Las claves
El juez de la Audiencia Nacional señala a José Luis Rodríguez Zapatero como cabecilla de una red dedicada al tráfico de influencias para facilitar el rescate de Plus Ultra.
La investigación documenta transferencias de hasta dos millones de euros relacionadas con Zapatero, provenientes de Plus Ultra y otras entidades como Gate Center y Thinking Heads.
Conversaciones y documentos evidencian que la red operaba aparentando asesoramiento, mediante facturas ficticias que ocultaban contraprestaciones económicas.
Los directivos de Plus Ultra estaban al tanto de que los pagos dependían directamente del impacto efectivo de la influencia ejercida para conseguir ayudas públicas.
El 11 de diciembre de 2025, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional llevó a cabo una serie de registros en la sede madrileña de Plus Ultra y en las residencias de su presidente, Julio Martínez Sola; su consejero delegado, Roberto Roselli; el venezolano Rodolfo Reyes, accionista de la aerolínea hasta dos meses atrás, y el empresario Julio Martínez Martínez, entre otros.
La enorme cantidad de datos encontrados en sus dispositivos electrónicos, el análisis del entramado empresarial que los vincula y el seguimiento de los pagos iniciados desde el 5 de noviembre de 2020 (solo dos meses tras la solicitud de Plus Ultra para acogerse al Fondo estatal de Ayudas a Empresas Estratégicas) han llevado al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama a identificar al expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero como el «vértice» de una estructura criminal de tráfico de influencias. El «núcleo decisorio y estratégico de la red», según la resolución que le cita a declarar como investigado el próximo 2 de junio.
Además, la UDEF ha contado con los datos obtenidos de un dispositivo móvil perteneciente a Rodolfo Reyes, que estaba en posesión de Homeland Security Investigations (HSI), la oficina de investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, la cual proporcionó la información a las autoridades españolas.
Se ha establecido, de este modo, el origen del caso. El 30 de marzo de 2020, Reyes Rojas conversa con el entonces vicepresidente de Plus Ultra, Martínez Sola, acerca de la necesidad de buscar vías de influencia para obtener ayudas para la compañía. Días antes se había discutido el tema de «tocar a Ábalos», el ministro de Fomento en ese entonces, actualmente a la espera de sentencia por graves delitos de corrupción.
Ese mismo día, luego de dialogar con Martínez Sola, Rodolfo Reyes contacta con Ramón Gordils, alto cargo chavista y exviceministro de Cooperación de Venezuela, y le consulta: «¿Crees que podríamos solicitar ayuda a Zapatero… tema lobby político Plus Ultra Líneas Aéreas. Ayudas públicas y/o financiamiento?».
«Avancen por la vía formal. Y yo buscaré la forma de llegar a ZP«, responde Gordils.
Reyes informa a Martínez Sola: «Escucha lo que me dice un amigo (…) ‘yo busco cómo llegar a ZP'».
Julio Martínez Sola replicó: «Como dice un amigo, vamos a lograrlo aunque tengamos que pagar un poco».
Ese «poco» ascendió a 598.910 euros en pagos directos de Plus Ultra al entramado societario que pertenece a Julio Martínez Martínez, amigo cercano de Zapatero, y pagos indirectos a través de las sociedades instrumentales Calefón Consultores y Summer Wind por 382.602 euros, iniciados cuando la red comenzó a operar para que Plus Ultra consiguiera el rescate.
La UDEF, sin embargo, ha detectado otros pagos al expresidente socialista que elevarían sus ingresos presuntamente ilícitos hasta un total de dos millones, provenientes de Gate Center, un think tank pro-China, y sociedades del grupo de consultoría Thinking Heads.
El juez sostiene que Zapatero lideró «una estructura creada para ejercer influencias ilegales, conseguir decisiones administrativas favorables y ocultar las contraprestaciones económicas mediante contratos ficticios, siendo el principal beneficiario final y supervisor último de la operación», principalmente, aunque no exclusivamente, vinculada a Plus Ultra.
De hecho, Calama menciona, aunque sin detallar aún, que José Luis Rodríguez Zapatero ha tenido «una participación directa en operaciones internacionales de alto valor económico, como las relacionadas con el petcoke [un derivado del petróleo crudo], oro, compraventa de acciones o divisas«.
«Fachada de asesoramiento»
«La actuación de esta red se desarrollaba bajo un aspecto formal de asesoría, representación institucional o consultoría estratégica, mientras ocultaba en realidad una operación orientada a obtener decisiones administrativas favorables a cambio de pagos», indica el instructor.
Para Calama, el papel directivo de Zapatero se deduce de «numerosas evidencias». Entre ellas, conversaciones de los directivos de Plus Ultra refiriéndose a la capacidad de decisión o influencia del expresidente: «nuestro pana Zapatero detrás», «lo tiene Grupo Zapatero desde esta mañana. Ya estaban en ello (dicen)», «zapa es nuestro contacto», «que Zapatero hable con alguien en la SEPI».
Su «posición destacada» se refleja también en la planificación de la actividad de la red. Zapatero envía a Julio Martínez Martínez los archivos Excel con los clientes de Análisis Relevante o da instrucciones para constituir una sociedad en Dubai.
La red está organizada, dice el juez, «con distintas funciones asignadas a cada uno de sus miembros».
Rodríguez Zapatero asume tareas de dirección y supervisión, seguido por Julio Martínez Martínez, quien es considerado «lugarteniente principal y rostro visible».
Julito mantiene el contacto directo con los clientes y ejecuta las instrucciones de José Luis Rodríguez Zapatero.
«OK o aumento el importe»
En un tercer nivel se ubican la secretaria de Zapatero, María Gertrudis Alcázar, y Cristóbal Cano, empleado de Julio Martínez Martínez. Ambos se encargan de brindar cobertura formal y documental a la operación, gestionando la emisión de facturas, los conceptos a consignar y los montos, asegura Calama.
Existen indicios claros de esta operativa. En una ocasión María Gertrudis consulta a Cristóbal acerca de la emisión de una factura por 20.000 euros y considera la posibilidad de emitir una o más facturas, solicitando detalles sobre los conceptos que deben aparecer en ellas.
Cano responde indicando los conceptos del supuesto servicio prestado, el período fiscal al que corresponden las facturas y sus importes. Un mes después el patrón se repite. «Podemos ir acordando los conceptos» de las facturas, dice.
«El presunto prestador del servicio no solo emite la factura, sino que pregunta al receptor si las facturas están ‘ok o si necesito poner más importe’. ‘Con lo que me digas el lunes te envío la firmada'», explica.
Así, se evidencia una operativa de facturación desvinculada de la realidad económica, diseñada únicamente para generar un soporte documental aparente, señala el instructor.
Calama concluye que la emisión de facturas no está vinculada directamente con la realización de servicios, sino que se articula posteriormente mediante la coordinación de los implicados.
Por su parte, los directivos de Plus Ultra son «plenamente conscientes» del funcionamiento de la red y de que la contraprestación económica depende de la efectividad de la influencia. «Ellos cobran si se mueven», dice Reyes a Roselli. «No tenemos problema en pagar a quien mueva los hilos», comentan en otro momento.