Sumar sugiere que se trata de un posible caso de ‘lawfare’ y plantea «dudas» acerca del proceder de los jueces
Sorpresa y consternación. Tras asimilar la noticia, la dirección del PSOE ha transmitido un mensaje de «calma» frente a la imputación del ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por presunto blanqueo de capitales en el caso Plus Ultra, solicitando «respeto hacia la Justicia y defensa de la presunción de inocencia».
«José Luis Rodríguez Zapatero ocupó la presidencia del Gobierno durante dos legislaturas definidas por un ambicioso plan de expansión de derechos, igualdad y protección social», indicó la secretaria de Organización de los socialistas, Rebeca Torró, en declaraciones enviadas por el partido a los medios de comunicación. «Muchas de esas iniciativas fueron pioneras en Europa y actualmente forman parte del consenso social en España», añadió.
Asimismo, destacó que «la derecha y la ultraderecha nunca le han perdonado dichos avances». Enmarcó esta imputación con la frase de José María Aznar «el que pueda hacer, que haga», la cual, según señaló, ha sido «llevada a su extremo máximo», sugiriendo implícitamente que el ex jefe del Ejecutivo es otra víctima de la campaña contra el Gobierno de Pedro Sánchez. La Moncloa cree que esta ofensiva proviene de partidos como PP y Vox, pseudosindicatos como Manos Limpias, medios de comunicación e incluso ciertos jueces que, a su juicio, practican política en lugar de justicia.
Zapatero es uno de los pilares del llamado ‘sanchismo’. Representa uno de los activos fundamentales del Gobierno liderado por Sánchez, como se ha evidenciado en su protagonismo durante diversas campañas electorales y en la defensa de las políticas gubernamentales. Su vínculo más reciente fueron las elecciones en Andalucía; de hecho, fue uno de los motores del PSOE en las generales de 2023.
A diferencia de Felipe González, este ex presidente se ha comprometido profundamente con la defensa del proyecto y la estrategia del actual jefe del Ejecutivo. Existe una gran afinidad y sintonía entre ambos. Es uno de los líderes a los que Sánchez consulta habitualmente para recibir asesoramiento.
De hecho, Zapatero es el principal interlocutor con Carles Puigdemont. Ya ejercía un papel activo como mediador en momentos de bloqueo con Junts cuando gestionaba la relación Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE, quien ahora está siendo investigado por la Justicia. Tras la exclusión de Cerdán, Zapatero asumió completamente la gestión de esta relación. El ex presidente siempre ha respaldado las políticas de Sánchez en Cataluña —defendió los indultos— y la rehabilitación de líderes como Puigdemont.
Sánchez fue informado de la imputación de Zapatero mientras se encontraba en el Palacio de la Zarzuela con el Rey, en el acto de sanción de la reforma del artículo 69.3 de la Constitución, que permitirá a la isla de Formentera elegir un senador propio. Luego se trasladó a La Moncloa para presidir el Consejo de Ministros.
Emiliano García-Page fue el primer dirigente del PSOE en manifestarse tras la imputación. «Me deja atónito», declaró el líder de Castilla-La Mancha durante una entrevista en Onda Cero al conocer la noticia. «Discrepo de muchas cosas con él, pero nunca lo he percibido con ninguna neurosis económica», agregó.
El ex mandatario socialista participó activamente en la campaña electoral en Andalucía, donde protagonizó cuatro actos junto a la candidata a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero. Uno de esos actos —la inauguración— contó también con la presencia de Sánchez, y cerró la campaña con un quinto acto en solitario como cabeza de cartel.
Tras las primeras informaciones que apuntaban a que Zapatero podría haberse beneficiado de una presunta intermediación en la concesión de 53 millones de euros destinados a la aerolínea española con capital venezolano durante la pandemia, el presidente del Ejecutivo reiteró la defensa de «la transparencia total de todos los rescates», subrayando que se realizaron «de acuerdo con la legislación nacional y cumpliendo todos los parámetros y requisitos exigidos por el Tribunal de Cuentas».
«Los rescates, que han sido préstamos a las aerolíneas españolas, son objeto de un debate recurrente, pero el Gobierno de España ha actuado con completa pulcritud en este asunto», insistió Sánchez en diciembre pasado durante una rueda de prensa tras la reunión del Consejo Europeo en Bruselas.
La reacción de Page, al conocer la imputación de Zapatero, fue resaltar que «era capaz de hacer todo lo posible para conseguir votos», pero no mostró interés en enriquecerse económicamente. «Es mi opinión personal, basada en la etapa en que lo conocí, porque las etapas posteriores de los ex dirigentes darían para una enciclopedia sobre lo que ocurre tras la política», aclaró el presidente castellanomanchego, quien reconoció estar consciente de la abundante rumorología que existe sobre muchas personas.
Respecto a una noticia que calificó como «telúrica», añadió: «Espero que se esclarezca por el bien suyo, de su familia y del buen nombre del PSOE. Eso es al menos lo que deseo».
Comparecencia en el Senado
En su comparecencia ante la comisión de investigación en el Senado el pasado marzo sobre el rescate de la aerolínea, Zapatero negó rotundamente haber influido en la concesión de los 53 millones de euros y lamentó que, a raíz de «querellas falsas» que atentaban contra su «honor» y «dignidad», se haya dicho que «cogió a Sánchez por las orejas» para decirle «‘rescata a Plus Ultra'».
No obstante, admitió haber tenido «bastante» relación con Julio Martínez Martínez —también imputado en esta causa—, a quien atribuyó la idea de crear la sociedad Análisis Relevante, de la cual él fue solo «consultor», recibiendo un promedio anual bruto de 70.000 euros «contra factura y declarado como autónomo». «No poseo sociedad alguna ni aquí, ni en Kuala Lumpur ni en ninguna otra parte del mundo», afirmó en su defensa.
Mensajes de apoyo
En un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, se limitó a escribir un «no pararán», enfatizando la tesis de la persecución contra el Ejecutivo de Sánchez.
Por su parte, el ministro de Transportes, Óscar Puente, acusó directamente al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de estar implicado en la presunta operación denunciada por el Gobierno y el partido: «Es tan torpe que nos ha dejado las pruebas para que, si tuviéramos alguna duda, las disipemos todas. Recordemos que la causa del Plus Ultra está bajo secreto de sumario».
«Cansa la política de condena anticipada, insinuaciones y de ‘todo vale’ para desgastar», escribió en sus redes sociales el secretario general del PSOE en Castilla y León. «Sigo creyendo en una política basada en principios, en la presunción de inocencia y en el respeto democrático. Continúo confiando en la honestidad del presidente Zapatero. Por eso, hoy cuenta con mi respaldo», agregó.
También Javier Cendón, secretario general de los socialistas en León, expresó su apoyo a su paisano Zapatero mostrando «respeto absoluto hacia la Justicia y firme defensa de su presunción de inocencia frente a cualquier intento de linchamiento político o mediático». «Su trayectoria al servicio de España es intachable: paz, derechos, convivencia y dignidad democrática. Todo mi respaldo, presidente», manifestó en su cuenta de X.
Sumar se une a la defensa bajo la teoría del ‘lawfare’
Sumar también se suma a la teoría del ‘lawfare’ para respaldar a Zapatero, uno de los referentes políticos externos del Gobierno de coalición y una figura cercana y respetada por Yolanda Díaz. Como socio minoritario del Ejecutivo, expresan la sospecha de que se trata de un caso dirigido para perjudicarle políticamente mediante insinuaciones, manifestando que poseen «dudas» respecto a la imputación del ex presidente debido a cómo «se están comportando» algunos jueces «con ciertos supuestos».
«No creo que a nadie en este país que siga las noticias relacionadas con dirigentes de la izquierda le sorprenda que algunos de nosotros tengamos dudas sobre el origen de la imputación», declaró la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Barbero. Por ello, desafió a los jueces a «aclarar» qué hay detrás de los hechos o, de lo contrario, mantendrán las «sospechas» actuales.
Del mismo modo, el coportavoz de los Comunes en el Congreso, Gerardo Pisarello, enfatizó que «si alguien representa para ciertos sectores del Poder Judicial un enemigo a abatir es el presidente Zapatero». Además, aludió a una «policía patriótica» para sembrar dudas sobre la actuación de la UDEF en la investigación. Para el diputado catalán, es necesario actuar con «prudencia», especialmente porque aún no se conocen la «solidez o debilidad» de los indicios iniciales, aunque dejó claro que «no es la primera vez que algunos jueces actúan con un enfoque político».
Desde Más Madrid, Tesh Sidi hizo un llamado a la «prudencia» y la «sensatez», pero lamentó que los casos que involucran a la izquierda avanzan más rápido que los de la derecha. También defendió la presunción de inocencia, señalando que sectores de la izquierda ya vivieron situaciones similares con Ada Colau o Mónica Oltra, cuyos casos acabaron sin consecuencias, ejemplos que utilizó para lamentar el desgaste sufrido.
En Podemos sostienen que la imputación de Zapatero refleja dos conclusiones: «que la derecha le guarda rencor» al ex presidente y que el Gobierno enfrenta «cada vez más dificultades» al lidiar con múltiples problemas como la «corrupción», la «falta de acción contra la guerra sucia judicial», la vivienda y el rearme. Ione Belarra evitó comparar el caso de Zapatero con un episodio de lawfare, pero destacó que es el primer presidente imputado cuando Rajoy tiene casos de corrupción en su etapa, Aznar es señalado como «criminal de guerra», Felipe González como responsable de los GAL y Adolfo Suárez como «agresor sexual». Su interpretación fue, nuevamente, que la derecha le tiene «muchas ganas» y que el Gobierno enfrenta mayores obstáculos.