El Congreso ratifica la propuesta para otorgar a los funcionarios de prisiones el estatus de agentes de la autoridad

PSOE, PP y PNV facilitan el reconocimiento de los funcionarios de prisiones como agentes de autoridad tras años de demandas sindicales

Miembros de los sindicatos ACAIP-UGT y CSIF Prisiones

La histórica petición para que los funcionarios de prisiones sean reconocidos oficialmente como agentes de autoridad está más cerca de concretarse. Este jueves, la Comisión de Interior del Congreso aprobó el dictamen sobre la reforma de la Ley Orgánica General Penitenciaria que les otorga dicha condición. Ahora, la norma se someterá al Pleno de la Cámara Baja, donde previsiblemente recibirá la aprobación casi unánime tras el acuerdo entre PSOE, PP y PNV. Desde ACAIP-UGT y CSIF Prisiones aseguraron que se trata de «un avance clave para los trabajadores públicos penitenciarios».

«Gracias a la continua negociación y al esfuerzo sostenido de los sindicatos ACAIP-UGT y CSIF Prisiones, el proyecto legal que reconoce la condición de agentes de la autoridad a los trabajadores penitenciarios entra en su fase final con garantías de éxito, respaldado por la mayoría de los dos principales grupos parlamentarios».

Ambas organizaciones sindicales destacaron el trabajo sostenido que ha permitido este progreso. «Durante años, hemos desarrollado reuniones reiteradas con todos los partidos políticos, subrayando una premisa innegociable: la imprescindible unidad entre los partidos mayoritarios para dejar a un lado la confrontación política en un asunto crucial para la seguridad y la dignidad de los empleados penitenciarios», explicaron.

El sindicato mayoritario en Prisiones lo consideró «un logro colectivo y fortalecido, fruto del esfuerzo reflejado en el texto debatido». Señalaron que el documento, que no solo garantiza la condición de agente de la autoridad para toda la plantilla penitenciaria, incluyendo tanto funcionarios como personal laboral en el ejercicio de sus funciones, representa «una victoria en términos fundamentales para nuestra seguridad jurídica».

«Este avance tangible proviene de una estrategia sindical responsable, fundamentada en el diálogo directo, la presión institucional y la persistencia. Se ha conseguido que el consenso necesario se materialice, demostrando que los resultados son fruto del trabajo constante. Sin el apoyo de los dos grandes partidos, este acuerdo hubiera sido imposible«.

El dictamen de la ley fue aprobado en la Comisión de Interior con 34 votos a favor y dos en contra, estos últimos pertenecientes a ERC y Bildu.

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