En respuesta a una petición firmada por profesionales del cine francés que protestaban contra la creciente influencia del empresario conservador Vincent Bolloré en la industria mediática de Francia, el director general del grupo amenazó con incluirlos en una lista negra. Pero, ¿es legal esta amenaza y podría afectar a la libertad de expresión?
El cine francés fue conmocionado profundamente días antes del emblemático Festival de Cannes, celebrado del 12 al 23 de mayo, cuando más de 600 profesionales firmaron una petición que protesta contra la creciente influencia del empresario conservador Vincent Bolloré sobre la industria audiovisual del país.
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Entre quienes han sumado su firma a la petición destacan figuras de Hollywood como Javier Bardem y Ken Loach, junto con reconocidas actrices francesas como Adèle Haenel y Juliette Binoche.
Lanzada por el colectivo “Zapper Bolloré” —que significa “Eliminar a Bolloré”—, la petición ya reúne cerca de 3,500 firmas y critica la “creciente influencia de la extrema derecha” dentro del sector cinematográfico francés. Señala a Bolloré, principal accionista del mayor productor de cine del país, Canal+.
El magnate de los medios, de 74 años, ha sido acusado de utilizar su imperio para impulsar ideas reaccionarias y de extrema derecha.
En 2025, el grupo Canal+ anunció la adquisición del 34% de la cadena cinematográfica UGC, además de manifestar su intención de realizar una “posible adquisición” completa para 2028.
“Dejar el cine francés bajo el control de una figura de extrema derecha implica no solo una homogenización de las producciones, sino también un dominio fascista sobre la imaginación colectiva”, señala la petición, publicada en el medio francés Libération.
Amenazas del CEO de Canal+
Como respuesta a la petición, Maxime Saada, director ejecutivo de Canal+, declaró en un evento dedicado a productores de cine durante el festival de Cannes el 17 de mayo, que la compañía debería cortar la colaboración con aquellos profesionales que firmaron la petición.
“Percibí esa iniciativa como una injusticia hacia los equipos de Canal+, quienes defienden la independencia de Canal+ y la diversidad total de sus elecciones”, afirmó Saada.
“He decidido no trabajar más con las personas que firmaron esa petición, y tampoco deseo que Canal continúe colaborando con ellas,” añadió.
Euronews contactó con Canal+ para saber si estas amenazas serían llevadas a cabo, pero sus representantes prefirieron no hacer declaraciones.
Muchos profesionales y analistas consideran que las palabras de Saada constituyen una amenaza de boicot, lo cual podría representar una vulneración a la libertad de expresión.
Durante un discurso en la Asamblea Nacional, la diputada socialista Céline Hervieu acusó a Bolloré de “suprimir la libertad de expresión y creatividad”, mientras que la actriz francesa Adèle Exarchopoulos declaró: “no se puede temer perder el empleo solo por expresar una preocupación colectiva”.
¿Constituyen las declaraciones de Saada una amenaza de boicot?
“Los firmantes ejercieron su derecho a la libertad de expresión al manifestar sus inquietudes respecto a un grupo en particular”, explicó a Euronews Yann Personnic, abogado parisino especializado en derecho audiovisual y propiedad intelectual.
No obstante, Personnic señala que tales declaraciones de Saada no constituyen una violación directa a las leyes francesas sobre libertad de expresión, dado que el ejecutivo también tiene derecho a expresarse. La cuestión más compleja surge si Saada efectivamente cumple su amenaza.
“Esta acción chocaría con principios legales, como la no discriminación en el ámbito laboral,” afirmó Personnic. “No se puede discriminar ni negarse a colaborar con alguien basándose en sus opiniones políticas. Si se estableciera una distinción por ese motivo entre posibles socios, afectando una relación económica, podría ser constitutivo de delito.”
“Este principio se aplica tanto a empleados dentro del derecho laboral, como a productores independientes con quienes se firman contratos.”
Aun así, sería complicado para los firmantes probar ante un tribunal un caso de discriminación de esta naturaleza.
“Si Canal+ afirma: ‘No quiero trabajar con usted porque firmó esa carta abierta’, eso es cuestionable; pero si dice: ‘No trabajaré con usted por razones artísticas o financieras legítimas y específicas’, entonces no se puede imputar nada en su contra.”
“Por ello, en la práctica no se podrían presentar argumentos claros de discriminación, aunque quizás se argumente que la verdadera intención oculta es la discriminación. Sin embargo, no siempre es demostrable; depende del juicio del decisor. Finalmente, todo se reduce a evidencia y pruebas.”
¿Existe una obligación legal para que Canal+ produzca diversidad cinematográfica?
En medio del debate sobre la postura política de Bolloré, expertos legales advierten que Canal+ sigue sujeto a obligaciones jurídicas destinadas a preservar el pluralismo mediático en Francia.
“Aunque Canal+ tiene libertad para elegir con quién trabaja, posee la obligación legal de invertir en producciones en francés, colaborar con productoras independientes y respetar ciertos presupuestos, entre otras obligaciones generales,” indicó Personnic.
La ley fundamental de 1986 sobre libertad de comunicación establece que las cadenas de televisión deben garantizar la expresión pluralista de diferentes ideas y promover la diversidad.
Mientras tanto, personalidades clave del cine francés han intentado calmar la tensión, con el organismo regulador audiovisual Arcom exhortando a todas las partes a “iniciar un diálogo” y “reducir el clima de confrontación”.
La Sociedad Francesa de Directores de Cine (SRF), con alrededor de 500 cineastas afiliados, propuso la “mediación” entre los firmantes de la petición y los equipos de Canal+, con el fin de “reconstruir la confianza”.
Habrá que esperar para conocer los resultados de estas gestiones.