Las claves
Antonia Alcázar, alcaldesa socialista de Velilla de San Antonio y hermana de la secretaria de Zapatero, está siendo juzgada por supuesta prevaricación urbanística y medioambiental.
La Fiscalía reclama tres años de prisión, sanción económica y 12 años de inhabilitación para Alcázar, debido a su supuesta omisión de responsabilidades ante reiteradas quejas vecinales por ruidos y actividades irregulares en una finca destinada a eventos.
El asunto implica la administración de la Quinta de San Antonio, inmueble propiedad de la familia Fitz-James Stuart, cuya actividad provocó más de una docena de denuncias entre 2019 y 2025 relacionadas con molestias vecinales.
Antonia Alcázar ya fue procesada en 2022 en el Caso Termyca por presunto fraude en contratos públicos, aunque fue absuelta en 2024.
Semana complicada y llena de contratiempos para el expresidente Zapatero y su entorno más próximo. El martes, el juez Calama imputó a su secretaria, Gertrudis Alcázar Jiménez, tras considerarla pieza clave en la trama que vincula al expresidente con presuntos delitos de blanqueo de capitales y tráfico de influencias en las investigaciones relacionadas con el rescate de Plus Ultra.
El miércoles, otra mujer ligada a Zapatero se presentará ante la Audiencia Provincial de Madrid. Se trata de Antonia Alcázar Jiménez, hermana de Gertrudis y alcaldesa socialista de Velilla de San Antonio, localización en la Comunidad de Madrid.
Está imputada por supuestos delitos de prevaricación urbanística y medioambiental.
Zapatero mantenía una estrecha vinculación con esta ciudadrealeña residente en Madrid, quien desde 2015 ejerce como alcaldesa de Velilla, un municipio con algo más de 14.000 habitantes entre Rivas-Vaciamadrid, Arganda del Rey y Torrejón de Ardoz.
En cada campaña electoral, el expresidente socialista visitó Velilla acompañado por dirigentes locales para respaldar oficialmente la candidatura de la hermana de su secretaria personal.
«Esta alcaldesa es más que una amiga. Es como una hermana. Un cariño», afirmó ZP en uno de los actos, además de describir a Alcázar Jiménez como «la mejor».
No obstante, el vínculo entre Zapatero y Antonia no se basa tanto en sus logros políticos, sino en su relación con Gertrudis, secretaria de confianza desde el año 2000.
Ese año, el expresidente asumió la secretaría general en Ferraz y fue su jefe de gabinete, José Andrés Torres Mora, quien la presentó. Desde entonces, se forjó una alianza sólida, pues Gertrudis trabajaba en la organización socialista desde 1988.
En 2004, Gertrudis se trasladó a La Moncloa como secretaria personal de Zapatero. En Ferraz la llegaron a llamar «la nueva Piluca», en alusión a la histórica secretaria de Felipe González.
Paralelamente, Antonia Alcázar inició su carrera política en 2011. Aunque estaba vinculada a las Juventudes Socialistas desde sus 17 años, fue ese año cuando, tras mudarse de su ciudad natal Daimiel a Velilla de San Antonio, dio el salto a la política activa.
Se presentó en el cuarto puesto en las listas del PSOE local. Pese a perder las elecciones bajo la bandera socialista, se convirtió en concejala en la oposición.
Cuatro años después, encabezó la lista del PSOE en Velilla y, aunque no alcanzó mayoría absoluta, logró formar gobierno. Gracias a su trabajo, fue reelegida en 2019 y nuevamente en 2023.
Durante todo ese tiempo, ha contado con el apoyo explícito de militantes destacados como Óscar López y Juan Lobato. Asimismo, Pedro Sánchez la conoce personalmente, puesto que en 2024, respaldada por Lobato, fue elegida presidenta del Consejo de Alcaldes y Alcaldesas del PSOE de Madrid.
Tres años de cárcel
En el juicio, junto a Alcázar están llamados un técnico de urbanismo de Velilla y los concejales de Medio Ambiente y Urbanismo, Elena Isabel Abraham Suárez, exedil de Más Madrid, y Joaquín Panadero Rubio, del PSOE.
El Fiscal solicita tres años de prisión, una sanción económica de 20 meses y una inhabilitación especial para ejercer cargos públicos relacionados con urbanismo y medio ambiente, así como la suspensión del derecho al sufragio pasivo por un período de 12 años.
Según la acusación, los funcionarios habrían «omitido deliberadamente sus responsabilidades en materia de disciplina urbanística, protección medioambiental y la salud de los vecinos».
El problema se centra en El Casón de la Quinta de San Antonio, un espacio para bodas cuyo permiso para operar como restaurante fue otorgado en 2006 a la empresa Agrocor S.L., gestionada por Belén Corsini, esposa de Carlos Fitz-James Stuart, conde de Osorno y nieto de Cayetana de Alba.
Según ha confirmado EL ESPAÑOL, el Ayuntamiento ignoró múltiples denuncias y quejas vecinales acerca de la actividad del local, ubicado en la calle María Zambrano número 9.
El establecimiento carecía de autorización para eventos en espacios al aire libre, áreas donde se realizaban distintos actos como fiestas, bodas, comuniones y bautizos.
De acuerdo con el artículo 2 de la Orden 1562/98 que regula los horarios de locales públicos y actividades recreativas, se infringían sistemáticamente los límites, ya que el ruido se extendía hasta las 5 o 6 de la madrugada, excediendo el permiso establecido que terminaba a las 2:00 de domingo a jueves y a las 2:30 los fines de semana y vísperas festivas.
Tres vecinos presentaron más de 12 denuncias en el Ayuntamiento entre 2019 y 2025 y alertaron reiteradamente a la Policía, aunque el consistorio solo inició cuatro expedientes sancionadores sin resolver eficazmente la problemática.
Los vecinos afectados y sus familias, según el expediente de la Fiscalía, «convivieron durante esos años cerca del establecimiento, sufriendo en primera persona las molestias generadas y sin recibir respuesta alguna por parte de los acusados, responsables municipales encargados de gestionar las quejas y denuncias».
Los residentes describen las estaciones de «primavera y verano» como las más problemáticas debido al incremento de eventos y la necesidad de mantener las ventanas abiertas por las altas temperaturas.
Estos hechos «configuran un delito continuado de prevaricación urbanística y ambiental», sostiene la documentación judicial, que también solicita una indemnización de 4.000 euros para los perjudicados.
EL ESPAÑOL ha intentado contactar con la alcaldesa y con los responsables de la Quinta de San Antonio, sin conseguir respuesta alguna respecto a las acusaciones formuladas.
No es esta la primera vez que Antonia Alcázar enfrenta procesos judiciales.
En julio de 2022, el juez José Luis Calama, mediante un auto de la Audiencia Nacional, procesó a 24 personas implicadas en el Caso Termyca, incluida Alcázar, por presunto fraude en contratos públicos. Sin embargo, la alcaldesa fue finalmente absuelta en 2024.