El expresidente del Gobierno dedicará tiempo completo junto a su abogado al interrogatorio en la Audiencia Nacional

José Luis Rodríguez Zapatero se apresuró a publicar un vídeo tras conocer este martes su imputación en el caso Plus Ultra por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental. El expresidente quiso “reafirmar con total firmeza” que no intervino en el rescate de la aerolínea y que ha desarrollado su actividad profesional privada dentro del marco legal, declarando todos sus ingresos a través del IRPF. Manifestó su “disposición a colaborar con la Justicia” y concluyó anunciando que “en los próximos días” atendería a los medios de comunicación. Cuando articuló estas declaraciones, aún no se habían difundido las 85 páginas del auto del juez José Luis Calama, que primero modificaron la postura y el tono de los aliados de Pedro Sánchez y después del propio investigado.

Este jueves, la Audiencia Nacional avanzó en las diligencias y ordenó congelar las cuentas bancarias donde Rodríguez Zapatero recibió alrededor de 490.000 euros procedentes de la consultora investigada por Calama. Quienes antes hablaban de lawfare y culpaban a la derecha y extrema derecha, ahora aguardan al 2 de junio, fecha en que el socialista deberá declarar, así como los resultados de los registros en su despacho y la agencia de sus hijas, que podrían confirmar la hipótesis del instructor, situando al expresidente en el “vértice” de la presunta red internacional de influencias. El auto describe maniobras para ocultar fondos, facturas falsas de 50.000 euros, la existencia de una sociedad offshore en Dubái y órdenes para eliminar la palabra “comisión”.

No era un secreto a qué se ha dedicado Rodríguez Zapatero en este período. En diversas entrevistas ha detallado su labor como consultor y reconocido haber recibido cuantiosas sumas, justificadas por sus conocimientos y contactos adquiridos durante su mandato. En este sentido, la normativa es precisa respecto a los privilegios de los expresidentes, pero vaga en cuanto a sus obligaciones o en delimitar el límite entre lobby y tráfico de influencias. El Estado destina cerca de 75.000 euros anuales a quienes ocuparon Moncloa, además de permitirles ser miembros vitalicios del Consejo de Estado, con una remuneración de 103.000 euros. Cuentan con funcionarios a su servicio, coche oficial, escoltas proporcionados por Interior y apoyo diplomático en sus viajes internacionales.

El juez instructor, José Luis Calama, adopta esta nueva medida tras la imputación del expresidente del Gobierno el pasado martes.

La acusación solicitará prisión

Actividades que Rodríguez Zapatero podía realizar con normalidad frente a un micrófono se han convertido ahora en objeto de investigación y podrían acarrear serias consecuencias. Según informa RTVE, la próxima vez que sea visto será el 2 de junio, aunque esto aún no es definitivo. En las últimas horas, se ha observado al abogado del expresidente entrando y saliendo de su domicilio, preparando la defensa. Ya no contemplan someterse a las preguntas de los periodistas, como se comprometió en el vídeo del martes, según la radiotelevisión pública. Además, el letrado y su cliente consideran solicitar un aplazamiento de la declaración para prepararla mejor, aunque esto no garantiza que se conceda. La acusación popular, Iustitia Europa, pedirá formalmente prisión provisional por un “alto” riesgo de fuga.

Actualmente, el mayor respaldo de Rodríguez Zapatero llega de Pedro Sánchez. El presidente le apoyó antes y después del auto, llegando a protagonizar un enfrentamiento tenso con Alberto Núñez Feijóo en el Congreso de los Diputados este miércoles. “Al gobierno se llega con votos, no con atajos”, acusó al líder de la oposición, insinuando que la imputación sería una operación política del PP. “Toda la colaboración con la Justicia, todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero”, afirmó Sánchez, respaldándose en la guerra de Irak, el 11M y el fin de ETA para criticar a su adversario y defender a su referente. Mientras tanto, Moncloa intenta contener a los socios, para quienes el caso “se presenta delicado”.