Ferraz argumenta que se trata de un inmueble puesto a disposición de todos los ex presidentes, aunque hasta ahora solo lo utilizaba el actual imputado.
La oficina ubicada en la primera planta del número 35 de Ferraz, que este martes fue registrada por agentes de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), pertenece al PSOE, partido que tiene su sede central justo frente a esta calle madrileña. Fuentes socialistas aclaran que esta oficina está destinada para el uso exclusivo de los ex presidentes del Gobierno y que, bajo esta condición, es empleada por José Luis Rodríguez Zapatero.
En un auto de 85 páginas, el juez José Luis Calama de la Audiencia Nacional, encargado de investigar el rescate de Plus Ultra, señala este despacho como el «centro de coordinación de la red» supuestamente corrupta. Según la resolución conocida este martes, el magistrado sostiene que desde allí se «imparten instrucciones», «se redactan documentos», «se gestionan comunicaciones sensibles» y «se organiza la operación financiera y societaria».
De acuerdo con la nota simple del Registro de la Propiedad -a la que ha tenido acceso este medio- el espacio cuenta con una superficie de 181 metros cuadrados y consta de varias habitaciones y dependencias. Se encuentra en la planta primera del edificio, a la izquierda al subir la escalera de la finca.
El PSOE adquirió dicha propiedad en 1991, cinco años antes de que Felipe González abandonara La Moncloa. Aunque está destinada a todos los ex presidentes, en la actualidad solo Zapatero la utiliza, a quien el juez identifica como el «vértice» de la red corrupta y resalta su «liderazgo estratégico».
Suspensión de militancia
Desde la dirección del PSOE indican que, conforme a los estatutos del partido, Zapatero no debe ser suspendido de militancia de manera «automática». Esta medida solo sería necesaria si se abriera juicio oral en el caso en el que está imputado por presunto tráfico de influencias.
Por otra parte, en Ferraz comentan que, por ahora, no se contempla la apertura de un expediente informativo contra el ex presidente, a diferencia de lo ocurrido con José Luis Ábalos, a quien se solicitó la renuncia al escaño tras la detención de quien fue su mano derecha, Koldo García, por presunta corrupción, aunque en ese momento no existía ningún «reproche penal» contra el ex ministro. «Se irá valorando», concluyen.