
Después del encuentro entre el presidente del PNV y el secretario general de Junts, Jordi Turull, el pasado viernes en Zaragoza, está prevista una nueva reunión entre ambas formaciones el 2 de junio, un día después del octavo aniversario de la moción de censura contra Mariano Rajoy.
Ese día, Imanol Pradales asistirá a un foro del Cercle d’Economía en Barcelona, donde coincidirá con representantes de Junts. El partido de Carles Puigdemont planea aprovechar la ocasión para realizar otro encuentro.
El PNV ha dejado claro que no apoyará ninguna moción de censura presentada por el PP, ni siquiera si se tratase de una moción instrumental destinada a convocar elecciones generales inmediatas.
Los nacionalistas vascos mantienen acuerdos con el PSOE en el Gobierno vasco, en las diputaciones y numerosos ayuntamientos.
En caso de ser necesario, serían los siete diputados de Junts quienes apoyarían la moción contra Sánchez, «pero nunca antes de que el TJUE emita su sentencia», aseguran las fuentes, que esperan un fallo favorable a la amnistía de Puigdemont.
La idea de presentar una moción instrumental ronda desde el otoño pasado, cuando Santos Cerdán todavía estaba en prisión preventiva.
En ese momento, Junts transmitió a Feijóo, mediante emisarios interpuestos del mundo empresarial, su voluntad de derrocar a Sánchez, a quien acusaban de haberles «engañado en todo».
El partido de Puigdemont es consciente de que no podrá obtener demandas con contenido separatista por parte del PP. No obstante, durante el último año ha fomentado la inestabilidad en el Congreso, apoyando iniciativas que, ideológicamente, coinciden con su tradición conservadora: leyes antiokupación, reducción de impuestos, anulación del cierre nuclear, endurecimiento del Código Penal contra reincidentes…
Ya en noviembre, la periodista y exdiputada Pilar Rahola explicó en una entrevista con este diario que Junts solo aguardaba la amnistía «y después se activarán».
«Se requiere un golpe de efecto, porque Aliança nos está perjudicando», relatan fuentes internas.
«El mismo día que Puigdemont pueda regresar, ese día comenzarán los problemas para Pedro Sánchez«, concluye un cercano colaborador del expresidente exiliado en Waterloo desde 2017.
«Es el PNV quien nos llama»
«Si Zapatero no solicita aplazamiento«, y aunque todos los implicados en este proceso cuentan con que lo hará tras la entrega del sumario a las partes, «el 2 de junio puede ser decisivo».
El expresidente y «referente moral del PSOE» comparecerá como investigado en la Audiencia Nacional, mientras el lehendakari continuará diseñando las estrategias con el partido de Puigdemont en Barcelona.
«Nos está llamando el PNV», aclara una fuente cercana a Puigdemont, «para conocer nuestras intenciones y disposición, ya que ellos no pueden actuar directamente». El PNV sí podría optar por la abstención o la ausencia en el pleno.
Si el TJUE continúa sin publicar su fallo sobre las cuestiones prejudiciales planteadas por los tribunales españoles respecto a la aplicación de la amnistía, el encuentro entre Pradales y Junts será solo una ronda exploratoria más. La sentencia, inicialmente prevista para finales de marzo, sigue demorándose.
Coalición Canaria está actuando como facilitador en estas negociaciones. El partido de Fernando Clavijo votó a favor de la investidura fallida de Feijóo en septiembre de 2023, y posteriormente apoyó también la de Sánchez, el 16 de noviembre del mismo año.
Sin embargo, siempre condicionaron su respaldo a que no se aprobara la ley de amnistía, posición que finalmente mantuvieron. Además, vincularon su apoyo al cumplimiento de la denominada «agenda canaria».
Aunque Clavijo gobierna en coalición con el PP en Canarias, su partido ha sabido mantener doble juego en este periodo, hasta que observó cómo el PSOE rompía «la baraja».
La crisis migratoria, el incumplimiento en el traslado de menores no acompañados y, especialmente en el último mes, la crisis generada por el buque infectado con hantavirus, han convencido a los canarios de que probablemente fue «un error» participar en la investidura socialista.
Por ello, Clavijo ya expresó hace dos semanas en el Parlamento insular que se sentía «traicionado» por el ministro Ángel Víctor Torres.
Ahora es él quien impulsa estos movimientos desde las islas, dialogando con el PNV —con quien CC mantiene una relación tradicional de intereses compartidos y coaliciones habituales en europeas— y con Junts.
La ‘vía Izquierda Unida’
Otras fuentes políticas advierten que la caída de Sánchez podría producirse por otro camino o al menos, ser «favorecida».
Estas fuentes indican que Izquierda Unida está muy preocupada por el desgaste que implica aparecer como cómplices de la corrupción que afecta al sanchismo.
«Mira a IU, es probable que abandonen el Gobierno». Nadie se atreve a fijar una fecha, pero si no se presenta la moción instrumental en otoño ni Sánchez atiende las advertencias públicas y privadas de Esteban, los seguidores de Antonio Maíllo podrían plasmar su ruptura.
«El fracaso en Andalucía ha generado inquietud y consideran que o actúan o se hunden«, explica una de las fuentes consultadas. «Compartir su posición con Sánchez les está desgastando y Antonio Maíllo busca sacar del Gobierno a su ministra», Sira Rego, responsable de Juventud e Infancia.
Desde el entorno de Clavijo se señala que la moción instrumental es la opción más probable. «Se trataría de llegar a un acuerdo para decirle al PP ‘te elegimos, Alberto, para que convoques’, porque Pedro no se irá por nada del mundo, y así nadie tendría que negociar siquiera indirectamente con Vox».
El hecho de tener que compartir la operación política con Santiago Abascal y el riesgo de ser señalados como responsables de la llegada al poder de «la ultraderecha española» dentro de un hipotético Ejecutivo de coalición es lo que preocupa a PNV, Junts y CC.
«Por ahora, todo depende de lo que haga Junts«, concluye una fuente. «Y lo harán… pero solo una vez que la amnistía esté aprobada».
El ‘caso Zapatero’
El expresidente Zapatero ha sido citado para declarar como imputado ante la Audiencia Nacional el 2 de junio, coincidiendo con el encuentro planeado entre Pradales y Junts en Barcelona. Es la primera ocasión en la historia democrática española en que un expresidente comparece como investigado.
El juez José Luis Calama lo acusa de delitos de tráfico de influencias y otros relacionados con la corrupción. La investigación gira en torno al rescate público de 53 millones de euros otorgado por el Gobierno de Pedro Sánchez a la aerolínea Plus Ultra en marzo de 2021, en plena crisis sanitaria por Covid-19.
Los informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional indican que Zapatero habría encabezado «una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias» destinada a «obtener beneficios económicos mediante intermediación e influencias en instancias públicas».
Según el auto judicial, el expresidente y su entorno habrían recibido alrededor de 1,95 millones de euros de forma irregular.
La UDEF afirma que «el beneficiario final principal de los fondos obtenidos por la red sería José Luis Rodríguez Zapatero y la sociedad Whathefav», cuya administración y propiedad corresponden a sus hijas Alba y Laura Rodríguez Espinosa.
La investigación policial ha concluido que empresas relacionadas con el entorno del expresidente facturaron casi 600.000 euros a Plus Ultra mediante documentos que «servirían únicamente como justificación documental».
Además, los informes de la UDEF sitúan a Zapatero como intermediario entre China y el régimen chavista de Venezuela para la adquisición de petróleo venezolano.